En la trama de corrupción «Operación Marea» están implicados, de momento, el ex Consejero de Educación Riopedre, en libertad condicional con fianza; dos altos cargos de la Administración están en la cárcel y dos empresarios en libertad condicional con fianza. La investigación continúa y otras empresas parece que están afectadas, lo mismo que otros cargos […]
En la trama de corrupción «Operación Marea» están implicados, de momento, el ex Consejero de Educación Riopedre, en libertad condicional con fianza; dos altos cargos de la Administración están en la cárcel y dos empresarios en libertad condicional con fianza. La investigación continúa y otras empresas parece que están afectadas, lo mismo que otros cargos de la Administración.
IU es y forma parte del Gobierno de Asturias y ello lo es con todas las consecuencias. Los acuerdos y las decisiones del Gobierno vinculan a todos los que forman parte del mismo y mucho más cuando ha sido precedido por un acuerdo firmado para toda la legislatura. Este acuerdo está en vigor, no ha sido denunciado, ni siquiera a diez días de finalizar la legislatura. Lo mismo se puede decir de la alianza del Bloque por Asturies que durante casi dos legislaturas también estuvo en el Gobierno, aunque recientemente hayan dimitido.
Así es que o se está en el Gobierno y se responsabilizan y asumen las decisiones que se toman o se van a la oposición. Pero no puede haber oposición cuando media un pacto de Gobierno y se forma parte de él.
Tanto IU como el BA son responsables, políticamente al menos, de la trama de corrupción que ahora afecta a la Administración del Gobierno asturiano. No se trata de ningún hecho aislado o de un acto delictivo concreto o generalizado, sino de la política seguida que es la que ha propiciado que 323 empresas sean propiedad de funcionarios o de sus familiares. Es decir, el Gobierno realiza contratos o subvenciona a 130 empresas propiedad de funcionarios y, por otra parte, también tiene relación con otras 193 empresas que son propiedad de funcionarios o de familiares. En estas condiciones el control sobre la valoración de los contratos y sobre las adjudicaciones no solamente queda viciado necesariamente sino que es inadmisible desde cualquier punto de vista.
Es el Gobierno asturiano, PSOE-IU (y el BA hasta hace poco) y el parlamento en donde se han de fijar las incompatibilidades y los controles necesarios para evitar cualquier posibilidad de corrupción, disponer de información privilegiada o de cualquier trato de favor.
Pero todavía cabe añadir que los cientos de cargos de confianza nombrados a dedo por el Gobierno del PSOE-IU-BA, contribuyen a que la imparcialidad de las decisiones y la valoración de las adjudicaciones pueda estar más viciada todavía de lo que ahora ha resultado estar. Sin olvidar las sentencias dictadas por los distintos tribunales anulando varios de estos nombramientos.
Las responsabilidades penales están siento instruidas en el juzgado, pero las responsabilidades políticas son inmediatas aunque, hasta el momento, parece que aquí no pasa nada y nadie sabe nada.
Sólo pasa y se sabe, que en Asturias hay más de 80.000 parados y que la precariedad y los recortes sociales sigue creciendo. Mientras, la campaña electoral sigue triunfalmente.
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