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La Comissió 9 d’Octubre denunció las agresiones durante la manifestación valencianista y de izquierdas de 2017

Condenados 26 ultraderechistas en Valencia por delitos contra los derechos fundamentales

Fuentes: Rebelión [Imagen: Acció Cultural del País Valencià]

La mayor parte de los 28 ultraderechistas procesados en la Audiencia Provincial de Valencia aceptaron -el pasado 14 de febrero- penas de prisión comprendidas entre los 12 y los 24 meses, por las agresiones que perpetraron el 9 de octubre (Día oficial de la Comunidad Valenciana) de 2017 en las calles de Valencia.

Las mencionadas condenas se basan, según el tribunal, en que se considera a los ultras “responsables de un delito contra los derechos fundamentales”; a esta sentencia condenatoria se añaden “multas por varios delitos de lesiones, y órdenes de alejamiento respecto de las entidades de izquierda convocantes de esta marcha (en que se produjeron los ataques)” (agencia Efe, 14 de febrero).

Las víctimas de los individuos de la extrema derecha, en la movilización de 2017, fueron tanto manifestantes como trabajadores de los medios informativos; a la salida del juicio, el pasado 14 de febrero en la Ciudad de la Justicia de Valencia, alguno de los acusados se dirigió a los antifascistas movilizados en  términos de “llorones” y “poco os dimos ese día”; los concentrados en la puerta de la Audiencia clamaban “València será la tomba del feixisme” (Europa Press, 14 febrero).

A la conclusión de la vista oral, el portavoz de la Comissió 9 d’Octubre (coordinadora que ha trabajado con el resto de acusaciones), Toni Gisbert, destacó la “victoria judicial” lograda: “Al reconocimiento de los delitos de odio se suma haber conseguido el precedente de la pena de alejamiento”; el “éxito”, recuerda el portavoz, se ha producido tras seis años de instrucción judicial.

El trabajo conjunto de la Comissió y los abogados de las acusaciones particulares hizo posible la identificación de los 28 procesados, “como responsables de delitos graves: vulneración del derecho fundamental de manifestación; agresiones verbales y físicas y lesiones, y de lesiones a diversos participantes” en la marcha.

La Comissió 9 d’Octubre está integrada por entidades, sindicatos y partidos políticos del País Valenciano; la coordinadora explicó en un comunicado que el acuerdo de conformidad firmado por 26 de los 28 encausados implica el reconocimiento de los delitos y que, en consecuencia, aceptan las penas que demandaron las acusaciones; el juicio, añade la nota informativa, continuará en el caso de los dos individuos disconformes.

Entre las consecuencias del proceso judicial, Gisbert ha resaltado “la expulsión de los acusados del estadio del Valencia Club de Fútbol y la disolución de una peña violenta y protagonista de numerosos incidentes”; el portavoz valoró asimismo que las movilizaciones de los años siguientes –el 9 de octubre -se han desarrollado “con tranquilidad y una importante participación joven”; el miembro de la Comissió recordó la “tradicional impunidad” de la ultraderecha en el País Valenciano.

Canales como La Sexta emitieron las imágenes de la “brutal agresión” del 9 de octubre de 2017; la televisión detalló que una persona recibió una patada en la cara y otra cayó al suelo después que fuera golpeada en las piernas; “grupos de extrema derecha, entre ellos simpatizantes de España 2000, han intentado boicotear la manifestación convocada como año por la Comissió 9 d’Octubre”, añadió la sexta.

En la pieza informativa pueden apreciarse los improperios contra los manifestantes, el cordón de la Policía Nacional antidisturbios, y tanto las bandera de España (con el símbolo de la monarquía o el macho bovino), como la enseña valenciana (con la corona y la franja azul) que llevaban los agresores.

Otros medios, como Televisión Española y la agencia Efe, adjuntaron a la fotografía de la embestida de 2017 la siguiente explicación: “Grupos ultras han reventado la tradicional manifestación nacionalista y de izquierdas que cada 9 de Octubre recorre las calles de Valencia (…)” (los ataques forzaron un cambio en el itinerario de la manifestación).

A partir del relato de “varios testigos”, los dos medios públicos se hicieron eco de cómo “un centenar de ultras”, que reivindicaban la unidad de España, “aislaron” a decenas de manifestantes, que fueron  objeto de amenazas y golpazos.

Pero las acometidas y atentados de la extrema derecha no se limitan a la actualidad; el militante antifascista Guillem Agulló, de 18 años, fue asesinado el 11 de abril de 1993 en el municipio de Montanejos (Castellón), por una banda neonazi; los padres –Guillem Agulló y Carme Salvador-, así como organizaciones de izquierda e independentistas, han denunciado durante años las raíces políticas del crimen; dieron cuenta de los hechos películas como La mort de Guillem (2020), de Carlos Marqués-Marcet, o la novela Guillem (2020), de Núria Cadenes.

 Además en la bibliografía pueden hallarse antecedentes de los hechos juzgados en febrero; así, el ensayo La pesta blava (Ed. 3i4, 1988), de Vicent Bello, caracteriza el blaverismo (por la franja azul –blau– en la bandera regional) como “el modelo valenciano de fascismo (de masas)” desarrollado en la Transición española; una de las particularidades del discurso reside en que la “víctima preferencial es un sujeto endógeno, los catalanistas”; pero también el movimiento blavero atacaba el ecologismo, el feminismo o el antimilitarismo.

En 2011 Vicent Flor publicó Noves glòries a Espanya. Anticatalanisme i identitat valenciana (Ed. Afers);  “pese a contar con ciertas elites entre la alta burguesía, los dirigentes franquistas y la intelectualidad local, (el blaverismo) ha sido -sobre todo entre los simpatizantes  también en parte entre los militantes- un fenómeno de clases medias tradicionales, de la pequeña burguesía conservadora y, en concreto, de pequeños tenderos, artesanos y labradores enriquecidos con  la exportación de la  naranja”.

El blaverismo podría definirse como una reacción conservadora, populista y anticatalanista, protagonizada  por sectores que  -en los años 70- se percibían amenazados por la industrialización; a estos rasgos, subrayados por Flor, el  periodista y sociólogo Francesc Viadel  destaca ejemplos de violencia blavera, como el atentado (dos bombas de fabricación casera) que estallaron el 11 de septiembre de 1981 en el domicilio del intelectual Joan Fuster (“No mos fareu catalans”. Història inacabada del blaverisme, Ed. Universitat de València, 2009).    

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.