El archivo judicial de la causa contra los mandos políticos y policiales que ordenaron el desalojo violento de Plaza Catalunya el 27 de mayo ha traicionado las expectativas de una condena pública a la brutalidad oficial. Cambio repentino y sorprendente archivo de la causa judicial por las cargas del 27 de mayo en plaza Catalunya […]
El archivo judicial de la causa contra los mandos políticos y policiales que ordenaron el desalojo violento de Plaza Catalunya el 27 de mayo ha traicionado las expectativas de una condena pública a la brutalidad oficial.
Cambio repentino y sorprendente archivo de la causa judicial por las cargas del 27 de mayo en plaza Catalunya durante el desalojo frustrado de la acampada del 15M. El juzgado número 4 de instrucción de Barcelona decretó el 1 de marzo el sobreseimiento provisional de la denuncia colectiva interpuesta por decenas de personas heridas de diversa consideración.
El magistrado Josep María Miquel Porras considera ahora que la violencia policial fue correcta y «razonablemente proporcionada» y asume la versión policial, que ubica el dispositivo desplegado en una operación de limpieza para vaciar la plaza de objetos contundentes ante la celebración de la victoria del FC Barcelona en la Champions.
En paralelo, el magistrado emitió un auto donde aducía la dificultad de identificar a los agentes agresores e individualizar los delitos, aunque en el auto de sobreseimiento estima que el uso de la fuerza fue proporcionado, ajustado a protocolos y sobre partes del cuerpo no sensibles de los agredidos, «excepto algún caso aislado» sobre el que no se pronuncia.
El juez concluye, con carácter genérico, que «en la actuación activa por parte de la policía no hubo muestras de extralimitación». Una afirmación que desmienten centenares de imágenes y vídeos que muestran a miles de personas en actitud pacífica reiteradamente golpeadas.
A pesar de que decenas de esas imágenes han sido incorporadas, el magistrado no ha visionado, como mínimo, 25 vídeos aportados aduciendo problemas de reproducción de fácil solución técnica.
La denuncia interpuesta, documentada también con partes médicos, había generado expectativas justificadas de un proceso penal contra la brutalidad policial (CAT). Así, en el transcurso de la instrucción, en enero, prestaron declaración ante el juez, en calidad de imputados, los máximos responsables políticos y policiales del intento frustrado de desalojo de la plaza: Assumpte Escarp -exteniente de alcalde socialista de Barcelona-, Manel Prat, director general de la policía autonómica, y los mandos policiales de la actuación.
Con posterioridad al archivo, el semanario Directa hizo públicas parte de las comunicaciones policiales entre los mandos antidisturbios y el centro de coordinación que supervisaba el operativo y que ejecutaban el comisario Joan Carles Molinero y el intendente Antoni Antolín.
Las comunicaciones revelan que el objetivo era el desalojo de la plaza y que la brutalidad policial respondió a órdenes directas de los responsables operativos. En estas grabaciones, Miguel Hermida, inspector de los Mossos y responsable de las unidades antidisturbios, llega a afirmar: «o generamos pánico o no los sacamos de aquí» y «estamos disparando pelotas de goma, estamos disparando de todo».
El inspector llega a reconocer -desestimándola- que la única opción gradual disponible era recurrir al fuego real: «no podemos disparar fuego real». «No, no, evidentemente que no», replica el máximo responsable policial, Joan Carles Molinero.
La versión oficial siempre ha señalado que se trataba de una simple operación de limpieza, a pesar de que la misma mañana de los hechos Manel Prat había anunciado que se trataba de «desmontar el campamento y dejar la plaza limpia».
Las órdenes dadas por el comisario Molinero a las 07:20 de la mañana, desde el centro de coordinación, son precisas y tajantes: «No hay que entrar en discusiones, empezamos el desalojo». De las comunicaciones se desprende también la descoordinación policial en los momentos de tensión y se evidencia que la recuperación de la plaza no fue fruto de una retirada policial sino de la acción colectiva y desbordante de los manifestantes.
El audio de las comunicaciones muestra también tensiones con los periodistas y otros detalles, como un agente que reconoce haber propinado «patadas y puñetazos», vanagloriándose de ello con un «¿has visto la patada que he dado?».
Redoblando esfuerzos
Los impulsores y abogados de la querella colectiva, 57 personas heridas de diversa consideración, ya han anunciado que recurrirán la decisión judicial -presentando, en primera instancia, alegaciones para la reapertura del sumario-, la trasladarán hasta las instancias internacionales y, al mismo tiempo, constituirán tribunales populares.
En paralelo, han impulsado una campaña de autofinanciación de la querella para obtener 30.000 euros de fondos solidarios. Y el 7 de marzo, a partir de la convocatoria de «Som27m» (somos 27M), un millar de personas se concentraron en plaza Catalunya, con velas y antorchas para exigir una investigación rigurosa y denunciar la impunidad policial y el archivo judicial.
Un agente identificado
En lo relativo a la identificación de los agentes, cabe apuntar que uno de los denunciantes aporta el número de placa, graduación y cargo del agente que presuntamente lo agredió, un aspecto que el juez soslaya deliberadamente. Como soslaya lo declarado por Manel Prat, director de los Mossos: «tenemos todos los medios técnicos para identificar a todos y cada uno de los agentes, aunque no lleven visible el número de identificación».
En la foto que acompaña esta información aparece dicho agente, que consta denunciado con imágenes del momento de la agresión y contra el cual, a pesar de las evidencias, el magistrado no ha adoptado medida alguna.
Fuente: http://www.diagonalperiodico.net/Desalojo-de-Placa-Catalunya-caso.html