8.176.460. Es la cifra de personas víctimas del desplazamiento forzado durante el conflicto armado en Colombia, según el Registro Único de Víctimas (RUV) del Gobierno (a fecha 30 de septiembre de 2021); en febrero la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) informó de que al menos 6.402 colombianos fueron asesinados y presentados como “bajas en combate” por agentes del Estado, principalmente entre 2002 y 2008 (Álvaro Uribe Vélez fue presidente de la República entre 2002 y 2010); el 25% de estos casos -denominados “falsos positivos”- se produjo en el departamento de Antioquia.
Da cuenta de estos hechos Thais Aloma Ruiz Daza, integrante de la Asociación Nacional de Mujeres Colombianas (ASONAM-C), en un acto organizado por el programa de protección València Defensa al que la activista se halla acogida hasta finales de diciembre. El conversatorio, titulado Orriols con las y los defensores de los derechos humanos, tuvo lugar el 14 de octubre en el Centro Municipal de Juventud de este barrio de Valencia.
ASONAM-C se define en las redes sociales como asociación que lucha por los derechos de las mujeres diversas y cuerpos feminizados, “para tejer país desde acciones de paz”. Una de sus iniciativas es la Escuela Nacional Sindical y Política para Mujeres, Feminismo y Género “María Cano”, que promueve junto a la corporación Corpeis y este año ha celebrado la quinta edición. Trabajan por el cumplimiento de los Acuerdos de Paz de 2016 entre el Gobierno y las FARC.
Thais Ruiz Daza es asimismo presidenta del Consejo Consultivo de Mujeres del municipio de Valledupar, en el departamento de Cesar. Ha sido acosada y recibido amenazas por el trabajo de acompañamiento que realiza con las comunidades, y especialmente por la defensa y seguimiento de los Programas de Desarrollo y Enfoque Territorial (PDET).
El pasado 28 de abril comenzó en Colombia un Paro Nacional de varios meses, con manifestaciones masivas y cuyo detonante fue la reforma tributaria del Gobierno derechista de Iván Duque (el antecedente de estas protestas se sitúa en otro Paro Nacional, iniciado en noviembre de 2019).
Un informe publicado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), tras una visita de trabajo en junio, recogió los datos de la ONG Temblores sobre la represión: 4.687 casos de violencia policial entre abril y junio; 73 muertos en el contexto de las protestas, de las que 44 estaban relacionadas –presuntamente- con la acción de agentes del Estado y las restantes (29) en proceso de verificación. También la Campaña Defender la Libertad. Asunto de Todas facilitó información: 1.790 personas heridas (84 de ellas víctimas de lesiones oculares) y 3.274 detenidas.
Sobre la violencia que se vive en el país, Thais Ruiz Daza hace mención a la aparición de jóvenes descuartizados o de personas con los cuerpos hallados en bolsas y en ríos; la CIDH informó el 25 de junio, en las redes sociales, de casos en el municipio de Tuluá (Valle del Cauca); en La Virginia (Risaralda); en el departamento de Antioquía, el municipio de Bello y el río Tuluá; el organismo de la OEA exhortó al Estado colombiano a que desarrollara “políticas públicas que mitiguen las causas estructurales de la violencia”.
En su intervención en el acto de Orriols, la activista se refirió a la gira oficial de tres días que el presidente Iván Duque realizó en septiembre por el estado español; Duque se reunió con el monarca Felipe VI en el Palacio de la Zarzuela; con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Palacio de la Moncloa, y con empresarios para la recepción de inversiones.
Además de firmar diferentes acuerdos con el Gobierno de España –entre otros en materia comercial y de seguridad-, Duque fue distinguido con el Collar de la Orden de Isabel la Católica; organizaciones de derechos humanos -como Amnistía Internacional- criticaron esta decisión gubernamental, detalló una nota de la Agencia Efe (en 2005 el Gobierno del PSOE otorgó la misma condecoración al expresidente Uribe Vélez).
