Últimamente, el periódico médico británico » The Lancet «, más que cualquier otro órgano de prensa occidental combinado, se ha interesado en la RDC. Un grupo de médicos ha explicado que alrededor 4 millones de personas han muerto desde que estalló oficialmente la guerra de 1998.1 La BBC, por su parte, ha hecho valer que […]
Últimamente, el periódico médico británico » The Lancet «, más que cualquier otro órgano de prensa occidental combinado, se ha interesado en la RDC. Un grupo de médicos ha explicado que alrededor 4 millones de personas han muerto desde que estalló oficialmente la guerra de 1998.1 La BBC, por su parte, ha hecho valer que la guerra del Congo ha costado más vidas que todos los conflictos humanos desde la 2ª Guerra Mundial.2 Sin embargo, los expertos que trabajan en el Congo y los mismos supervivientes congoleños creen que el número de muertos se eleva a 10 millones desde que se inició la guerra en 1996 – no en 1998 – después de la invasión, sostenida por Estados Unidos, destinada a echar al Presidente del Zaire, Joseph Mobutu. Si la prensa occidental está acostumbrada a enumerar a los muertos en África, ninguna estadística ha podido medir el sufrimiento de los congoleños.
Ciertas personas son conscientes de que la guerra en el Congo estuvo motivada por el deseo de extraer materias primas, en las que se incluyen los diamantes, el oro, el colombio-tántalo (coltán), el niobio, el cobalto, el cobre, el uranio y el petróleo. En el Congo, la explotación minera por parte de las multinacionales occidentales alcanza una tasa sin precedentes y se valora que unos 6 millones de dólares [alrededor de 4,5 millones de euros], salen cada día de la RDC, únicamente en cobalto bruto – un elemento de las superaleaciones esenciales para las industrias nucleares, químicas, aeroespaciales y de defensa -. Todo análisis de la geopolítica en el Congo, necesita una buena comprensión del crimen organizado perpetrado por medio de las multinacionales. Esto permite comprender mejor la razón por la que el pueblo congoleño sufre una guerra incesante desde 1996.
Otras personas han elogiado el gran progreso realizado en la denuncia de la explotación minera ilegal en la RDC. Esto es particularmente verdad por parte del grupo Human Rights Watch (HRW), cuyo informe de 2005 titulado «La maldición del oro» http://www.liberationafrique.org/IMG/pdf/drc0505fr-3.pdf, denunció el contrabando del oro orquestado por funcionarios ugandeses y empresas multinacionales por medio de las milicias rebeldes locales. Los grupos rebeldes citados [en ese informe] son: el Frente Nacional para la Integración (FNI) y las Fuerzas Armadas del Pueblo Congoleño (FAPC). Las sociedades occidentales señaladas por Human Rights Watch son AngloGold Ashanti, una sociedad con sede en África del Sur y Metalor, una firma sueca.
El informe de Human Rights Watch omitía decir que AngloGold Ashanti está asociada a Anglo-American, propiedad de la familia Oppenheimer y a Barrick Gold, con base en Canadá, descrita más abajo3. Anglo-American PLC tiene sede en Londres y ostenta el 45% de las acciones de DeBeers, otra sociedad de la familia Oppenheimer, tristemente célebre por su quasi monopolio internacional de la industria del diamante4. Sir Mark Moody-Stuart, uno de los dirigentes de Anglo-American es también director de Royal Dutch-Shell y miembro del Comité Consultivo del Secretario General de la ONU, Kofi Annan5. Este informe de Human Rights Watch ha suprimido también las pruebas según las cuales AngloGold Ashanti mandó a sus mejores abogados al Este de la RDC para apoyar a los jefes de la milicia rebelde detenidos allí.
Rara vez – incluso nunca – varias compañías mineras multinacionales se han mencionado en algún informe redactado por organizaciones de defensa de los derechos humanos. Una de ellas es Barrick Gold. Opera en la ciudad de Watsa, al noreste de la ciudad de Bunia, situada en uno de los rincones más violentos del Congo. Las Fuerzas de Defensa del Pueblo Ugandés (UPDF) han estado actuando, a través de intermediarios, durante la guerra de control de minas. En Bunia, los funcionarios dicen que los Directores de Barrica Gold llegaron a la región, escoltados por las tropas ruandesas (Frente Patriótico Ruandés, FPR) y ugandesas (UPDF), para valorar pericialmente e inspeccionar sus intereses mineros6.
George H.W. Bush trabajaba como Consejero remunerado de Barrick Gold. Entre los directores de esta sociedad se encuentran: Brian Mulroney (antiguo Primer Ministro de Canada), Edwards Neys (antiguo Embajador americano en Canadá y Presidente Director General (PDG) de Burston-Marsteller, una empresa de relaciones públicas), el antiguo senador americano Howard Baker, J. Trevor Eyton (un senador canadiense) y Vernon Jordan (uno de los abogados de Bill Clinton)7.
