Tras las rejas, lejos de miradas indiscretas, los últimos condenados a muerte en Guinea aguardan el desenlace de su destino en una celda perdida en la montaña y casi sin muebles. La última vez que esta nación de África occidental ordenó ejecuciones fue en 2001. El traficante de diamantes Malick Condé, de 26 años, y […]
Tras las rejas, lejos de miradas indiscretas, los últimos condenados a muerte en Guinea aguardan el desenlace de su destino en una celda perdida en la montaña y casi sin muebles. La última vez que esta nación de África occidental ordenó ejecuciones fue en 2001.
Condé y Lamah fueron condenados por haber asesinado salvajemente al comerciante de diamantes Mohamed Touré, en 2000 en Conakry.
Después de estrangularlo y atarlo de pies y manos, le rompieron el cuello y una pierna y lo metieron en una caja para robarle unas 20 piedras preciosas.
Lamah, ex miembro de una organización criminal, se hizo amigo de Condé y se transformó en su protector. Ambos fueron detenidos en octubre de 2000 y sentenciados a muerte en agosto de 2005.
El tribunal penal de Conakry dictó igual condena máxima a otros nueve hombres este año por haber degollado a un líder barrial de la capital. Sus celdas son lúgubres y tienen por todo mobiliario dos bancos de madera.
Es imposible saber con exactitud qué sucede en las silenciosas celdas de Kindia, en lo alto de la montaña. Quizá sus ocupantes aún albergan alguna esperanza de salir con vida algún día.
La pena capital adoptada nuevamente en 1984 sólo se hizo efectiva una vez, en 2001, cuando fueron ejecutados siete delincuentes.
Habían sido condenados seis años antes por el tribunal penal de Conakry y ejecutados por un pelotón de fusilamiento en Kindia tras haber sido despertados abruptamente en medio de la noche.
La decisión de «reactivar la pena de muerte» fue tomada por el entonces ministro de Justicia, Abou Camara, quien pretendió poner fin al clima de inseguridad reinante en Guinea, en el marco de los ataques de los rebeldes procedentes principalmente de la vecina Liberia, en 2000, con un flujo descontrolado de armamento bélico.
En la actualidad, tanto defensores de los derechos humanos como presos creen que la presión social puede llevar a que se cumpla con las penas máximas impuestas.
En su última gira por el país realizada en noviembre, antes de morir, el ministro de Seguridad, Ibrahima Dieng, exhortó a que la ejecución de los condenados a muerte fuera más expeditiva. Por su parte, el gobierno no objetó sus comentarios.
Un ejemplo del reclamo que hace la población de la pena capital quedó patente en julio, cuando unos 15 sospechosos de asesinato fueron quemados y rociados con ácido en la septentrional ciudad de Nzérékoré.
«En la primera República (1958-1984) se utilizó, a veces por motivos políticos, la horca como castigo ejemplarizante. La gente cree erróneamente que la pena de muerte es un elemento de disuasión, pero todos los estudios demuestran lo contrario», explicó el profesor de sociología de la Universidad de Conakry Alpha Amadou Bano Barry.
«Estamos aplicando malas soluciones a un problema real. Para erradicar la delincuencia en forma efectiva es necesario combatir la pobreza y el desempleo para poder ofrecer a todos las necesidades básicas a las que tienen derecho», enfatizó Barry.
El hecho de que más de 80 por ciento de los ocho millones de guineanos profesen la religión musulmana hace que la pena de muerte sea más aceptada.
Además, abogados de derechos humanos sostienen que el gobierno primero debe probar que puede ser justo, antes de aplicar el castigo extremo.
«La pena de muerte sólo tiene sentido si el sistema judicial respeta todas las normas que rigen los procesos penales. Ese no es el caso de Guinea», dijo a IPS el experto en asuntos jurídicos Youssouf Sylla.
El presidente de la Organización de Derechos Humanos de Guinea, Thierno Maadjou Sow, alertó sobre la permanencia de las prácticas de tortura en dependencias del ejército y de la policía.
Todos los ejecutados en 2001 expresaron su profundo remordimiento cuando fueron visitados en la prisión de Kindia por miembros de esa organización, reveló Sow.
Los siete hombres «tenían tanto miedo de ser ejecutados y reflexionaron tanto sobre los delitos que cometieron, que estoy convencido de que si se les hubiera dado otra oportunidad habrían podido ser recuperados», añadió.
«Malick Condé dice que le cuesta dormir cuando se acuerda de esos presos. De noche tiene mucho miedo», dijo a IPS su abogado Paul Youmba Kourouma.
Según él, Condé fue condenado por error.
«Estoy a favor de la pena de muerte porque creo que hay delitos que son tan serios que ese es el único castigo. Pero no comparto la sentencia dictada contra Malick porque la verdad del asunto nunca salió a la luz», indicó.
«Incluso el médico forense reconoció ante el tribunal que Touré fue asesinado por un especialista en técnicas de combate, lo que se ajusta totalmente al perfil de Cleophace Lamah», reveló Kourouma.
«Si la Corte Suprema de Justicia rechaza nuestra apelación, la única salvación será la gracia presidencial», añadió.
Lamah fue defendido por abogados de oficio, pero durante el proceso, y dado que en el asesinato de Touré se utilizaron técnicas militares, la opinión unánime fue que, de hecho, él era el asesino.
De todas formas trató de involucrar a Condé como coautor del delito.
Luego también se probó en el juicio que Lamah había tratado de envenenar a Condé, detenido antes que él, cuando estaba en prisión.
Además, Kourouma acusa al gobierno de maltratar duramente a los presos.
Condé y Lamah fueron trasladados con las manos atados con firmeza a la espalda en el viaje de 135 kilómetros que los llevó a Kindia tras recibir la condena a muerte, indicó.
«Ese trato los dejó sin poder usar los miembros superiores durante dos meses. Eso es muy grave», denunció el abogado.