Todas las fronteras africanas, trazadas a fuerza de la angurria colonial, son un factor de constantes disputas, ya no solo por las naciones que las comparten, sino por las diferentes etnias que, en muchos casos, han quedado de uno u otro lado de esos trazos, por lo que cualquier conflicto repercute siempre en algún país vecino.
De esta realidad no se han escapado las regiones fronterizas del Chad cercanas a Sudán, envuelto en una guerra civil desde abril del 2023.
Como es obvio, el conflicto está causando daños que, más allá de los muertos, serán muy difíciles de reparar: la exacerbación de los odios étnicos, que dejarán abierta la puerta, que, como ya sucedió en varias oportunidades, darán comienzo, más temprano que tarde, a una nueva guerra.
Aunque, en esta oportunidad, también hay que sumar la destrucción prácticamente total de la infraestructura del país; además de áreas agrícolas que alcanzaban para alimentar a buena parte de los 50 millones de sudaneses. Ciudades absolutamente devastadas; el sistema sanitario aniquilado; alrededor de 15 millones de desplazados internos y otros tres millones que han conseguido escapar fuera del país.
Esta es una síntesis módica de las tragedias que la lucha por el poder entre las Fuerzas Armadas de Sudán (FAS) y el grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) han desatado en estos 19 meses de combates.
Pero esta situación podría verse todavía más agravada, de continuar sobrecargando los campos de refugiados del Chad, el país que más desplazados sudaneses ha recibido, calculados entre 1.200.000 y 1.800.000.
La escasa asistencia de organizaciones internacionales, como Naciones Unidas o la Unión Europea, sumado a que Chad que se encuentra entre los países más pobres del mundo, hace que los campos de refugiados se conviertan en campos de concentración en los que los internos viven al borde del colapso donde, al igual que en Sudán, las tensiones comunitarias entre las diversas tribus y etnias se exacerban, y muy particularmente entre los ferricks (pueblos) árabes y los étnicos negros fur, los masalit y los zaghawa.
En este contexto la situación se agrava, ya que Chad, en un comunicado oficial publicado el viernes 8 de noviembre, responsabiliza a Jartum de financiar y armar a los rebeldes de una de las principales etnias del Chad, los zaghawa, a la que también pertenecen los Déby, y liderada por Ousmane Dillo, hermano menor de Yaya Dillo Djérou, un político opositor al Gobierno asesinado por la inteligencia chadiana en marzo pasado (Ver: Chad, una trama shakespeariana).
Según la declaración del ministro de Asuntos Exteriores, Jartum tolera la presencia del líder rebelde que se encuentra junto a su milicia el Front pour la alternance et la concorde au Tchad (FACT), que opera en la ciudad de el-Fasher, la capital de la provincia de Darfur del Norte (suroeste de Sudán), financiándolo con el objetivo de desestabilizar al Gobierno del presidente Mahamat Idriss Déby.
En febrero de 2008 una ofensiva del FACT, llegada desde Sudán, obligó al expresidente Idriss Déby Itno, padre del actual, a replegarse sobre la capital antes de que, gracias al apoyo de Francia, pudiera neutralizar la avanzada de los rebeldes. El entonces presidente Déby iba a morir en abril del 2021 combatiendo la última rebelión, el FACT, (Ver: Chad, la tormenta perfecta).
A las FACT, que fundamentalmente se ha conformado por desertores del ejército, miembros de la etnia zaghawa, se acaba de incorporar el general Mahamat Nour Abdelkerim, un antiguo rebelde, que volvió a las filas del ejército y en su momento fue nombrado ministro del Interior por el General Idriss Déby. Tras su retiro el año pasado, nuevamente se incorporó a las FACT.
Por su parte, fuentes cercanas del general Abdel Fattah al-Burhan, jefe de las FAS y de hecho presidente de Sudán, han denunciado que, como, ya había pasado anteriormente con el Gobierno de Idriss Déby, su hijo el General Mahamat Déby estaría triangulando armamento financiado por los Emiratos Árabes Unidos (EAU) a las Fuerzas de Apoyo Rápido lideradas por Mohamed Hamdan Dagalo, alias Hemmetti.
Para ejecutar esta operación, Abu-Dabi ha pagado al Gobierno de Chad más de 2.000 millones de dólares. Los aviones emiratíes cargados de armamento llegan al aeropuerto de la ciudad de Amdjarass (provincia de Ennedi Oriental), en el noreste del país, para después cruzarlos a la frontera de Sudán, a unos 125 kilómetros al este.
