Traducción para www.sinpermiso.info: Lucas Antón
Uno por uno, los pobres no resultan demasiada tentadores para los ladrones por razones obvias. Si asaltas a un banquero, puedes encontrarte con una cartera que contenga el equivalente de un mes de alquiler. Si asaltas a un portero, tendrás suerte si te llega para salir en autobús de la escena del delito. Pero tal como señalaba instructivamente el semanario Businessweek en 2007, los pobres en conjunto proporcionan un jugoso objetivo para cualquiera lo bastante depravado como para hacer negocio robándoles.
El truco consiste en robarles con formas que sean sistemáticas, impersonales y casi imposibles de localizar en lo que respecta a sus responsables individuales. Los patronos, por ejemplo, no tienen más que programar sus ordenadores para rebanarles unos cuantos dólares de cada cheque, o pueden pedirles a los trabajadores que vayan a trabajar treinta minutos o más antes de que empiece a contar el reloj.
Los prestamistas, contando a las principales empresas crediticias, así como a los prestamistas del día de paga, han adoptado el papel del tradicional usurero de la esquina, cobrando tasas de interés de locura. Cuando se complementan con intereses de demora (sujetos a su vez a intereses), la tasa de interés efectivo resultante puede llegar a ser tan elevada como de un 600% anual, lo que es perfectamente legal en muchos estados.
No sólo el sector privado se dedica a explotar a los pobres. Las administraciones locales están descubriendo que pueden compensar sus ingresos fiscales en declive gracias a multas, tasas y otros costes impuestos a acusados indigentes, a menudo por delitos cuya ruindad no va más allá de conducir con un carné caducado. Y si eso parece una forma ineficaz de sacar dinero, dado el elevado coste de lo que supone encerrar a la gente, un número creciente de jurisdicciones han empezado a cobrar a los acusados el coste de los tribunales y hasta el precio de ocupar una celda.
Un caso ejemplar de persecución administrativa de la gente en la calle sería el de Edwina Nowlin, un mujer de Michigan sin techo que fue encarcelada en 2009 por no poder pagar 104 dólares mensuales para cubrir los costes de alojamiento y hospedaje del encarcelamiento de su hijo de 16 años. Al recibir un cheque atrasado, pensó que le permitiría pagar la estancia de su hijo en prisión. Por el contrario, se le confiscó para cubrir el coste de su propio encarcelamiento.
Las administraciones se suman a los saqueadores de los pobres
Se podría pensar que los responsables políticos se tomarían mucho interés en las cantidades que se les roba, coacciona o extorsiona a los pobres, pero no constan esfuerzos oficiales por rastrear esas figuras. Por el contrario, tenemos que fijarnos en investigadores independientes, como Kim Bobo, autor de Wage Theft in America [El robo salarial en Norteamérica], que estima que el robo de salarios les rinde a los patronos como mínimo 100.000 millones de dólares al año y posiblemente el doble de esa cifra. Por lo que se refiere a los beneficios que saca la industria de préstamos, Gary Rivlin, que escribió Broke USA: From Pawnshops to Poverty, Inc – How the Working Poor Became Big Business, [Los Estados Unidos en bancarrota: de las casas de empeño a Pobreza S. A: cómo se han convertido los pobres en un gran negocio] afirma que los pobres pagan un recargo efectivo de cerca de 30.000 millones de dólares anuales por los productos financieros que consumen, y más del doble si se incluyen tarjetas de crédito de segunda categoría, préstamos de segunda categoría para comprar coches e hipotecas de segunda categoría.
No se trata, por supuesto de cantidades triviales. Entran en el mismo orden de magnitud de los principales programas públicos para pobres. La administración distribuye cerca de 55.000 millones anuales de dólares, por ejemplo, a través del mayor programa de transferencia de efectivo a los pobres, el Crédito Tributario sobre Ingresos Percibidos [Earned Income Tax Credit]; al mismo tiempo, los patronos están malversando el doble de esa cantidad, si es que no es más, por medio del robo salarial.