Barrick Gold es una de las sociedades clientes de la Sociedad de lobbying Andrew Young’s Goodworks. Andrew Young es el antiguo alcalde de Atlanta y uno de los organizadores clave del Consejo de Amistad Américo-Ugandesa. El Presidente Clinton lo escogió, en octubre de 1994, para dirigir la Southern Africa Enterprise Development Fund (Fondo de Desarrollo de las Empresas de África Austral). Entre sus clientes – o asociados en los negocios, según el caso – de Goodworks, se encuentran Cocacola, Chevron-Texaco, Monsanto, así como los Gobiernos de Angola y Nigeria (atención a las transferencias de armas explicadas más abajo). Young es un dirigente de Cox Communications y de Archers Daniels Midland – el «supermercado del mundo» y esponsor de la Radio pública nacional que cuenta entre sus directores a Brian Mulroney (Barrick Gols) y G. Allen Andreas, miembro del Consejo de Administración de la sección europea del Grupo Carlyle.
Entre los socios mineros de Barrick Gold está Adastra Minig – antes llamada American Mineral Fields (AMFI, AMX y otros nombres), antiguamente ubicada en Hope, Arkansas, la ciudad natal de Bill Clinton. Adastra mantenía lazos estrechos con Lazare Kaplan Internacional Inc., la más importante Compañía de corretaje de diamantes en Estados Unidos, cuyo Presidente, Maurice Tempelsman fue Consejero de Asuntos Africanos en el Gobierno americano y es el Cónsul Honorario General de Estados Unidos en el Congo, desde 19778.
Maurice Tempelsman acompañó a Bill Clinton en su gira por África en 1998 y navega con frecuencia con los Clinton a la altura de Vignoble Martha. Trabaja en el Servicio Consultivo Internacional de la Bolsa Americana y es uno de los dirigentes del Woods Hole Oceanographic Institute, una tapadera «científica» para sus actividades mineras offshores en el diamante – que peina los fondos marinos, para procurar que se les olvide.
Adastra ha comprado también una concesión de diamantes a lo largo de la frontera congo-angoleña, a la firma belga de mercenarios llamada Internacional Defense and Security (1998) y dispone actualmente de concesiones de cobalto y cobre en la provincia congoleña de Katanga (Shaba)9. Adastra es miembro del Corporate Council on África [Consejo de las grandes empresas en África], en compañía de Goodworks, Halliburton, Chevron-Texaco, Northrop Grumman, GE, Boeing, Raytheon, Bechtel y SAIC – éstas dos últimas son entidades secretas de la defensa e información estadounidense, implicadas en proyectos «negros» supra-gubernamentales clasificados.
En abril de 1977, Jean-Ramon Boulle, cofundador de Adastra (entonces llamada AMFI) recibió un contrato de mil millones de dólares por minas sitas en Congo, Kolwezi (cobalto) y Kipushi (zinc), por parte de la Alianza de las Fuerzas Democráticas para la Liberación del Zaire (AFDL), dirigida por Laurent-Désiré Kabila, incluso antes de que la AFDL tomara el poder oficialmente. Los dirigentes de AFDL estaban autorizados, incluso, a utilizar el jet privado de Boulle10. Mientras tanto, los directores de Adastra, eran también antiguos directores de AngloGold Ashanti American11. Entre los demás fundadores de Adastra cercanos a Clinton, están Michael McMurrough y Robert Friedland, todos ellos implicados en asuntos de offshore, sospechosos y criminales, en Indonesia, África, Birmania y las Américas12.
Barrick subcontrata a Caleb Internacional que, en el pasado, estaba asociada a Adastra. Caleb está dirigida por el hermanastro del Presidente ugandés Yoweri Museveni, Salim Saleh, antiguo general interino de la UDPF. Cuando Uganda se retiró del Congo en 2002, después del llamado Acuerdo de «paz», Saleh empezó a formar grupos paramilitares para actuar como representantes y obtener así un flujo de minerales hacia Uganda13.
Salim Saleh es accionista de Catalyst Co. of Canada, que ostenta el 100% de los intereses en los campos auríferos ugandeses de Kaabong14. Es copropietario de Saracen, una sociedad militar privada creada por Executive Outcommes, una firma de «barbouzes» [fundada por el inglés Tony Buckingham], que alquila sus servicios en zonas de conflicto15. La Comisión de Expertos de la ONU sobre la Explotación ilegal de los recursos minerales del Congo, recomendó que se prohíba viajar a Salim Saleh y que se congelen sus bienes, pero no se ha hecho nada.
