La organización internacional de derechos humanos Human Rights Watch y la angoleña SOS Habitat, dedicada a la promoción de la vivienda, develaron el fenómeno en un informe publicado este pasado martes 15 de Mayo, titulado «Demolieron las casas: Desalojo forzado e inseguridad en la propiedad de la tierra para los pobres de Luanda». Los investigadores […]
La organización internacional de derechos humanos Human Rights Watch y la angoleña SOS Habitat, dedicada a la promoción de la vivienda, develaron el fenómeno en un informe publicado este pasado martes 15 de Mayo, titulado «Demolieron las casas: Desalojo forzado e inseguridad en la propiedad de la tierra para los pobres de Luanda».
Los investigadores de estas dos instituciones concluyeron que no se trata de hechos aislados, y detectaron un patrón para estos abusos que deja en evidencia una campaña concertada del gobierno con el objetivo de librar de pobres a la ciudad.
Entre las víctimas figuran ancianos, niños y familias encabezadas por mujeres, todos ellos dejados en la calle por desalojos que tuvieron lugar sin considerar alegatos de propiedad o de ocupación, y sin existir motivos legales para su remoción.
«Muchos cultivaron y vivieron en estas áreas durante décadas. Otros se establecieron, según la costumbre, con el permiso de los ancianos», dijo Luís Araújo, director de SOS Habitat, según un comunicado emitido por esa organización y Human Rights Watch.
«El gobierno nunca expropió formal o legalmente la tierra que las personas ocupaban, ni les dio la posibilidad de reclamar sus derechos sobre la tierra», agregó.
La mayoría de los desalojados se dieron cuenta de que lo estaban siendo cuando llegaron aplanadoras y camiones, y no se les permitió juntar sus pertenencias.
En los casos en que los residentes fueron informados de un desalojo inminente, no se les dio tiempo suficiente para rescatar sus posesiones.
El informe cita a una mujer de 35 años que fue desalojada del barrio luandés de Cambamba II: «Llegaron y no conversaron con nadie. Demolieron las casas. No hubo tiempo para nada. No pudimos sacar nada. Rompieron mi cama, mi horno… Arrasaron con todo.»
«Intenté hacer algo y me agarraron. Trataba de sacar mis cosas cuando me arrojaron dentro del auto de la policía», recordó.
Funcionarios del gobierno local y de la policía utilizaron violencia, intimidación y «fuerza excesiva» para sacar a los pobres de asentamientos irregulares de la ciudad.
Disparaban al aire o contra el suelo. Cuatro personas, entre ellas un niño de cinco años, fueron alcanzadas por balas perdidas o directamente baleadas. Muchas otras fueron atacadas con bastones o culatas.
En ciertos casos hubo angoleños detenidos sin cargos. Varios de los arrestados reportaron abusos físicos.
La policía también acosó a miembros de SOS Habitat cuando le pidieron información sobre los desalojos o intentaron explicar los derechos de los desalojados a funcionarios del gobierno.
Aunque en algunos casos se ofreció compensaciones, esto no reflejó el valor de las pertenencias que fueron destruidas en las demoliciones.
Los desalojados fueron reubicados en áreas sin saneamiento o instalaciones educativas y sanitarias. Los mercados informales de los que dependen muchos pobres para ganarse la vida fueron destruidos durante los desalojos.
La Ley de Tierras de Angola, aprobada en 2004, incluye medidas para proteger a personas en riesgo de desalojo. Pero las regulaciones de su implementación no fueron adoptadas, volviendo inaplicables esas medidas.
La misma ley también permitió la «regularización» u ocupación informal de la tierra.
La norma asigna la responsabilidad de la regularización a angoleños individuales, a quienes se les dio un plazo de tres años para postularse. Al fracasar esto, el gobierno obtuvo el derecho a reclamar su tierra y a sacarlos por la fuerza.
Angola es uno de los países signatarios del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Según Human Rights Watch y SOS Habitat, infringió el artículo 11 de ese tratado, que determina el derecho universal a no ser desalojado por la fuerza.
El derecho internacional permite la expropiación e incluso el desalojo forzado, pero solamente cuando puede demostrarse que esa acción es de interés público.
El gobierno de Angola desalojó de Luanda a 20.000 pobres, incluidos pequeños granjeros, y destruyó 3.000 viviendas entre 2002 y 2006, con el fin de «facilitar el desarrollo y el ‘embellecimiento’ de interés público»
De vez en cuando el gobierno negó que hubiera desalojos. Pero luego, cuando eran indesmentibles, los justificó, culpando a los desalojados por ocupar esos lugares, o citando la necesidad de proyectos de desarrollo y «embellecimiento» de interés público.
Human Rights Watch investiga si las áreas afectadas están en la parte meridional de Luanda, para lo cual el gobierno otorgó una concesión a la Empresa de Desenvolvimento Urbano.
El informe señala que «aunque el gobierno alega estar mejorando las condiciones de vida en Luanda, está empeorándolas para los económicamente más vulnerables, desalojando a miles y privándolos de la asistencia necesaria para que se reestablezcan en otra parte».
A Human Rights Watch y SOS Habitat les preocupa que «miles de angoleños sigan siendo vulnerables a los desalojos forzados causados por el fracaso del gobierno en abordar la difundida inseguridad de las ocupaciones de tierras. La mayoría de los cuatro millones de habitantes de Luanda no tienen ningún título formal que acredite que les pertenece su casa o su tierra».
Las dos organizaciones demandaron que el gobierno cese inmediatamente los desalojos y siga el debido proceso. También que las autoridades investiguen las acusaciones de abusos y adopten una acción apropiada. Y que el registro de la tierra mejore, para asegurar que la ocupación informal reciba protección legal.