Y mientras que la administración cierra por lo general los ojos a los decenas de miles de millones de dólares en intereses exorbitantes que el sector de negocios cobra a los pobres, es llamativamente reacia con las prestaciones públicas a los pobres. La Asistencia Temporal a Familias Necesitadas (Temporary Assistance to Needy Families), por ejemplo, el único programa de bienestar que nos queda a escala nacional, sólo recibe 26.000 millones de dólares anuales en fondos de los estados y federales. Queda la impresión de un sector público totalmente en contradicción consigo mismo: por un lado, ofrece programas que son una red de seguridad para los pobres; por el otro, permite el robo a gran escala por parte del sector privado contra la misma gente a la que supuestamente trata de proteger.
A escala local, sin embargo, la administración opta cada vez más por unirse al saqueo. En 2009, con un año ya de Gran Recesión, empecé a oír quejas de activistas comunitarios sobre umbrales cada vez más agresivos a la hora de hacer cumplir la ley en zonas de bajos ingresos. Tira una colilla y te detendrán por ensuciar; vacíate los bolsillos a petición de un agente de policía en cualquier control de parar y cachear y acabarás esposado por unos restos de marihuana. Cada una de estas infracciones puede tener como resultado una multa, como mínimo, de tres cifras.
Y la cifra de posibles infracciones que suponen cárcel y/o a multas se ha ido multiplicando temerariamente. Por todo el país – de California y Tejas a Pensilvania – condados y municipalidades han ido endureciendo las leyes contra el absentismo escolar y ampliando el cumplimiento de la ley, llegando a veces incluso hasta a esposar niños encontrados en las calles en horario escolar. En la ciudad de Nueva York es ahora delito poner los pies encima de un asiento del metro, aunque el resto del vagón esté vacío, y una mujer de Carolina del Sur pasó seis días en la cárcel cuando no pudo pagar una multa de 480 dólares por el delito de tener el «patio en desorden». Algunas ciudades, – muy recientemente, Houston y Filadelfia – han convertido en delito compartir comida con indigentes en lugares públicos.
Ser pobre no es en sí mismo un delito de momento, pero al menos en un tercio de los estados, tener deudas puede acabar contigo en la cárcel. Si un acreedor como un casero o una empresa de tarjetas de crédito consigue una citación judicial dirigida a ti y no compareces en la fecha prevista en el juzgado, se emite una orden judicial de detención. Y es fácil pasar por alto una citación judicial, que puede haberse enviado a una dirección errónea o, en el caso de un repartidor negligente, que se tire simplemente a la basura – una práctica tan común que el sector tiene incluso una denominación para ello: «servicio de alcantarilla». Siguiendo una secuencia que, según informa la National Public Radio, resulta «cada vez más común», se detiene a una persona por cualquier infracción menor de tráfico – tener un silenciador que hace ruido, digamos, o un piloto del freno roto -, momento en el cual el agente descubre la orden judicial y el involuntario infractor acaba en la cárcel en un abrir y cerrar de ojos.
Las administraciones locales, predadoras
Cada uno de estos delitos, neo-delitos y pseudo-delitos conlleva penas financieras, así como la amenaza de un periodo de cárcel, pero la cantidad de dinero que así se les saca a los pobres resulta endemoniadamente difícil de determinar. Ninguna agencia central rastrea la aplicación de la Ley a escala local, y los registros municipales pueden ser casi deliberadamente superficiales.
De acuerdo con una de las pocas estimaciones recientes a escala nacional, la de la Asociación Nacional de Abogados Criminalistas (National Association of Criminal Defense Lawyers), se cometieron 10,5 millones de faltas en 2006. Nadie se arriesgaría a llevar a cabo una estimación de la pena financiera media de una falta, aunque los expertos a los que he entrevistado afirmaron todos que la cantidad suele estar generalmente en «cientos de dólares». Si tiramos extremadamente por lo bajo, unos 200 dólares por falta, y tenemos en cuenta que el 80-90% de los delitos los cometen personas que son oficialmente indigentes, entonces loas administraciones locales están utilizando el cumplimiento de la Ley para sacarles o intentar sacarles anualmente a los pobres al menos 2.000 millones de dólares anuales.