Las recientes intervenciones militares de las fuerzas armadas de la MONUC se han concentrado en el desarme o eliminación de las Fuerzas para la Liberación Democrática de Ruanda (FLDR), un grupo rebelde opuesto al Gobierno ruandés (Paul Kagame) y de las Fuerzas Democráticas Aliadas (FDA), grupo rebelde opuesto al Gobierno de Museveni en Uganda. (Nótese que el ejército ruandés se ha asociado con sus «enemigos» de antes – el FDLR – cuando fue necesario proteger el saqueo de los recursos naturales, mientras que Uganda tiene su propio modelo de complicidad con sus enemigos «rebeldes». Las alianzas con los rebeldes cambian constantemente). La eliminación de estos grupos rebeldes limpiará con eficacia el Este del Congo para una explotación minera a gran escala por parte de las multinacionales. La milicia mai-mai, cuyo objetivo declarado es el de «proteger al Congo contra los invasores ruandés y ugandés», y que ha estado cometiendo también crímenes contra la humanidad no parece que esté en la agenda de la MONUC. Los mai-mai operan en el Norte de Katanga (Shaba) y en los dos Kivus.
Las milicias y los chantajistas de Katanga están ligados a las redes criminales de hombres de negocios, de los que forman parte Robert Mugabe, Presidente de Zimbabwe, Billy Rautenbach, John Bredenkamp y Marc Rich. El magnate americano del diamante, Maurice Tempelsman se ha aprovechado de las concesiones mineras de Katanga desde la era Kennedy. Lawrence Devlin, antiguo jefe del puesto de la CIA en Lubumbashi bajo Eisenhower, mantenía los tráficos criminales de Tempelsman en relación directa con el antiguo Presidente zaireño Mobutu y más tarde, fue empleado por Tempelsman16
El Grupo Forrest tiene la más larga historia de explotación en el Congo, al haber adquirido de los belgas sus primeras concesiones mineras, antes de la Declaración de Independencia del Congo. Este Grupo, que comprende OM Group, cuya sede está en Ohio, tiene numerosas concesiones en Katanga (Shaba). George Forrest, su presidente, es el antiguo presidente de la Compañía minera del Estado congoleño, la Gecamines y es el propietario de la Sociedad de armamento New Lachaussee [Accesoriamente, George Forrest es también cónsul Honorario de Francia en Lubumbashi].
El coltán, una vez refinado en tantalio, se utiliza ampliamente en la industria aeroespacial y electrónica para los condensadores, los superconductores y los transistores. Los Estados Unidos dependen completamente de fuentes extranjeras de tantalio, una tecnología que mejora los condensadores, esencial para las armas aeroespaciales y todos los receptores, teléfonos móviles, ordenadores, videos, lectores de CD, PDA y Televisores. Las importaciones americanas [de coltán] han dado un salto espectacular de compras con origen en Ruanda y Uganda, durante el período en que estos países utilizaban el contrabando para hacer salir el tantalio y el cobalto.
La Sociedad Sony ha acrecentado espectacularmente sus importaciones de coltán después del lanzamiento de su Playstation 2, mientras que Compac, Microsoft, Dell Ericsson, Hewlett-Packard, IBM, Nokia, Intel Lucent y motorota son también sus grandes consumidores17. Nicole Seligman, la actual vice-presidenta ejecutiva y consejera general de Sony, es una antigua consejera jurídica de Bill Clinton a través de la firma de abogados de Washington D.C. Williams and Connelly, LLP, que contaba a Bill Clinton y Oliver North entre sus clientes18. El Vicepresidente ejecutivo y Director financiero de Sony, Robert Wiesenthal, es un antiguo banquero de First Boston, que financiaba las actividades «humanitarias» en los campos de refugiados ruandeses en 1995 en el Este del Congo, justo antes de la caída de Mobutu. Wiesenthal era también consejero de Cox Communications, OM Group, Time Earner y New York Times19 hijo de un corredor de coltán, ubicado en Chicago, es el Subsecretario de Estado en África y antiguo miembro del Grupo de trabajo del Departamento de Defensa sobre Minerales Estratégicos. El discurso de Kansteiner en el «Foro sobre Política Internacional», en Octubre de 1996, defendía la idea de la partición del Congo (entonces Zaire) en más pequeños Estados basados en un linaje étnico20. De manera irónica, en el momento en que pronunciaba este discurso, Laurent-Désiré Kabila y su AFDL comenzaba su marcha para apartar a Mobutu con la ayuda de Ruanda, Uganda y Estados Unidos21. Kansteiner es también Administrador de África Wildlife Foundation [la fundación para la protección de la fauna y flora africana] -otra tapadera eufemística para la adquisición de los recursos naturales en el Congo.
