La directora de la Agencia Antidrogas Estadounidense (DEA), Michele Leonhart, presentará su renuncia a causa de las revelaciones sobre los vínculos entre paramilitares y narcotraficantes colombianos con agentes estadounidenses, informó la cadena CBS.
Estos agentes habrían recibido rifles AK47 por parte de paramilitares con quienes se reunieron en zonas selváticas, y las mantuvieron en las instalaciones de la agencia en la capital colombiana.
Un informe del Departamento de Justicia publicado el 26 de marzo indicó que los agentes de la DEA participaron durante varios años en «fiestas sexuales» con prostitutas contratadas con el dinero de los cárteles de la droga en edificios gubernamentales.
El informe, de 139 páginas y elaborado por el órgano de control del Departamento de Justicia, recoge «múltiples acusaciones» que involucran a varios agentes de la DEA en «fiestas sexuales» con prostitutas mientras trabajaba en oficinas en el extranjero.
Son 13 los agentes de la DEA implicados y ninguno fue expulsado según este documento, que demuestra cómo la sanción más severa sólo fue de 10 días.
El testigo que proveyó la información dice que los agentes le pagaron por organizar hasta 20 fiestas con prostitutas, cuidar sus fiestas, y hasta rentar instalaciones que después se usarían para las fiestas sexuales.
Leonhart ya había sido citada al Congreso la semana pasada para rendir cuentas. Luego de dos audiencias, legisladores de ambos partidos publicaron un comunicado señalando que habían perdido la confianza en Leonhart.
La OIG determinó que tres agentes de la DEA recibieron costosos regalos de los carteles, entre ellos armas de fuego y fuertes sumas de dinero. De acuerdo a la OIG, la DEA había adelantado una investigación interna entre 2009 y 2010 en la que policías colombianos acusaron al menos diez agentes de la agencia antidrogas de participar en fiestas pagadas por narcotraficantes y solicitar el servicio de prostitutas.
El informe que había adelantado la DEA reflejó que los implicados son un asistente director regional, un agente especial encargado, seis agentes especiales supervisores y dos agentes especiales.
Por su parte, el presidente de la Comisión de Gobierno y Vigilancia de la Cámara de Representantes, Lincoln Chaffestz, dijo que esta es una acción que no pueden ignorar, «debe existir un mecanismo para poder despedir de inmediato a los involucrados, así ocupen el puesto que ocupen. El Congreso llegará al fondo de esta cuestión». A los implicados se les castigó con solo dos semanas de suspensión.