Reducir la brecha social y territorial, establecer una economía sólida e instituciones creíbles: las y los líderes posteriores a 2011 no han logrado abordar las debilidades estructurales del modelo tunecino. Pero la ira crece en todo el país.
«Túnez atraviesa la fase más delicada y peligrosa que ha conocido desde la independencia», declaró el 7 de diciembre el presidente de la República, Kais Saied, ante los parlamentarios del grupo demócrata, con motivo de una recepción en el Palacio de Cartago.
Diez años después del desesperado gesto de protesta de Mohamed Bouazizi en Sidi Bouzid el 17 de diciembre, que desencadenó un proceso de cambio político espectacular y prometedor en Túnez y en el mundo árabe, todas las señales de alerta están en rojo.
Finanzas públicas, actividad económica, situación social, vida institucional, partidos políticos … ningún sector escapa a la crisis y no se vislumbra una solución en el horizonte. Los efectos económicos de la pandemia no ayudan, pero las razones son profundas: no se ha abordado ninguna de las debilidades estructurales del modelo tunecino.
Comenzando por la fractura social y territorial producida por los métodos de construcción del Estado tunecino y su orientación económica extrovertida, es decir esencialmente determinada por su dependencia del exterior.
Fue en la zona rural de Túnez donde comenzó la sacudida contra el régimen corrupto, autocrático y violento de Ben Ali, antes de llegar a las periferias urbanas y finalmente movilizar a las élites de las ciudades.
Fue de estas mismas regiones desde donde los jóvenes manifestantes fueron a acampar, en enero y febrero de 2011, frente a las oficinas del Primer Ministro en la Kasbah para hacer ceder las últimas resistencias del antiguo poder.
Pero la recuperación del movimiento por los partidos y el sindicato UGTT, su encauzamiento hacia la elección de una Asamblea Constituyente había dejado pendiente la cuestión social y devuelto a sus regiones a las y los tunecinos que vivían en los márgenes del sistema.
Al poder destituyente de la irrupción del pueblo en la vida política le siguió la etapa instituyente de actores cuya prioridad era reformar el régimen y ganar el poder. Las y los subalternos volvieron a su invisibilidad a cambio de la promesa de que la libertad remediaría la injusticia social. ¿Cómo? Nadie tenía realmente una respuesta.
Conflicto social crónico
Si en la escena política, los actores se han dividido por cuestiones de identidad y maniobran para compartir el poder, esta famosa “cuestión social” no deja de reaparecer. Fragmentada, espasmódica, a veces instrumentalizada en peleas políticas.
Cada región tiene su problemática: inversión pública y precios agrícolas en el noroeste, el modelo extractivista del fosfato en Gafsa, la destrucción por parte de la industria química del ecosistema del oasis marítimo de Gabès y de la economía que sustentaba, la redistribución de los ingresos petroleros en Tataouine, etc.
El empleo, el agua, la calidad de los servicios públicos y la contaminación alimentan la conflictividad social crónica. Desde principios de 2020, el Observatorio Social de Túnez ha contabilizado nada menos que 6.500 movimientos de protesta, incluidos más de mil solo durante el mes de noviembre.
En octubre de 2013, Mohamed Ghariani, último secretario general de la Agrupamiento Constitucional Democrático (RCD, el partido en el poder durante el antiguo régimen) nos decía: “Habíamos encontrado un camino económico y social que funcionaba. No hay alternativa. »
El régimen al que había servido se derrumbó, sin embargo, porque la frustración social de su modelo económico se había vuelto insoportable para la mayoría de las y los tunecinos y superaba la capacidad de regulación del poder político. Y, sin embargo, ninguna nueva estrategia económica ha llegado a desmentirle desde hace diez años.
Todo el mundo puso cara de redescubrir las desigualdades regionales después del 14 de enero de 2011, pero ninguna política abordó sus causas estructurales, salvo algunas reasignaciones presupuestarias.