Bechtel, una sociedad aeroespacial y de construcción, ha proporcionado mapas satélite de fotos de reconocimiento de movimientos de tropas de Mobutu para la invasión del Congo por la AFDL en 1996; crearon también mapas infrarrojos de yacimientos de minerales del Congo22. El Frente Patriótico Ruandés (FPR), dirigido por Paul Kagame, actual Presidente ruandés, diplomado en la Academia militar americana de Fort Leavenworth, se sirvió de mapas de la NASA proporcionadas por Bechtel para localizar a los civiles ruandeses hutus que habían huido del cataclismo de 1994 en Ruanda. Los refugiados, aproximadamente unos 800.000, fueron perseguidos y matados en los bosques congoleños.23 Entre los amigos de Bechtel en los altos círculos del poder en EE.UU. encontramos al antiguo Secretario de Estado de Defensa, Casper Weinberger (Consejero de Bechtel), y al General retirado del Cuerpo de Marines americanos Jack Celan (Vice-Presidente de Bechtel) que es también miembro del Consejo de Política de Defensa del Pentágono24. Ripley P. Bechtel forma parte del Consejo de Administración de J.P. Morgan25. Nexant Company, filial de Bechtel, es el principal contratante del programa del oleoducto ugando-keniano, aparentemente destinado a facilitar el transporte del petróleo proveniente de la hondonada de Semliki del Lago Alberto.
La Comisión de Expertos de la ONU citó a Cabot Co., ubicada en Nueva Inglaterra, por haber realizado asuntos no éticos26. Cabot es uno de los más grandes transformadores de tantalio del mundo. El actual Director-Adjunto del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, Samuel Bodman, era el Presidente Director General (PDG) de Cabot de 1997 a 200127. Su dirigente actual, John mcArthur, es un consejero cercano de Paul Wolfowitz, en el Banco Mundial28
En África, los Contratantes Militares Privados (CPM) son, al mismo tiempo, grandes empresas. Brown & Root, filial de Halliburton, ha ayudado a la construcción de una base militar cerca de Cyangugu, en Ruanda, justo al lado de la frontera congo-ruandesa. «Oficialmente», Brown & Root estaba allí para quitar minas antipersonales pero, en lugar de eso, esta sociedad albergaba mercenarios de Military Professional Ressources Inc. (MPRI) que entrenaban al FPR y la AFDL de Laurent-Désiré Kabila para la invasión del Congo en 1996 y la segunda invasión del ejército de Ruanda en 1998, después de que Laurent-Désiré Kabila echara a los ruandeses y ugandeses, a Bechtel y el FMI29. Los servicios secretos franceses han contado que las Fuerzas Especiales Americanas y los mercenarios del MPRI participaron en el asesinato de los refugiados hutu ruandeses a lo largo del río Oso, cerca de Goma, en 1996 e incluso sostienen que descubrieron los cuerpos de dos soldados americanos fallecidos en los combates cerca de Goma30. Las circunstancias que rodean la recuperación no oficial de estos dos soldados americanos sigue siendo muy misteriosa31.
MPRI tiene su sede en Arlington, Virginia y está dirigida y provista de personal por 36 generales americanos retirados. Es subtratante del Pentágono para responder a la African Crisis Responsive Initiative (ACRI) [Iniciativa de Réplica a la Crisis Africana]. Este programa incluye al ejército ugandés y ha proporcionado entrenamiento militar a la guerrilla urbana, a los oficiales ugandeses en la Academia militar de Fort Braga, en Carolina del Norte, en julio de 1996. Durante la invasión del congo en 1998, los soldados ugandeses fueron encontrados con equipamientos de ACRI, mientras que Human Rights Watch y Amnistía Internacional implicaron a los batallones ugandeses entrenados por ACRI en violaciones, asesinatos, extorsiones de fondos y de «ratonnades» (no sé qué significa, ni está en el diccionario) de civiles ugandeses32.
Tony Buchingham, fundador de Executive Outcomes, estableció otras sociedades militares privadas que operan en África. Heritage Oil & Gas, que pertenece a Buckingham trabaja estrechamente con su CMP Sandline Internacional, para manipular las opciones petrolíferas alrededor del Lago Alberto y se piensa que ha firmado acuerdos de concesiones con ejércitos y gobiernos en conflicto en los dos lados de la frontera congo-ugandesa. Branch Energy es otra filial de Buckingham que opera en la región de los Grandes Lagos.
