El gobierno estadunidense cerró sus puertas, y con ello buena parte de las actividades que realiza en forma cotidiana. Con excepción de quienes trabajan en las fuerzas armadas y en las agencias de seguridad, 800 mil empleados federales se marcharon a sus casas hace una semana y no saben a ciencia cierta cuándo regresarán a […]
El gobierno estadunidense cerró sus puertas, y con ello buena parte de las actividades que realiza en forma cotidiana. Con excepción de quienes trabajan en las fuerzas armadas y en las agencias de seguridad, 800 mil empleados federales se marcharon a sus casas hace una semana y no saben a ciencia cierta cuándo regresarán a trabajar y a cobrar sus salarios; además, un millón 300 mil más laboran sin poder cobrar de momento.
De no reanudarse las labores en el gobierno, los efectos de esta parálisis se dejarán de sentir paulatinamente, sobre todo por los millones de dólares que el gobierno deja de gastar en programas, como la construcción. A ello habrá que agregar los sectores que dependen de las compras y los servicios que cotidianamente realizan los empleados federales. El panorama es crítico, pero más aún porque nadie sabe cómo ni cuándo se resolverá el problema que generó todo este embrollo: la negativa de un grupo de no más de 60 legisladores a aprobar el presupuesto para el año fiscal, que empezó el primero de octubre, mientras no se supriman los fondos para el plan de salud que, entre otros beneficios, garantizarán servicios médicos a millones de personas que ahora carecen de ellos.
La paradoja del asunto es que el plan de salud fue aprobado por el partido al que pertenece ese grupo de legisladores que ahora se opone a él y también fue ratificado por la Suprema Corte en sus alcances constitucionales. La ironía es que el plan está dotado de un fondo independiente para su funcionamiento y por tanto no se ha suspendido. A diario millones de personas solicitan adherirse a él.
El horizonte se percibe aún más gris si los legisladores no llegan a un acuerdo para aprobar el aumento del techo de la deuda de Estados Unidos. De llegarse a ese extremo, el gobierno no podrá pagar sus cuentas, y las consecuencias económicas para el país y el mundo entero serán de pronóstico reservado, según auguran quienes saben de esto en el mundo financiero.
Vale preguntarse si la democracia sustentada en un sistema bipartidista, como el estadunidense, no estará haciendo agua cuando es evidente que el sector más radical de uno de los partidos -en este caso el republicano- impide, cada vez con más frecuencia, acuerdos que son necesarios para gobernar. Los cambios en el seno de la sociedad han puesto de manifiesto cuán disfuncional y limitado resulta el bipartidismo para la salud democrática y el bienestar de la mayoría de sus ciudadanos.
Fuente: http://www.jornada.unam.mx/2013/10/07/opinion/023o1pol