Barack Obama no llegará a cerrar la cárcel de Guantánamo en enero, como había prometido, pero se está apurando para poder hacerlo antes que termine el 2010. Ayer la Casa Blanca anunció que comprará y reacondicionará una cárcel estadual en Illinois, cuna política de Obama, para hospedar a un número aún no definido de prisioneros […]
Barack Obama no llegará a cerrar la cárcel de Guantánamo en enero, como había prometido, pero se está apurando para poder hacerlo antes que termine el 2010. Ayer la Casa Blanca anunció que comprará y reacondicionará una cárcel estadual en Illinois, cuna política de Obama, para hospedar a un número aún no definido de prisioneros de la cuestionada base norteamericana en la isla de Cuba. El Centro Correccional Thomson actualmente tiene 200 reclusos, todos de mínima seguridad. Sin embargo, el gobierno federal prometió agregar más controles para poder convertirla, en seis meses, en una supermax, una cárcel todavía más hermética que una de máxima seguridad. Obama quiere avanzar, pero aún debe sortear algunos obstáculos, entre ellos la ley que aprobó el Congreso estadounidense que sólo autoriza la entrada al país de los detenidos de Guantánamo para que sean juzgados.
No hace mucho el fiscal general, Eric Holder, había anunciado al mundo que el gobierno norteamericano juzgaría a algunos de los detenidos en la base de Guantánamo en las cortes federales del estado de Nueva York. La noticia provocó la indignación de la oposición y de más de un demócrata conservador, que advirtieron sobre posibles atentados. Pero el cuestionamiento más fuerte que realizaron los detractores del plan de la Casa Blanca fue si existía alguna prisión lo suficientemente segura para albergar a algunos de los máximos dirigentes de Al Qaida.
Según publicó El País, Obama barajó cuatro opciones durante unos meses, todas prisiones de máxima seguridad. El edificio no sólo debía cumplir con los controles más estrictos, sino que deberá tener espacio para hospedar a decenas de reclusos. Después de varias liberaciones y extradiciones a países amigos, hay 210 detenidos en Guantánamo, 116 de los cuales no viajarán a Estados Unidos, según ya adelantó el secretario de Defensa. Su destino será volver a sus países de origen a cumplir el resto de sus condenas, o ser liberados de forma definitiva.
Los restantes 94 reclusos serán trasladados a territorio norteamericano. Según adelantó ayer el diario The Chicago Tribune, como mínimo 35 irían al Centro Correccional Thomson, la cárcel que el gobierno federal comprará y refaccionará. El edificio, protegido por un muro exterior de cuatro metros y uno interior de tres, se encuentra a unos 250 kilómetros de Chicago, la capital de Illinois, a la vera del río Mississipi. Está apenas a las afueras de Thomson, un pequeño pueblo de 450 habitantes.
Mientras en Washington la decisión de destinar una cárcel para los detenidos de Guantánamo generó reacciones encontradas y mucha cautela, en Thomson el Consejo del pueblo estaba feliz. Su preocupación no era la seguridad sino los números. Según los cálculos de Jerry Hebeler, el presidente del Consejo, el traspaso de la prisión podría significar unos tres mil puestos de trabajos y hasta 1100 millones de dólares en impuestos en los próximos cuatro meses.
Pero en la política de Washington la seguridad nacional sigue pesando más. La agencia de noticias Associated Press difundió ayer una carta que envió la secretaria de Seguridad Interior, Janet Napolitano, a los senadores republicanos de la Comisión Judicial, en la que la funcionaria les garantiza que los detenidos extranjeros no se quedarán en el país si son absueltos por las cortes federales norteamericanas. «Los acusados serán tratados como si estuvieran en la frontera, solicitando admisión durante todo el período que permanezcan en el país», aclaró Napolitano.
Sin embargo, los republicanos no se quedaron satisfechos. Ayer Lamar Smith, miembro de la Comisión Judicial de la Cámara baja, advirtió sobre las consecuencias legales que tendría el traslado de prisioneros de Guantánamo. «Una vez en suelo norteamericano, ya sea detenidos en una prisión o a la espera de un juicio, los terroristas pueden pedir derechos adicionales bajo la Constitución, que podrían dificultar a los fiscales obtener una condena», señaló. En otras palabras, contarían con todos los derechos civiles que les fueron negados durante ocho años en la lejana oscuridad de Guantánamo.
http://www.pagina12.com.ar/diario/elmundo/4-137062-2009-12-16.htm