El año pasado, las investigaciones sobre ventas ilegales de armas a Ruanda, violando el embargo de la ONU sobre las armas en la región, se obstaculizaron por el rechazo del Gobierno ruandés de proporcionar los números de serie de los 5.000 AK-47 entregadas. El país de donde provenían, Bulgaria, rechazó categóricamente proporcionar esos números de serie lo que, no solo confirmó que se vendieron las armas legalmente a un país no implicado en el embargo, como Nigeria, para su venta a Ruanda y la RDC. Los gobiernos ugandés, congoleño, surafricano y de Guinea Ecuatorial – principal protectorado petrolífero americano – son también culpables de haber sostenido las ventas clandestinas de armas en la región33.
Los cargamentos de armas que llegan por barcos enteros de Tanzania y el papel del Gobierno tanzano en su apoyo a la guerra en RDC no han estado nunca en duda. Esto tendría algo que ver con las licencias mineras de Barrica Gold en territorios massai, en Tanzania. Los aviones entre Tanzania, RDC y Kenya pueden hacer eso sin buenos documentos o registros y sin vigilancia aduanera.
Otro comerciante de armas, sospechoso e » intocable «, que actúa entre bastidores en la región, es un americano de origen indio, Ramek Kotecha. Los intereses de Kotecha en el Kivu Sur son considerables y manifiestamente, se le apunta con el dedo por blanqueo de dinero, tráfico de armas, coltán y diamantes. [Accesoriamente, Kotecha es cónsul de Estados Unidos en Bukavu]. Después de la primera invasión del Congo en 1996, financiada por los americanos, Kotecha presumió varias veces que era «Cónsul de los Estados Unidos» en el Kivu Sur, como así es notorio públicamente. Kotecha posee pasaporte americano y una residencia en California.
Cuando un defensor local de derechos humanos que trabaja para una pequeña ONG, Pascal Kabulungu, de Herederos de la Justicia, conocido por su discurso franco, fue asesinado en el verano de 2005 en Bukavu. La MONUC indentificó a los presuntos asesinos, entre los que se encontraba un Comandante local del Ejército congoleño. Pero la «comunidad» internacional no ejerció ninguna acción. Su asesinato se debió a su papel en la denuncia de implicación de Comandantes congoleños en actividades de contrabando (que aún continúan).
Una reciente Comisión de Expertos de la ONU ha encausado a numerosas compañías aéreas por haber realizados vuelos ilícitos (ilegales, secretos, no registrados y registrados falsamente) hacia y fuera de la RDC. Una de las numerosas sociedades conocidas, ligadas visiblemente a las redes de tráfico de armas de Victor Bout es Simax, sociedad con sede en Oregon, que utiliza una dirección de Sierra Leona. Sin embargo, la Comisión de Expertos de la ONU ha ignorado una vez más a ciertas agencias occidentales – que tienen un pasado de actividades ilícitas – cuyos vuelos siguen siendo tan secretos como inexplicables. En primera fila de la lista, se encuentra el International Recue Commitee (IRC) – uno de cuyos dirigentes es Henri Kissinger, cuyos vuelos con destino y origen en el Congo, así como los vuelos interiores destinados o con origen en aeropuertos aislados del Este de la RDC, que escapan totalmente a la vigilancia de los inspectores de la MONUC, encargados del embargo de armas. En Bukavu, por ejemplo, todos los aviones ligeros están sujetos a inspecciones de la MONUC, relativas al embargo de armas, pero los vuelos de IRC no forman parte del mandato de la MONUC. Así lo ha admitido un Observador Militar de la MONUC: «La IRC debería estar sujeta a las mismas normas que los otros; si no, tenemos que asumir que transportan armas, porque no nos dejan confirmar que no lo hacen».
De la misma manera, mientras que la Comisión de Expertos de la ONU ha investigado y señalado ciertas redes y actividades ilegales criminales en el congo, nunca se interesan en los contratos de alto nivel que hacen, entre bastidores, los dirigentes de Adastra, Anglo-American, las Sociedades suecas Adolph Lundin (un amigo íntimo de George H. W. Bush) que tienen el control de las concesiones mineras en las zonas de Lubumbashi, Kolwezi y Mbuji Mayi, en las Provincias de Katanga y Kasai. Phelps Dodge, con sede en Estados Unidos está asociada a los programas mineros de cobre y cobalto en Katanga en Tenke Mining de Lundin. Douglas C. Yearly, director de Phelps Dodge, es también Director de Lockheed Martin y World Wildlife Fund (WWF), asociado a USAID y CARE en los programas de » conservación » (léase adquisición) en todo el Congo, mientras que el programa «humanitario» de CARE está financiado por Lockheed Martin.
