Una gran parte de los menores inmigrantes que llegan a este país vienen con la esperanza de una mejor vida, un lugar en donde puedan cumplir todos sus sueños; sin embargo, al poco tiempo de su estancia se dan cuenta de que no es así. «Veía a España como un paraíso, un sitio en donde […]
Una gran parte de los menores inmigrantes que llegan a este país vienen con la esperanza de una mejor vida, un lugar en donde puedan cumplir todos sus sueños; sin embargo, al poco tiempo de su estancia se dan cuenta de que no es así. «Veía a España como un paraíso, un sitio en donde era mucho más fácil vivir mejor, pero cuando llegué me di cuenta que todo eso era una mentira, que no es tan fácil mantenerse firme, como se piensa», dice Iman, una joven de 18 años de origen marroquí, que llegó a España hace 12 años.
Cuando Iman tenía seis años su madre decidió venirse a España para reunirse con su esposo, pero al llegar, la realidad fue otra. El padre de Iman ya se había vuelto a casar.
A los 11 años decidió fugarse de casa porque ya no aguantaba la situación familiar en la que se encontraba, no quería aceptar la cultura musulmana que su madre intentaba imponerle. «Yo siempre he sido de carácter muy fuerte y no soportaba que mi madre me juzgara, ni mucho menos que me quisiera obligar a casarme con mi primo a los 13 años, entonces fue cuando decidí irme con la ayuda de un amigo», relata.
Sus planes no resultaron como ella esperaba, ya que la ayuda prometida por su hermana nunca llegó y la familia del amigo que la acogió decidió abandonarla por temor a que los denunciaran por tener a una menor indocumentada en su hogar. «Durante ese tiempo pasé noches en las calles, durmiendo en parques o en casas de amigas, hasta que los padres de mi amigo reaccionaron y fueron a buscarme. Solo duré viviendo con ellos hasta los 16 años porqué cometí un error (entré a robar en un centro comercial y me pillaron) entonces fue cuando me llevaron a la casa de primera acogida en Hortaleza», cuenta Iman.
Cuando un menor es retirado de su familia, comete un delito o es un inmigrante no acompañado, se le lleva a una casa de primer acogimiento en la calle Hortaleza, mientras se decide qué hacer con su caso, ya sea colocarlo en una familia, en una residencia o regresarlo con sus padres biológicos (reagrupación familiar).
En el caso de Iman, fue trasladada a una residencia en donde la orientaron y la ayudaron a prepararse para el mundo laboral, pero tuvo que egresar al cumplir la mayoría de edad. «Realmente me he encontrado con la sorpresa de que hay muchos recursos, me ha ayudado mucha gente, el único problema ha sido conseguir los papeles y sin ellos no me era posible trabajar legalmente», dice Iman.
Según los datos proporcionados por el Instituto Madrileño del Menor y la Familia de la Comunidad de Madrid, de los 4.657 menores protegidos por la Comunidad, uno de cada cuatro es de origen inmigrante.
Asimismo, el promedio de menores extranjeros no acompañados atendidos en la red de centros de la Comunidad fue de 350 durante el 2005, por lo menos el 95 por ciento son marroquíes. «Desde aproximadamente 1998 hemos presenciado un crecimiento muy elevado en el número de inmigrantes en España y esto se refleja claramente en los menores acogidos en la Comunidad de Madrid», señala Martín Marrón, vicepresidente de la Comisión de Tutela del Menor.
Añade que de ese 25 por ciento de menores extranjeros, aproximadamente al 80 por ciento se le logra regularizar los documentos de residencia antes de que cumplan la mayoría de edad, pero una vez cumplen los 18 años, la Comunidad de Madrid no puede continuar ayudándolos legalmente. «Para las jóvenes hay más servicios que les facilitan la transición de nuestras residencias a otros hogares, lo que llamamos residencias femeninas, en donde pueden permanecer hasta los 22 años, pero casi no existen este tipo de centros para los varones», señala.
La Merced, Casas de Refugiados e Inmigrantes Menores y Jóvenes No Acompañados, es una de las pocas organizaciones que se hace cargo de aquellos menores que cumplen la mayoría de edad pero aún no tienen sus documentos en regla o no tienen empleo, como fue el caso de Abdella, un chico que emigró de Marruecos hace poco más de dos años, a la edad de 16. «Para mi era muy fácil venirme a España porque vivíamos muy cerca del pueblo y era muy pequeñito y cabía en todos lados. Sólo me metí en un camión de carga, entre frutas y verduras, y crucé, aquí vivía un hermano mío que fue el que me trajo a La Merced», cuenta Abdella.
El joven marroquí asegura que la realidad es muy diferente a lo que usualmente se escucha. «Cuando ves a tus amigos que se han venido a España, ves que tienen coches, dinero, andan bien vestidos, pero lo que no sabes es cuánto han tenido que trabajar para conseguirlos e incluso que los siguen pagando», dice.
En el caso de Abdella, al cumplir la mayoría de edad se encontró en la misma situación que muchos jóvenes que tuvieron una preparación laboral o técnica pero no lograron legalizar sus documentos y no encontraron empleo. «Si uno supiera realmente cómo son las cosas aquí, no vendría nadie. No es tan fácil encontrar trabajo o arreglar los papeles, menos cuando cumples la mayoría de edad y eres inmigrante», comenta.