Desde entonces, los sucesivos gobiernos han absorbido la ira social distribuyendo trabajos improductivos en «trabajos de desarrollo» y «empresas de jardinería». El sector público, según la aerolínea nacional Tunisair, tiene la misión de reducir el desempleo y, a pesar de las demandas del FMI, la masa salarial estatal sigue aumentando.
Los donantes de fondos están cubriendo déficits públicos cada vez más elevados (la deuda pública aumentó del 42 al 78% del PIB entre 2011 y 2020, dos tercios de la cual provienen del exterior).
Pero la duradera caída del turismo, la reticencia de la inversión extranjera, el deterioro de la calificación soberana de Túnez de estable a negativa, que de facto cierra el acceso de Túnez a los mercados financieros, acercan peligrosamente esta gestión del tema social a su momento de la verdad.
Una movilización social en mutación
En estas condiciones, las protestas sociales gradualmente tomaron un rumbo diferente.
Junto a la desesperada solicitud de intervención estatal, de la que la inmolación de Mohamed Bouazizi era el arquetipo, junto a la multitud de pequeñas concentraciones locales, ha comenzado a aparecer con fuerza otra demanda: que una parte de las rentas producto de recursos extraídos de una región se destine al desarrollo regional, sin esperar una hipotética redistribución repartida en cuentagotas por el Estado central.
Este es el modelo adoptado por las y los manifestantes de Tataouine que habían bloqueado la válvula de petróleo de El Kamour en la primavera de 2018 y que acaban de arrancar un nuevo acuerdo al gobierno.
Este regionalismo de los recursos, esta “kamourización” del movimiento social, ha sido emulado desde que el 9 de noviembre el jefe de gobierno Hichem Mechichi anunció la realización de una serie de consejos ministeriales dedicados a las regiones, con el fin de implementar la acuerdos ya firmados por gobiernos anteriores.
Denunciada como una dislocación del Estado por las élites de la capital, esta tendencia es la respuesta al regionalismo no reconocido del modelo económico, que asigna a las regiones del interior y del sur la vocación de suministrar recursos baratos al litoral industrial.
Se está produciendo otro cambio en el movimiento social: la laboriosa superación de la fragmentación local de las protestas. Una tendencia que se puede observar en particular en Gabès, donde desde 2012 se acumula la experiencia de un modo de movilización horizontal e informal, bajo la etiqueta Stop Pollution, para reivindicar la reubicación del complejo industrial instalado a las puertas de la ciudad.
Las movilizaciones han ido en aumento en la provincia desde el 13 de noviembre y el 3 de diciembre, una de las figuras de Stop Pollution, Khayredine Debbaya, anunció la formación de una coalición de las protestas locales.
“Por fin ha nacido el marco con el que soñamos coordinar todas las luchas de la provincia”, expresaba con alegría entonces. «El gobierno no va a examinar todas las situaciones locales», explicó a los manifestantes, sino a tratar con toda la región. “¡Este es el momento de superar nuestras divisiones y unificar nuestras luchas! »
Pero esta convergencia no debería simplemente superar las pequeñas rivalidades locales. También debe imponerse ante el afán de la UGTT de acaparar la representación de la cuestión social, aunque la organización se ve desbordada por las movilizaciones de categorías que no representa, ya que es, por lo esencial, el sindicato del sector público.
Slim Tissaoui, asesor de asuntos sociales del jefe de Gobierno y ex sindicalista, no dudó en acusar al movimiento de las «coordinadoras», como el de Gabès, de «devolver a Túnez a la edad de piedra».
Financiada de hecho por el Estado, que le entrega las cotizaciones deducidas en origen, la UGTT aprovecha su papel histórico en la estabilización política del país para negociar la protección del sector público en el marco de las reformas económicas.
La emergencia de una capacidad de organización desde abajo, cuyas prioridades no serían necesariamente las mismas que las suyas, pondría en tela de juicio su posición.