Los intereses de » conservación de la naturaleza » son la vanguardia de la penetración occidental en África central: USAID, WWF, AWF y Conservation Internacional son los encargados. Pruebas de asuntos de USAID en todo el congo contradicen rápidamente la fanfarria sobre USAID aportando programas de «desarrollo duradero» o «Local». Más notables son la Central Africa Region Partnership for the Environment (CARPE) y el Congo Basin Forest Partnership (CBFP), dos programas que, de hecho son programas militares, de información y económicos escondidos. Una de las organizaciones que tiene que dar menos cuentas y que trabaja en el Este de la RDC y Oeste de Ruanda, es el Fondo Internacional por los Gorilas de Diana Fossey (DFGFI) aliada a los intereses del Departamento de Estado y que está contínuamente pidiendo fondos para la conservación de los gorilas. La DFGFI tiene lazos con la información, la explotación minera y el mundi de la defensa occidentales y está bajo investigación (en compañas de USAID) por unos 5 millones de dólares que conciernen a fondos asignados a USAID entre 2002 y 2005. Además, Nacional Geographic está implicado en hacer que avancen los mitos de la conservación, democracia, desarrollo u otros camelos sobre el respeto y apoyo a los indígenas.
Sugerencias y remedios
Algunas personas sugieren que la razón por la que no hay una mayor toma de conciencia y una intervención equitativa en el Congo, es porque «simplemente, no sabemos qué hacer» para remediar la situación. Sin embargo, lo que hay que hacer está bastante claro, pero Occidente no lo quiere hacer, simplemente por poderosas razones económicas y geopolíticas.
1.Los programas americanos de entrenamiento militar deben dotarse de un Comité de vigilancia y de una total transparencia. Los gobernantes occidentales deben poner fin a su actitud hipócrita y garantizar que no entrenan nunca a ningún grupo rebelde o disidente, en particular a los adversarios del gobierno democráticamente elegido (con tal de que las elecciones no hayan sido fraudulentas), incluso si el gobierno elegido no es de la misma ideología política y/o de las mismas ideas económicas occidentales. Actuar de otra manera refutaría las pretensiones según las cuales Occidente interviene para «extender la democracia».
2.Paralelamente al punto nº 1, debe ponerse en marcha una Comisión para garantizar que no ocurra lo mismo con las sociedades militares privadas. Como empresas multinacionales, esas sociedades no están sometidas al respeto de las leyes de la guerra de los países establecidos. La ONU debe votar resoluciones encargando a la Corte Penal Internacional (CPI) que inicie diligencias contra dichas empresas. Por último, cuando tales sociedades se exponen a llevar a cabo actividades ilegales, como ayudar a fomentar golpes de Estado o al tráfico de esclavos, las empresas que realizan estas actividades deben constar en una lista y no recibir contratos de gobiernos, al igual que se debe perseguir alas personas culpables.34
3.En la lucha por el transporte de armas, deben llevarse a cabo esfuerzos más importantes para interceptar y perseguir a los que violan los embargos, a los agentes ilegales y a los traficantes de armas. Por otro lado, los que venden, transportan, los comisionistas ilegales, los que financian o llevan adelante transacciones de armas específicamente destinadas a los niños deben sufrir penas duras («se modifican ciertas armas pequeñas» para reducir su peso con el fin de facilitar su manejo a los niños). Las sociedades que participan en la entrega de armas, en el transporte y /o en el movimiento de flujos de dinero generado por esas ventas con los países, las personas o las organizaciones que son objeto de un embargo o actúan contra la ley nacional o internacional deberían dar cuenta de sus crímenes. Sus bienes pueden congelarse, pueden decidirse prohibiciones de viajar y debe cortarse cualquier vínculo con tales empresas en asuntos gubernamentales y económicos. Es necesario, también garantizar que se aplicarán estas penas.
4.El perdón de la deuda es esencial, pero deben encontrarse medios que impidan que los préstamos del FMI y el Banco Mundial sirvan para gastos militares. Las motivaciones del Presidente del Banco Mundial, Paul Wolfowitz, son sospechosas. En efecto, fue Vice-secretario de Estado de Defensa con George W. Bush, embajador de los Estados Unidos en Indonesia con Ronald Reagan, miembro del PNAC y posee una doble nacionalidad en Israel. De la misma manera, el FMI y el Banco Mundial deben cambiar la política de privatizaciones como condición sine qua non para obtener un crédito, con el fin de estimular el crecimiento de las empresas en el interior del Estado en vez de tener un crecimiento del sector empresarial que beneficien casi únicamente a las grandes empresas multinacionales. El FMI y el Banco Mundial deben también reducir la deuda de los países más pobres que tienen necesidad según los indicadores económicos. Algunos países que gozan de una reducción de la deuda como Uganda y Ruanda, forman parte de aquellos que más gastan sus préstamos en el ámbito militar35.