El coordinador de la Guardia Cimarrona en el Consejo Comunitario Afro Renacer del Micay (municipio de El Tambo, departamento del Cauca), Luis Enrique Díaz Caicedo, ha recibido amenazas por parte de grupos armados. El defensor está acogido al programa de Valencia Defensa y ha participado en el acto del barrio de Orriols. Constituido en 2013 integran el Consejo Afro Renacer 2.275 personas en 13 familias, principalmente campesinas. El Consejo forma parte del Proceso de Comunidades Negras (PCN) en Colombia.
Órgano interno del Consejo Comunitario Afro Renacer, la Guardia Cimarrona surgió en 2014 para la defensa de la autonomía y soberanía territorial (el Consejo está formado por 11 veredas), cultural y ambiental; desde los inicios tuvo un relación directa y estuvo influida por la Guardia de San Basilio de Palenque, en el municipio de Bahates (Bolívar). Las guardias cimarronas se despliegan, como autoridad propia, en buena parte de las comunidades negras del Cauca.
Otro miembro de la Guardia Cimarrona y la Junta Directiva del Consejo Afro Renacer, Jesús Arsenio Torres, fue objeto de un atentado con disparos el pasado 2 de octubre, cuando salía de su domicilio. Víctima del desplazamiento forzado en el Corregimiento de San Juan del Micay (El Tambo), el defensor residía desde hace un año en la ciudad de Cali (Valle del Cauca); las amenazas por su trabajo social y organizativo habían aumentado durante los últimos meses.
No se trata de episodios aislados. El 26 de abril de 2020 el PCN emitió la Alerta Comunidades Negras titulada “En normalidad o en cuarentena, la violencia no frena”. La alerta daba cuenta del asesinato de tres líderes comunitarios del Consejo Afro Renacer del Micay, en la vereda de Agua Clarita. Los sujetos armados perpetraron los crímenes en presencia de niños, niñas y jóvenes; el 24 de abril “aterrados por el asesinato se desplazaron forzadamente alrededor de 80 personas, entre ellos había habitantes de las veredas Agua Clarita, Nayita y Zabaletas”, añadía el Proceso negro, que articula a más de 140 organizaciones de base, consejos comunitarios y personas.
A finales de enero de 2020 las autoridades del Consejo Comunitario Afro Renacer exigían en un comunicado al Gobierno de Colombia, las fuerzas del Estado y los grupos armados que respetaran “nuestro derecho a vivir libre y pacíficamente en nuestro territorio y nos permitan ejercer nuestros derechos” a la autonomía y el gobierno propio. De este modo respondían a los hechos acaecidos el 25 de enero en el Consejo Menor de Betania (El Tambo): la acción conjunta del ejército y la Policía Nacional contra el ELN se saldó con una víctima mortal de la población civil, José Antonio Riascos, de la comunidad afro.
Otras denuncias del Consejo Afro Renacer por la amenaza a los derechos fundamentales se produjeron años antes, en noviembre de 2016. Pidieron explicaciones al Ministerio de Defensa por las cuatro bombas arrojadas por un avión del ejército y que alertaron a vecinos del sector de La Soledad (El Tambo). Al bombardeo siguió el desembarco de tropas, y los disparos de la fuerza pública contra la casa donde residían trabajadores de una finca (población mestiza), con un resultado de dos heridos.
Según relataron los vecinos presentes, los hechos “no obedecen a ningún enfrentamiento, ya que nunca hubo disparos desde la casa hacia los militares”, que allanaron e inspeccionaron la vivienda, no presentaron orden judicial y tenían cubiertas las insignias. El comunicado del Consejo Comunitario recogía también la versión del ejército, que se negó a ayudar a los heridos: “Este procedimiento no tenía nada que ver con la presencia de cultivos ilícitos en la zona, sino a la búsqueda de ‘alguien’”.
En la presentación de Luis Díaz Caicedo, València Defensa destaca que las familias campesinas en El Micay han tenido que hacer frente, durante la última década, al problema de los cultivos de uso ilícito y las pugnas por el control de la tierra entre los diferentes grupos armados y narcotraficantes. El defensor añade que se trata de un territorio –en el Occidente colombiano- rico en recursos hídricos y minerales, lo que implica amenazas; entre otras, el proyecto de construcción de la represa Arrieros del Micay.
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