Esta situación fue denunciada por las FAS ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que como es su costumbre no ha resuelto nada. N´Djamena, por su parte, rechazó las acusaciones.
El pasado primero de noviembre, Jartum volvió a presentar la misma denuncia ante la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, a lo que Chad, una semana después, contestó acusando a Sudán de apoyar a grupos armados para desestabilizar elGgobierno del presidente Déby.
En vista de este conflicto, Sudán ordenó el cierre de la frontera, un gesto vano, ya que es imposible controlar esos 1.400 kilómetros sin impedimentos geográficos, más que la crueldad del desierto.
Del otro lado…
El cruce irregular en la frontera entre Chad y Sudán hace imposible tener el número preciso de refugiados sudaneses que han cruzado la frontera desde el inicio de la guerra civil. Más si se tiene en cuenta que uno de los frentes más virulentos de ese conflicto se encuentra en la región de Darfur, donde las Fuerzas de Apoyo Rápido están intentando una limpieza étnica contra las etnias no árabes.
La mayoría de los refugiados se han localizado en la provincia de Ouaddaï, una de las más pobres de Chad. Con una grave escasez de servicios básicos y, tal como se repite en Sudán, conflictos interétnicos.
La situación tras la llegada de cientos de miles de sudaneses intensificó las crisis precedentes. Por lo tanto, las disputas por la ayuda humanitaria, extremadamente insuficiente, exhibirán tanto las necesidades de los recién llegados como las de los locales, la accesibilidad al agua, la leña con que cocinar y abrigarse. En estos campamentos, la situación de los internos a veces no es diferente de lo que han dejado detrás, con una letrina para 700 personas, lo que ha producido la aparición de distintas enfermedades que amenazan con convertirse en epidemias. A este cuadro se deben sumar robos y la violencia sexual que tantos los guardias como los propios internos ejercen sobre las mujeres y niñas solas.
Este cuadro solo parece empeorar, ya que las condiciones continuarán agravándose, porque la intensificación de los combates, al otro lado de la frontera, hará que más sudaneses continúen llegando en procura de seguridad.
La interrupción del comercio con Sudán ha disparado la inflación en Chad, lo que repercute de inmediato en la profundización de la pobreza, escasez de productos y empleos. A consecuencia de esta novedad, se ha comenzado a observar que los jóvenes chadianos buscan enrolarse en alguno de los bandos sudaneses con la ilusión de un sueldo que les permita mejorar su vida y las de sus familias.
La guerra de Darfur, en la década de 2000, obligó a cerca de medio millón, entre sudaneses y chadianos que vivían en Darfur, a cruzar la frontera e instalarse en campamentos que desde entonces solo se han ampliado, deteriorando la calidad de vida de sus habitantes. La actual guerra provocará una situación similar. Solo en la primera semana de octubre pasado los combates hicieron que otros 20.000 sudaneses ingresaran a Chad, mientras que en la ciudad sudanesa de el-Fasher, sitiada desde hace meses por las FAR, de continuar su avance, podrían obligar al más de un millón de habitante no árabes a precipitarse hacia Chad, a poco más de 300 kilómetros.
Según algunos estudios realizados sobre los refugiados que han llegado a Chad, el noventa por ciento son mujeres solas y niños. La mayoría de ellas son viudas, ya que sus maridos participan de la guerra, reclutados a la fuerza por alguno de los bandos, sin que se sepa si siguen vivos o han sido asesinados a lo largo de su desplazamiento hasta la frontera.
En las provincias de Ennedi Est, Wadi Fira, Ouaddaï y Sila. En Ouaddaï, al este del Chad, la Comisión Nacional para la Acogida y Reintegración de Refugiados y Retornados (CNARR), con el apoyo de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y diferentes ONG internacionales, han establecido una veintena de campamentos, con capacidad para albergar unas 50.000 personas cada uno, lo que representa poco más de la mitad de los refugiados y repatriados que han llegado a la frontera de las viudas para salvar sus vidas o lo que queda de ellas.
Guadi Calvo es escritor y periodista argentino. Analista Internacional especializado en África, Medio Oriente y Asia Central. En Facebook: https://www.facebook.com/lineainternacionalGC
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