El dinero de estos préstamos debe dedicarse a las regiones que tienen más necesidad. Por ejemplo, en Uganda, los créditos concedidos a Museveni han servido únicamente para el desarrollo del sur de Kampala, la capital, y a Mbarara, su ciudad natal. Durante ese tiempo, se ignora al pueblo Acholi, que siempre vota en las elecciones contra el partido de Museveni y la situación en los distritos de Lira, Gulu y de Kitgum continúa deteriorándose. Además, los países deben considerar individualmente la ayuda que conceden a los países que gastan gran parte del capital en el sector militar, así como a los que pisotean los derechos humanos. Por último debería tenerse en cuenta que el perdón de la deuda no ha perjudicado a los Bancos que concedieron los créditos en primer lugar y acumularon interés, sin olvidar de mencionar a las empresas americanas que se aprovechan de las empresas privatizadas como parte del acuerdo del préstamo, mientras que la deuda termina por transferirse a los contribuyentes. En consecuencia, hace falta transparencia para garantizar que los costos los soportan también las empresas que conceden créditos (si quieren recuperar el mérito del perdón «humanitario» de la deuda).
5.Los países occidentales deben poner fin a la impunidad de la que se benefician aquellos que saquean las minas del Congo. Debe perseguirse a las empresas que compran minerales de contrabando y/o que compran concesiones a grupos rebeldes ilegítimos. Recientemente, la Corte Penal Internacional ha dado el pistoletazo de salida condenando a Uganda y fijando una multa a su gobierno, pero no se pide a Ruanda, Burundi, Zambia ni a Zimbabwe que den explicaciones de su piratería directa, ni a las empresas occidentales que han comprado esos minerales, ni a los occidentales que las apoyan. El proceso de Kimberley, ubicado en la universidad de Harvard con el apoyo de expertos universitarios y de la información son ejemplo perfecto de que los guardianes hacen de policía en la entrada: se legitiman los colosales intereses, bien establecidos, pero secretos, a las sociedades Oppenheimer/DeBeers y Mauricio Tempelman y se las califica como comerciantes de diamantes «limpios»; mientras que se demoniza a los competidores, que tienen muchas menos relaciones, así como los que desafían el statu quo, y a los niños congoleños que se meten en las minas y a los que se mata por «el robo» de diamantes que se extraen de las antiguas tierras de sus familias hambrientas, considerándoles como distribuidores de «los diamantes de sangre».
6.La Corte Penal Internacional debe pedir cuentas de sus actos a todos los dirigentes militares y civiles – africanos, americanos y europeos – culpables de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. No debe permitirse a Occidente que proteja a los criminales contra las acciones judiciales en virtud de sus alianzas políticas y económicas con los gobiernos occidentales. Los gobiernos occidentales que albergan a esos criminales deberían ser objeto de actuaciones judiciales. Las sanciones económicas pueden no ser apropiadas, porque los países pobres, generalmente, sufren a su vez perdidas civiles severas. Las personas directamente implicadas, en el gobierno y en el ejército, deben dar explicaciones.
7.Las fuerzas de mantenimiento de la paz, en particular la MONUC, deben ser objeto de examen para garantizar que su misión se lleve a cabo y para mantener la estabilidad en el país. Como se ha expuesto, miembros de la MONUC se han servido de su misión como cobertura, para servir a la agenda occidental y a las empresas que las sostienen, bajo el estandarte de «mantenimiento de la paz», causando durante el proceso la muerte de civiles: los responsables deberían ser juzgados y castigados. También, hay que asegurarse de que las investigaciones no se paren a nivel de soldados o de las brigadas que hayan cometido esos crímenes, sino que se examine y esclarezca la cadena de mando, con sus lealtades para descubrir las motivaciones que se esconden detrás de las operaciones de la MONUC. Se ha informado que soldados de la MONUC han saqueado marfil, oro y pieles de animales salvajes en los Parques Nacionales. Los campesinos dicen que han visto producirse asesinatos en las mismas narices de los soldados de la MONUC y que estos no han hecho nada para impedirlo36. Soldados de la MONUC han violado a mujeres congoleñas37. Cuando los jefes rebeldes pro-ruandeses, Laurent Nkunda et Jules Mutibusi, los dos criminales de guerra buscados por la ONU, se apoderaron por la fuerza de la ciudad de Bukavu en mayo del 2004, la MONUC fue quien les proporcionó las armas y los vehículos. Nkunda declaró que el jefe de la MONUC, William Swing, le dio personalmente un teléfono para que lo utilizara durante el ataque38.
8.Los medios de comunicación internacionales guardan silencio sobre casi todas las cuestiones significativas relativas a la guerra en la RDC, así como sobre las redes criminales internacionales y los que tiran de los hilos. Predomina la desinformación sobre África, por los esfuerzos concertados de los principales medios de comunicación para callar la verdad. Se impone un boicot a esas publicaciones-clave incluyendo las más ofensivas: Boston Globe, Washington Post, Newsweek, Time, US News & World Report, USA Today, New York Times, the New Yorker (Conde Nast Publications), Harper’s, Atlantic Monthly, (subvencionada por Lockheed Martín y Northrup Grumman) y en particular el National Geographic.