Organizando huelgas generales de un día en Béja el 25 de noviembre, en Kairouan el 3 de diciembre, luego en Jendouba el 4 de diciembre, el día después de la muerte de un joven médico interno que cayó en el hueco de un ascensor en el hospital local, la central sindical muestra su capacidad de movilización y captura el descontento social, pero sin crear una real correlación de fuerzas con el gobierno.
El parlamento como objetivo
Pero el principal obstáculo para el tratamiento de la cuestión social es la propia política, que no cumplió su promesa de febrero de 2011: traducir el cambio de régimen en progreso social.
Hace diez años, el incendio iniciado en Sidi Bouzid se había extendido por un tejido social saturado de humillaciones e injusticias antes de converger con otras frustraciones, en particular políticas por la restricción de libertades, hacia la institución que fue a la vez instrumento y símbolo del régimen: el Ministerio del Interior.
Esta vez, es hacia la clase política y más precisamente el Parlamento a quien se dirige la ira.
Lo que debería haber sido el taller de las transformaciones del país se ha convertido en el símbolo de la impotencia, el compromiso y la degradación de la vida pública, como ilustran los dos últimos escándalos hasta la fecha.
El informe del Tribunal de Cuentas sobre las últimas elecciones confirmó delitos electorales (en particular, financiación extranjera) que deberían, de acuerdo con la ley, justificar la remisión del expediente a la justicia y la cancelación de las listas implicadas, en este caso, las de los dos partidos principales: Qalb Tounes y Ennahda, y la celebración de nuevas elecciones para renovar los escaños vacantes.
Este informe es o bien una bomba atómica, ya que nuevas elecciones romperían la configuración política actual y probablemente fortalecerían al Partido Desturiano Libre, o un arma química ya que, de quedar sin consecuencias legales, disolvería el crédito de las instituciones garantizadoras de la calidad democrática, el órgano superior independiente de elecciones, la justicia y el Parlamento por supuesto.
En este clima ya de por sí deletéreo, la coalición al-Karama ha optado por agregar el trapo rojo del tema de los derechos de las mujeres.
Al hacer comentarios escandalosos sobre las madres solteras durante la discusión presupuestaria, el 4 de diciembre Mohamed Affes reavivó las pasiones identitarias y el 7 de diciembre los diputados de su grupo agredieron físicamente a los diputados del grupo demócrata durante una comisión dedicada a estas declaraciones hiriendo a una de ellos en la cara.
A medida que crece la tensión social y se profundiza el descrédito de las instituciones, los conflictos tribales sobre el uso colectivo de la tierra estallan en el sur, lo que continúa dramatizando la situación.
En las últimas semanas se han multiplicado los llamamientos a la disolución del Parlamento desde varios horizontes y Kais Saied está llamado a recurrir al artículo 80 de la Constitución, que le otorga poderes excepcionales.
Pero estos llamamientos a un casi golpe de Estado tienen pocas posibilidades de ser seguidos de efectos prácticos. La Constitución hace que la disolución sea muy difícil, e incluso imposible, si se aplica el artículo 80.
El Jefe de Estado, al recibir a los diputados del grupo demócrata tras los incidentes del 7 de diciembre, insistió con fuerza en su deseo de respetar la Constitución a pesar de los crecientes peligros, descartando por el momento el fantasma de una ruptura.
¿Permitirá el diálogo nacional propuesto por la UGTT para abordar todas las cuestiones pendientes desde 2011, si tiene lugar, reabsorber esta crisis sistémica, o solo ofrecerá un marco para la estabilización momentánea de nuevos equilibrios políticos, posponiendo una vez más la cuestión crucial de cómo adecuar el funcionamiento democrático y la cuestión social?
Texto original en francés: https://www.middleeasteye.net/fr/decryptages/tunisie-dix-ans-revolution-inegalites-sociales-democratie
Traducción: Faustino Eguberri para viento sur