El fin de semana pasado la atención de los medios informativos estuvo concentrada en la cobertura de las protestas de la comunidad latina en Los Ángeles contra las políticas antimigratorias del gobierno de Donald Trump. La ejecución de redadas a cargo del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de EU (ICE, por sus siglas en inglés) en dicha ciudad fue el detonante de las manifestaciones que tuvieron como consigna común la reivindicación de la dignidad de los migrantes y de su identidad cultural, su derecho a vivir en aquel territorio y su papel protagónico en la economía estadunidense.
La respuesta violenta y desproporcionada de los cuerpos de seguridad federales y las posteriores declaraciones de Trump y de su gabinete encendieron las alarmas por los riesgos que supone la legitimación de la militarización, la violencia y la discriminación contra los latinos en el país vecino.
Las tensiones por las redadas se han extendido desde Los Ángeles a otras ciudades importantes de EU. Sin embargo, el principal centro de resistencia es esa ciudad de California, que es la urbe con mayor cantidad de hispanohablantes en EU, en la que se han registrado imágenes cuyo dramatismo y radicalidad irremediablemente reviven recuerdos de algunos de los peores episodios de la historia de la humanidad.
El ICE, que desde 2003 ha protagonizado la deportación de inmigrantes indocumentados, ha llevado a cabo en los últimos meses un conjunto de redadas indiscriminadas que han pasado por alto consideraciones jurídicas de debido proceso y de respeto de la dignidad elementales. Estas acciones de detención masiva alrededor de centros comerciales, escuelas, barrios y centros de trabajo han fomentado la criminalización y discriminación generalizada de los migrantes, dando pie a tratos denigrantes únicamente fundados en irregularidades menores de carácter administrativo en cada uno de los casos. La estigmatización y discriminación ha llegado a niveles tan altos, que aun residentes debidamente regularizados han sido víctimas de estas medidas extremas.
Tras cinco meses del gobierno de Trump, las deportaciones deben ser entendidas no sólo como procedimiento violatorio de derechos, sino como un mensaje político de poder e intolerancia dirigido a todo el mundo. Las constantes declaraciones del presidente, así como de su secretaria de Seguridad, Kristi Noem, entre otros integrantes de su gabinete, han dejado claro el propósito de instrumentalización de la crisis migratoria como justificación para aplicar medidas de control y concentración de poder contrarias a los principios democráticos y al respeto de los derechos humanos.
Se trata de una narrativa inquietante que a escala global ha crecido en popularidad y que utiliza la crisis migratoria mundial como supuesta causal para explicar temas sociales de violencia, crisis institucional y desigualdad, fenómenos que, en realidad, tienen su origen en décadas de políticas de Estado que debilitaron la capacidad regulatoria de las instituciones para la garantía de los derechos sociales y económicos, así como la redistribución del ingreso.
Estudios e instituciones coinciden en que hoy la población migrante en EU representa entre 17 y 20 por ciento de la población total del país, que aporta cerca de 8 por ciento del PIB considerando sólo su ingreso y capacidad de consumo, pero dicha cifra no alcanza a expresar el valor agregado de su trabajo en actividades económicas primarias, secundarias y terciarias. Además, el American Inmigration Council estima que los migrantes en EU pagan 19.25 por ciento de los impuestos federales, por lo que buena parte de las finanzas públicas de dicho país dependen de esta población.
Aun dejando de lado que las medidas antimigratorias en EU representan un ataque contra la base laboral que sostiene a la economía de dicho país, es alarmante que el mensaje detrás de las políticas agresivas y restrictivas sea una intolerancia de raíz supremacista nativista.
Es urgente, por tanto, llamar a la sociedad global a reflexionar sobre esta problemática presente no sólo en EU, sino en el mundo entero, en especial frente a condiciones de desplazamiento humano cada vez más agudas debido a los conflictos bélicos, invasiones armadas, violencia provocada por grupos de crimen organizado, condiciones económicas cada vez más precarias y catástrofes cada vez más agudas provocadas por el cambio climático.
Es menester defender el libre tránsito como derecho humano y reconocer en los esfuerzos por la regularización de la migración una condición para facilitar el acceso a servicios públicos y sociales del Estado, pero nunca una justificación para la criminalización, persecución, intolerancia y violencia. En la dimensión política, la ciudadanía no debe dejar de exigir a las autoridades de cada país la creación de políticas de cooperación internacional que atiendan las necesidades y problemáticas en los países de origen para que la migración humana sea efecto de la voluntad y no un producto fatal de la necesidad.
Debemos permanecer atentos frente a la difusión de narrativas que atentan contra los derechos humanos en nuestro entorno y ejercitar nuestra capacidad de autorreflexión como sociedad, pues no podemos perder de vista que lo que ocurre en EU con los migrantes también sucede en nuestro país, especialmente con la población centroamericana y del caribe en tránsito, que padece la violencia del crimen organizado y la aquiescencia de las autoridades.