Las innovaciones tecnológicas no cesan. También las hay en otros campos: el personal de las empresas «contratistas» de seguridad que trabajan para el gobierno de EE.UU. en Irak tiene categoría de 007 y puede asesinar sin castigo a la vista. El 16 de septiembre pasado, la muerte de 17 civiles iraquíes (24 resultaron heridos) a […]
Las innovaciones tecnológicas no cesan. También las hay en otros campos: el personal de las empresas «contratistas» de seguridad que trabajan para el gobierno de EE.UU. en Irak tiene categoría de 007 y puede asesinar sin castigo a la vista. El 16 de septiembre pasado, la muerte de 17 civiles iraquíes (24 resultaron heridos) a manos de los «empleados» de Blackwater -una de las más de 180 compañías, sobre todo estadounidenses y británicas, dedicadas a semejante actividad- está poniendo de relieve una variante de la impunidad poco conocida. El Departamento de Estado concierta con aquéllas contratos de cifras millonarias que, además de garantizarles el pago de compensaciones cuando un «trabajador» fallece en el país ocupado, les garantiza que ningún culpable del «uso de fuerza mortal» será por ello procesado. Es notoria la pretensión de la Casa Blanca de que sus efectivos militares nunca aparezcan ante un tribunal extranjero, cualquiera fuere la tropelía que hubieren cometido. La novedad es que esto se ha extendido a civiles a su servicio que, por otra parte, no dependen de ninguna jerarquía militar.
Una «obligación» de los agentes de seguridad asentada en el convenio que firman con Blackwater establece textualmente: «Entiendo además que ninguna de mis declaraciones, ni informaciones, ni evidencias obtenidas en razón de mis declaraciones, pueden ser usadas contra mí en un procedimiento penal, excepto cuando formule consciente y deliberadamente declaraciones o informaciones falsas, en cuyo caso puedo ser juzgado penalmente por esa acción» (CBS, 31-10-07). Tiro libre, entonces. Otras compañías -Titan, CACI International Inc., Erinys, etc.- están abrigadas por el mismo bill de inmunidad.
Hay 180.000 contratados en Irak y su número supera al de las tropas ocupantes, estimado en 165.000. Su misión consiste en vigilar pozos de petróleo contra posibles atentados, convoyes de material, guardar las espaldas de diplomáticos y funcionarios norteamericanos, entre otras tareas de seguridad. Se convirtieron en mercenarios que cobran más que los efectivos regulares estadounidenses, a veces mucho más. No faltan los que tienen experiencia acumulada en la materia. Ex policías, ex militares, ex parapoliciales y ex paramilitares de las dictaduras del Cono Sur, mano de obra hoy desocupada, también se encuentran en sus filas.
El 28 de enero del 2004 explotó en Bagdad una camioneta disfrazada de ambulancia. El periodista Sinfo Fernández Navarro [*] documentó que al menos un muerto y un herido como consecuencia de la voladura habían sido peritos del rubro en Sudáfrica durante el apartheid. El muerto, François Strydom, se dedicaba a asesinar opositores en la frontera con Namibia. El herido, Deon Guows, se especializó en incendiar casas, matar a cuatro personas desarmadas en un coche y también al testigo del hecho, que resultó ser el conductor del automóvil de Mandela (http://www.nodo50.org/csca/agenda2004/iraq/sinfo_31-05-04.html). Están perfectamente capacitados para hacer con los civiles iraquíes lo que el Departamento de Estado permite o quiere que se haga.
Las empresas de este ramo envían armas diversas a sus contratados, que tienen arsenales y helicópteros propios. Se ha denunciado que la Blackwater exportó silenciadores para ellos sin cumplir los trámites necesarios. Es un artefacto que, incluso en EE.UU., es de uso restringido y se destina estrictamente a las fuerzas especiales del ejército para operativos encubiertos o asaltos nocturnos. «Es extremadamente difícil obtener del Departamento de Estado el permiso para exportar silenciadores» (MSNBC, 1-11-07) y teóricamente no son necesarios para la función de escolta. Para otras, sí.
Esta clase de impunidad fue decretada por el gobierno títere iraquí bajo el mando del virrey Paul Bremer III. El 4 de mayo del 2004, dos días antes de terminar su mandato, emitió la Orden 17 que impide que militares ocupantes y civiles de las empresas de seguridad sean juzgados de conformidad con las leyes iraquíes. El escándalo de la matanza que los sicarios de Blackwater llevaron a cabo movió a las autoridades iraquíes a presentar un proyecto que termina con la inmunidad de los contratistas. El tema ha sido fuente constante de tensiones entre W. Bush y Nuri Kamal al-Maliki, primer ministro de Irak, para no hablar de la indignación de sus habitantes ante el nunca penado asesinato de niños y mujeres inocentes. Pero esas víctimas no cuentan.
La Casa Blanca no tuvo más remedio que encargar al FBI la investigación de lo sucedido. Los de Blackwater insisten en que fueron atacados a tiros antes de responder, pero los testigos presenciales afirman lo contrario. Sin embargo: «Altos funcionarios (estadounidenses), que guardaron el anonimato porque la investigación sigue en curso, dijeron que la protección legal otorgada por el Departamento de Estado (a las empresas de seguridad) podría sofocar los procesos judiciales si los investigadores no encuentran otras evidencias en la escena del crimen, sobre la que han pasado seis semanas» (CBS, 31-10-07). Ya se ve.
[*] Error de género: la traductora Sinfo Fernández es miembro del colectivo de Rebelión.