Y eso no es más que una pequeña fracción de lo que a las administraciones les gustaría recaudar de los pobres. Katherine Beckett, socióloga de la Universidad de Washington, estima que los «padres aprovechados» (y madres) deben 105.000 millones de dólares en pagos atrasados para manutención de los hijos, la mitad de los cuales se adeudan a la administración de los estados como reembolso de pagos anteriores de asistencia social a los niños. Sí, los padres tienen una obligación moral con sus hijos, pero la gran mayoría de quienes deben la manutención de sus hijos son indigentes.
Los intentos de recaudar entre los que ya son pobres pueden ser despiadados y a menudo, se podría pensar, contraproducentes. La mayoría de los estados confiscan los permiso de conducir de la gente que adeuda la manutención de los hijos, con lo que prácticamente garantizan que no podrán trabajar. Michigan acaba de empezar a suspender los permisos de conducir de quienes deben dinero de tickets de aparcamiento. En Las Cruces, Nuevo México, acaba de aprobarse una ley que castiga a la gente que tiene sin pagar multas de tráfico vencidas cortándoles el agua, gas y alcantarillado.
Una vez cae una persona en las garras del sistema de justicia criminal, encontramos el tipo sadismo de payasada familiar a los espectadores de Wipeout [programa televisivo en el que los participantes se someten a pruebas hilarantes e humillantes que suelen acabar con ellos en el barro o en el agua]. Muchos tribunales imponen costas sin determinar si el acusado puede pagarlas o no, y el privilegio de disponer de un plan de pagos también cuesta en si mismo dinero.
En un estudio de de quince estados, el Brennan Center for Justice de la Universidad de Nueva York descubrió que catorce de ellos tenían jurisdicciones que imponen «penas de pobreza» de hasta 300 dólares para aquellos que no pueden pagar sus tasas y multas, más las tasas de demora y «tasas de recaudación» para quienes precisan plazos de pago. Si se impone alguna pena que conlleve un periodo de prisión, también eso cuesta dinero, tal como descubrió la desventurada Edwina Nowlin, y los coste de la libertad bajo palabra y libertad condicional se trasladan cada vez más al infractor..
Las actividades depredadoras de las administraciones municipales le dan un nuevo sentido a esa frase cansina de «el ciclo de la pobreza». La gente pobre tiene bastantes más probabilidades de meterse en líos con la Ley, ya sea porque no paga las multas o porque in
curra en la ira de un acreedor del sector privado como un casero o un hospital..
Una vez se te considera delincuente, ya puedes ir diciéndole adiós a lo que te quede de recursos. No solo te enfrentarás al coste de los tribunales antes mencionado sino que te será difícil volver a conseguir un empleo una vez tengas historial delictivo. Y luego, por supuesto, cuanto más pobre te vuelves, más probabilidades tienes de meterte otra vez en líos con la Ley, haciendo de esto menos un «ciclo» y más un tobogán al infierno. Cuanto más desciendes, más rápido caes, hasta que acabas por último en las calles y te trincan por una falta como orinar en público o dormir en la acera.
Podría proponer toda clase de medidas políticas para frenar la depredación de los pobres. Deberían restablecer los límites a la usura. Habría que tomarse en serio el robo también cuando lo cometen patronos millonarios. No debería meterse a nadie en la cárcel por deudas o sangrarle un dinero al que no tiene posibilidad de acceder. Esto no tiene mucha discusión y debería tener preferencia sobre cualquier cosa que se diga a largo plazo acerca de generar empleo o fortalecer las redes de seguridad.
Antes de que podamos «hacer algo» por los pobres, hay ciertas cosas que tenemos que dejar de hacerles.
Barbara Ehrenreich es autora de varios libros, recientemente ha publicado Bright-Sided: How the Relentless Promotion of Positive Thinking Has Undermined America . Acaba de publicarse la edición del décimo aniversario de su éxito de ventas Nickel and Dimed: On (Not) Getting By in America por Picador Books.