9.Es necesario que la oscuridad de la guerra se disipe alrededor de los llamados programas y organizaciones «humanitarios» y de «los derechos de la persona», actualmente alineados bajo las grandes empresas occidentales, así como de las personas que giran alrededor de ellos. En esta categoría encontramos en particular: Human Rights Watch, Amnesty International, CARE, USAID, Norwegian People’s Aid, International Crisis Group, International Rescue Committee, Refugees International, The Genocide Intervention Fund, así como a numerosos grupos de las Naciones Unidas, y más especialmente la UNHCR (el Alto Comisionado para los refugiados de las Naciones Unidas). La mayoría de estas agencias parecen no existir si no es para perpetuar su propia vida. La Organización «Médicos sin Fronteras» merece igualmente que se la vigile por sus recientes acciones en la RDC.
10.No se exigen normalmente responsabilidades a la comunidad del sector de la paz y de la justicia por su fracaso en emprender acciones significativas para que reduzcan la guerra en el Congo y que revelen las verdaderas razones que se esconden detrás. Una primera etapa sería la de abrir espacios a vías alternativas, actualmente excluidas de las principales plataformas mediáticas sobre la justicia social. Una segunda sería declarar un boicot total al oro y a los diamantes y organizar una campaña de protesta y fustigación contra las tiendas donde se venden los diamantes de Lazare. Una tercera acción sería la de comprometer fondos significativos – provenientes tanto de personas como de organizaciones – para sostener a las organizaciones y aquellos que trabajan brillantemente sobre el terreno, en la defensa de los derechos de la persona, con la salud de las mujeres, en el desarme, la educación, la seguridad alimentaría, en la defensa del medio y de los bosques tropicales del Congo. Cuarto, las personas deben liberarse del miedo (inculcado por los medios occidentales) a emprender acciones para ayudar al pueblo congoleño: no hay ninguna razón – salvo inaceptable – que impida a los occidentales plantear un programa sobre «Testigos de Paz» situado en el Congo.
11.Los grupos de derechos humanos que dirigen misiones adecuadas a las necesidades del Congo, deben extender sus misiones en dicho país. La violación es endémica en el Congo. Fuente de traumatismos físicos y psicológicos, contribuye a la propagación del SIDA, del virus del Ebola y de otras enfermedades transmitidas sexualmente. A menudo, las supervivientes dan a luz a niños seropositivos sin esperanza de recibir ayuda médica o financiera. Esto ha llevado a una necesidad insuperable de ayuda respecto a responsabilizarse de los huérfanos. Se rechaza en sus pueblos y sus familias a las madres de niños concebidos por violación. Las mujeres feministas occidentales y las militantes y organizaciones por los derechos de las mujeres deben implicarse y proporcionar recursos a las víctimas de violaciones en el Congo. Debe juzgarse a aquellos que a los que se han declarado culpables de violaciones y que recaiga sobre ellos el peso de la ley. Las pruebas de violación en los lugares rurales de la RDC muestran que verdaderamente la violencia sexual se reduce de forma significativa simplemente considerando culpables a los oficiales militares responsables de los actos cometidos por sus soldados, pero eso no se hace.
12.La Radio Okapi, de la MONUC, es hoy el lazo vital de información en la RDC, pero la programación, en su gran mayoría, se compone de programas de la ONU. L’ONU debe sufrir presiones para que se amplíe la red de radio Okapi, para que se eliminen las emisiones «frívolas» y se diversifiquen y profundicen sus programas y reportajes. Para dar un ejemplo sobre la manera como las cosas podrían mejorar en la RDC, los programas que sensibilicen al público sobre las violaciones y que sensibilicen a los militares sobre su represión, podrían ser montados fácilmente. Nunca se ha tomado en cuenta programas así.
13.El Gobierno de transición del Congo se compone de jefes militares y funcionarios del gobierno. Ellos deben responder de sus crímenes. De igual modo que los individuos, las organizaciones, las grandes empresas y los gobiernos que les han apoyado, todos son responsables de crímenes contra la humanidad.
Los actuales beneficios excesivos en la RDC los están permitiendo actores-clave, al más alto nivel de gobierno cuyos crímenes quedan ocultos por la prensa occidental. No debe autorizarse al gobierno de transición a nombrar a puestos ministeriales o parlamentarios a criminales de guerra, o a puestos de gobernador de provincias.
Por Keith Harmon Snow et David Barouski ZNT, 1 marzo 2006
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