Después de que Edward Snowden revelara vasta documentación sobre el programa de espionaje masivo de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA, según sus siglas en inglés) tuvieron lugar dos audiencias públicas sobre este tema en el Congreso. En la primera audiencia, el 18 de junio pasado, primó un ambiente colegiado, de preguntas y respuestas superficiales, […]
Después de que Edward Snowden revelara vasta documentación sobre el programa de espionaje masivo de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA, según sus siglas en inglés) tuvieron lugar dos audiencias públicas sobre este tema en el Congreso. En la primera audiencia, el 18 de junio pasado, primó un ambiente colegiado, de preguntas y respuestas superficiales, sin ningún tipo de cuestionamiento profundo al programa de espionaje.
A diferencia de esa primera sesión, un mes después, en la segunda audiencia del miércoles 17 de julio, el ambiente fue tenso. Varios legisladores mostraron desacuerdo, y hasta ira, frente al alcance casi ilimitado del programa de vigilancia de la NSA.
Ante las preguntas de los legisladores, funcionarios de la NSA y del Ministerio de Justicia reconocieron que la magnitud de la vigilancia gubernamental es exponencialmente superior a lo admitido anteriormente. Los funcionarios de seguridad nacional reconocieron que además de la vigilancia de primer grado (hop, según el término técnico usado en inglés), implementan investigaciones de segundo y tercer grado. John C. Inglis, el Asistente del Director de la NSA, explicó que además de investigar al sospechoso de terrorismo (primer grado) se investiga a personas a las que el sospechoso les envió mensajes (segundo grado) y a personas a las cuales dichas personas, a su vez, enviaron mensajes (tercer grado).
Legisladores de ambos partidos afirmaron que la recolección masiva de llamados telefónicos realizada por la NSA es una infracción a la Sección 215 del Acta Patriota (Patriot Act), que regula la vigilancia antiterrorista.
Según el representante de Michigan John Conyers, el demócrata de más alto rango en el Congreso: «Jamás, en ningún momento del debate, hemos aprobado este tipo de vigilancia indiscriminada y sin control de los ciudadanos de EE.UU. que ha implementado nuestro gobierno en nombre de la lucha antiterrorista. La sección 215 autoriza al gobierno a obtener determinados registros telefónicos con la condición de que pueda demostrar ante el tribunal FISA que dichos registros son relevantes en una investigación de seguridad nacional. Si el gobierno no puede proveer una explicación pública y clara de cómo encaja este programa de manera coherente dentro de los estatutos, deberá cancelar la recolección de información de manera inmediata. En mi opinión, este asunto de meta-datos se les ha ido de las manos, incluso considerando la seriedad del problema que lo rodea y que lo ha generado».
El congresista republicano de Wisconsin Jim Sensebrenner, autor del Acta Patriota dijo: «A menos de que se den cuenta de que hay un problema, no será renovada la sección referente a la recolección de datos. Las cosas tienen que cambiar, y ustedes tienen que cambiar el modo de operar… si no lo hacen perderán la sección». Sensebrenner también dijo que la recolección de llamados telefónicos «representa una burla a los límites establecidos por el Acta Patriota».
Resulta interesante cotejar los recientes cuestionamientos de los congresistas a la ilegalidad del espionaje electrónico masivo de la NSA con lo denunciado por Edward Snowden. Comparemos frases. La frase del congresista Ted Poe en la audiencia pública sobre la NSA: «Espero que como Congreso logremos poner un freno a la idea de que está bien lastimar el espíritu de la Constitución en nombre de la seguridad nacional». La frase de Snowden ante organismos de derechos humanos en un pasillo del aeropuerto de Moscú: «el espionaje masivo es una grave violación de la ley; de la cuarta y quinta Enmiendas a la Constitución de EE.UU. […] Ante la ilegalidad de estos programas, el gobierno de mi país sostiene que los dictámenes de tribunales secretos legitimizan las actividades ilegales. Esos dictámenes simplemente corrompen la noción más básica de justicia: que debe haber transparencia en el accionar público». [1]
Un interesante punto de coincidencia, sobretodo porque mientras el congresista goza de los privilegios de su estatus de legislador en Washington, el joven ex analista de inteligencia es perseguido por haber revelado el espionaje indiscriminado del programa Prism.
Ahora bien, si las filtraciones de Snowden revelaron una infracción constitucional, como lo admitieron varios congresistas estadounidenses, quedaría justificado el deber cívico de denunciar -en aras del bien público- dicha ilegalidad. ¿Cómo se entendería entonces la complicidad, o el silencio en el mejor de los casos, del Congreso frente a la persecución de que es objeto Snowden?
Quizás la explicación resida en que la «indignación» de los legisladores responde a la necesidad de reacomodarse frente al cambio producido en la opinión pública estadounidense en el último mes con respecto a Snowden. Según las últimas encuestas del mes de julio, hay más estadounidenses que piensan que las revelaciones de Snowden no son las acciones de un «traidor» sino las de un ciudadano moralmente indignado ante los abusos del gobierno [2] . Ante este cambio en la opinión pública los «representantes del pueblo» tuvieron que hacer ajustes y poner matices en una postura que inicialmente fue de apoyo total y descarado al espionaje masivo de los ciudadanos por parte del gobierno de EE.UU.
[1] Declaración de Edward Snowden ante grupos de derechos humanos en e aeropuerto de Sheremetyevo (traducción al castellano de la autora): http://wikileaks.org/Statement-by-Edward-Snowden-to.html
[2] Veánse las siguientes encuestas:
Encuesta de Quinnipiac University: http://www.quinnipiac.edu/institutes-and-centers/polling-institute/national/release-detail?ReleaseID=1919
Encuesta de Reuter/Ipso- http://www.reuters.com/article/2013/06/12/us-usa-security-poll-idUSBRE95B1AF20130612.
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