Abdella ha sido contratado por el Fray Pablo Pérez, Director del Programa La Merced, como cocinero, luego como educador, de esta manera tiene un sueldo estable y puede continuar con el trámite de su documentación sin permanecer en el país de manera ilegal.
No todos tienen la misma fortuna. Algunos menores, antes de que cumplan la mayoría de edad, son reagrupados con sus familias en sus respectivos países, algo que no todos ven como positivo. «Desde hace aproximadamente dos años hemos presenciado una oleada de reagrupación masiva, pero es una medida empleada de manera incorrecta», dice Pérez. Agrega que el problema con la reagrupación es que la decisión se toma desde el punto de vista general y no individual, como debería ser.
Javier Urra, Fiscal del Menor y primer Defensor del Pueblo en España, comenta que usualmente estos casos se suelen ver de manera individual, aunque en algunas ocasiones no es así. «La reagrupación de estos menores con sus familias debe ser una decisión tomada caso por caso, pero algunas veces por presiones políticas o porque los centros residenciales estén llenos, no se hace como es debido», dice; y agrega que no tiene lógica invertir en la educación y entrenamiento de estos jóvenes para que luego los regresen a sus países.
«Hay que tener muy en cuenta que legalizar a todos los jóvenes que entran a España supone derechos sanitarios altísimos y es imposible admitir que vengan cientos de menores, es necesario ponerle un límite al acogimiento», asegura.
Martín Marrón coincide en que no es la solución admitir a todos los jóvenes que vienen a este país porque fomenta la inmigración ilegal, pero que es imprescindible tomar decisiones que solucionen el problema.
«Es necesario crear e implementar políticas infantiles que se enfoquen hacia las familias, por una parte en el lugar de origen y por otra, asistencia social a las familias inmigrantes que se encuentran aquí y en el sistema educativo», dice.
Según los funcionarios de distintas organizaciones que ayudan a los menores acogidos, hace mucha más falta la colaboración y coordinación de todas las instituciones, especialmente entre los países. «Asistencias económicas o sociales en el país de origen es sólo parte de la solución, la razones por las cuales cada uno de estos chicos emigra es muy distinta y compleja», dice Pérez.
De acuerdo a Pérez, aproximadamente el 80 por ciento de menores que son reagrupados regresan a España, sin embargo, en vez de acudir nuevamente a los centros residenciales, se quedan en las calles. «Considero que éste es uno de los problemas más graves dentro del sistema, estos jóvenes confían plenamente en nosotros, pero no les podemos garantizar que se vayan a poder quedar aquí y que no vayan a tener que regresar a sus países».
Según relatan Abdella y Pérez, hace un año y medio la Brigada Provincial de Extranjería fue a la casa de La Merced a las seis de la mañana a por un chico para reagruparlo con su familia sin haberle notificado esta decisión.
«Estaban todos los chicos dormidos, yo iba saliendo de la casa para ir a mi taller, cuando muchos policías tocaron la puerta y dijeron que iban por el chico, todos nos asustamos mucho, algunos intentaron salir corriendo, otro se tiró por la ventana y otro se peleó con la policía», cuenta Abdella. «Cuando regresé del taller a la hora de la comida todos estaban llorando porque se lo habían llevado, nadie sabía por qué».
De acuerdo al Fray así sucede muy a menudo, especialmente en lo que va del año. Es algo que está sucediendo en muchos centros de acogimiento por diversas razones y rara vez notifican a los tutores de los menores sobre el procedimiento. «Esto es algo gravísimo porque cambia drásticamente la vida de estos menores, tanto a los que se llevan como a los que lo presencian, jamás vuelven a ser los mismos, es un daño físico y moral», añade Pérez.
«Yo comprendo que regresen a sus países a aquellos que son delincuentes, que no estudian, que únicamente ocasionan problemas, pero a nosotros que nos estamos buscando la vida trabajando para ayudar a nuestras familias o para salir adelante, nos joden el futuro, no es justo», señala Abdella.
Existen organizaciones como JUNCO en dónde ayudan a los menores a buscar empleo y a prepararse para el mundo laboral, pero surge el mismo problema cuando son extranjeros y están a punto de cumplir la mayoría de edad. «La mayor crisis de estos jóvenes es cuando cumplen la mayoría de edad y no tienen ni papeles ni empleo, intentamos seguir ayudándolos remitiéndolos a otros servicios o darle un seguimiento a sus casos, pero legalmente nuestra ayuda termina una vez cumplidos los 18 años», informa Ildefonso Perojo, socio de la cooperativa Opción Tres. De los 52 menores inmigrantes en el programa de formación y búsqueda de empleo de JUNCO, sólo siete están trabajando y 27 están sin documentación.
«Estos jóvenes tienen muy cerradas las posibilidades cuando no tienen papeles, es difícil convencer al empleador de que contrate a un chico que va a tener que seguir un procedimiento y ofrecerle un contrato fijo para poder tramitar sus documentos, pero seguimos luchando en contra de eso y asistiendo a las compañías lo más que podemos con los trámites», dice.
Iman aconseja a otros menores que tomen ventaja de lo que se les ofrece. «Lo único que les puedo decir a otros jóvenes como yo es que pidan ayuda, que utilicen todos los recursos disponibles y sobre todo que los aprovechen mientras puedan, para que cuando cumplan la mayoría de edad no queden completamente desamparados».
* Perla Trevizo es periodista estadounidense. Actualmente cursa un máster en una agencia de prensa en Madrid.