Más de 250 personas que estuvieron detenidas en prisiones que el gobierno de Estados Unidos mantiene en Irak, presentaron una demanda por torturas contra un contratista militar estadounidense, informaron los abogados. La firma CACI International Inc., con sede en Arlington, Virginia, es acusada de dirigir y perpetrar actos de tortura contra 256 personas entre los […]
Más de 250 personas que estuvieron detenidas en prisiones que el gobierno de Estados Unidos mantiene en Irak, presentaron una demanda por torturas contra un contratista militar estadounidense, informaron los abogados.
La firma CACI International Inc., con sede en Arlington, Virginia, es acusada de dirigir y perpetrar actos de tortura contra 256 personas entre los años 2003 y 2004. La contratista militar estadounidense desestimó este miércoles los señalamientos en su contra y, en un comunicado, dijo «rechar» y «negar la totalidad de las acusaciones de los demandantes». La empresa consideró que la nueva acción judicial en su contra (en 2004 una demanda previa fue rechazada por una corte estadounidense), es una nueva versión de un recurso original «infundado».
Sin embargo, los demandantes, que estuvieron en cárceles estadounidenses en Irak y que fueron liberados luego de estar detenidos sin que se presentaran cargos es su contra, aseguran haber sido golpeados en repetidas ocasiones, sodomizados, amenazados con violaciones, encerrados en celdas desnudos, sometidos a electrochoques y atacados por perros, entre otras humillaciones.
La acción judicial además señala como torturadores a dos mercenarios de CACI, Stephen Stefanowski, conocido como Big Steve, y Daniel Johnson, conocido como DJ, quienes precisamente estuvieron involucrados en el escándalo de las torturas contra los detenidos de la prisión de Abu Ghraib, que EEUU mantiene en Irak.
Stefanowski y Johnson, según la demanda, dirigieron al cabo Charles Graner, sentenciado a 10 años de prisión por su papel en el escándalo de Abu Ghraib, y al sargento Ivan Frederick, quien cumple una pena de ocho años de cárcel por los mismos actos de tortura. «Estos contratistas trabajaron en un conspiración con esos militares para torturar gente», dijo Susan Burke, principal abogada del caso. «Y ahora los militares han sido juzgados, pero los hombres de la empresa y la empresa no», fustigó. El escándalo por las torturas del Ejército estadounidense a sus prisioneros en Abu Ghraib se destapó en 2005, cuando salieron a la luz pública fotografías en las que se ve a detenidos golpeados, apilados unos sobre otros desnudos o vestidos con ropa interior femenina ante sus guardias, atados con cables, amenazados con perros y hasta cubiertos de excremento bajo la mirada satisfactoria de agentes militares estadounidense.
La CACI es una de las tantas compañías de seguridad privada que opera en Irak, pero no la única envuelta en escándalos de abuso de poder.
La empresa de mercenarios Blackwater es acusada de más de 200 casos de asesinatos a sangre fría contra civiles inocentes en Irak, el último de ellos, el tiroteo que el 16 de septiembre pasado acabó con la vida de 17 civiles en el país árabe, que EEUU invade desde hace casi cinco años.
La acusación afirma que los detenidos fueron golpeados en repetidas ocasiones, sodomizados, amenazados con violaciones, encerrados en celdas desnudos, sometidos a shock eléctrico y atacados por perros, entre otras humillaciones. La acción judicial también nombra a dos empleados de CACI –Stephen Stefanowski, conocido como Big Steve, y Daniel Johnson, conocido como DJ– acusados de participar en los abusos contra los detenidos de la prisión de Abu Ghraib. Los dos contratistas habrían dirigido al cabo Charles Graner, quien fue sentenciado a 10 años de prisión por su papel en el escándalo de Abu Ghraib, y al sargento Ivan Frederick, quien cumple una pena de ocho años de cárcel, según la demanda presentada. «Estos contratistas trabajaron en un conspiración con esos militares para torturar gente», dijo Susan Burke, principal abogada del caso, a la AFP. «Y ahora los militares han sido juzgados, pero los hombres de la empresa y la empresa no», agregó. La demanda por tortura contra CACI International, se produce en momentos en que la Agencia Central de Inteligencia (CIA) atraviesa por un gran escándalo, luego que destruyera cintas de video con grabaciones de interrogatorios a sospechosos de supuesto terrorismo, en las que se aplicaron métodos de tortura contra los detenidos, como el polémico waterboarding o ahogamiento simulado. El diario The New York Times reveló ayer que al menos cuatro asesores legales de la Casa Blanca hablaron con la Agencia Central de Inteligencia (CIA) sobre la conveniencia de destruir videos que muestran torturas a sospechosos de terrorismo. Las negociaciones, que se habrían producido de 2003 a 2005 y entre cuyos participantes se encontraría el ex fiscal Alberto Gonzales, evitaron un «gran escándalo» al gobierno de George W. Bush porque los videos evidenciaban el uso de tortura durante interrogatorios.
Según fuentes confidenciales citadas por el diario, también tomaron parte David S. Addington (consejero del vicepresidente Dick Cheney), John B. Bellinger III (ex abogado en jefe en el Consejo Nacional de Seguridad) y Harriet E. Miers (consejera jurídica de la Casa Blanca). De confirmarse la versión, la administración Bush quedaría en evidencia de que su participación en este episodio sería mucho mayor que la que ha reconocido hasta ahora.
Hace unas semanas, The New York Times publicó que la CIA destruyó en noviembre de 2005 cintas de video de interrogatorios a dos sospechosos de terrorismo grabadas en 2002, lo que está siendo investigado por el Congreso y el Departamento de Justicia. En ellas aparecerían, según se ha filtrado a la prensa, agentes de la CIA empleando severas técnicas de interrogatorio como el waterboarding o ahogamiento simulado, un método considerado como tortura. Las fuentes citadas por el rotativo señalan que los asesores legales de la Casa Blanca habrían tenido conocimiento de informes previos que chocaban con la tesis de la destrucción.