Las estadounidenses no dejarán de abortar, pero en muchos estados ahora lo harán de forma ilegal e insegura. La anulación del derecho al aborto por decisión del Tribunal Supremo de Justicia es, sin duda, un triunfo del supremacismo blanco y las más perjudicadas serán las mujeres más vulnerables.
La decisión del Tribunal Supremo de Justicia deja en manos de cada estado decidir sobre los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. En 26 de ellos, que están en manos de gobernadores conservadores o republicanos, ya han aprobado leyes contrarias al aborto o que lo prohíben totalmente listas para ser aplicadas cuando la máxima corte de Justicia del país tumbara la mítica sentencia Roe contra Wade, cosa que ocurrió el viernes 24.
El fallo tendrá un efecto devastador sobre millones de mujeres, pero especialmente sobre las más pobres y en las racializadas: las negras, latinas y en general en las de origen humilde y/o migrante. Afectará a unas 40 millones de mujeres y niñas en edad reproductiva, que podrían dejar de tener acceso al aborto. La Federación Internacional de Planificación Familiar (IPPF),calcula que la mortalidad de las mujeres podría incrementarse un 14%. La peor parte, añaden, la sufrirán las mujeres afroamericanas, en las que el riesgo de morir durante el parto se multiplica por tres en la actualidad.
«Sabemos con certeza que prohibir el aborto no significa menos abortos y que cuando se promulgan prohibiciones, mueren mujeres y personas embarazadas, como hemos visto en todo el mundo, más recientemente en Polonia. También sabemos que aquellas que no pueden acceder a la atención del aborto legalmente se verán obligada a utilizar métodos no regulados e inseguros, lo que podría provocar daños graves o incluso la muerte», afirma el médico Álvaro Bermejo, director de IPPF.
El voto de la Corte era previsible debido a la ideología de los magistrados que la componen, que es ultraconservadora, tras una estrategia bien diseñada por elexpresidente Donald Trump, que impuso a magistrados de esa ideología hasta el último día de su mandato, como fue el caso de Amy Coney Barret, en sustitución de la progresista Ruth Bader Ginsburg, fallecida poco antes de las elecciones en las que Trump fue derrotado.
Es una nueva derrota del presidente demócrata Joe Biden y un triunfo del supremacismo blanco , que tiene mucho que ver con el racismo. Es también una medida ejemplarizante para todo el mundo y dice muchas cosas de la geopolítica, ya que no solo ocurre en Estados Unidos, sino que se trata de grupos fundamentalistas y son acciones colectivas y se deciden en espacios internacionales donde planifican campañas y acciones.
La decisión en el caso impulsado por el estado de Mississippi, conocido como Dobbson vs. Jackson, contó con cinco votos a favor, cuatro de ellos varones. Sólo tres juezas se opusieron a desconocer la IVE como derecho constitucional “con pena, por esta Corte, pero todavía más por los millones de mujeres norteamericanas que hoy perdieron una protección constitucional fundamental», advirtieron.
Los jueces Samuel Alito, Clarence Thomas, Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh y Amy Coney Barrett y el presidente del cuerpo, John Roberts. Gorsuch, Kavanaugh y Coney Barrett fueron propuestos y designados durante el mandato de Donald Trump.Thomas, por otra parte, hace 30 años ya había votado en favor de anular el fallo de 1973.
«La Constitución no hace referencia al aborto, y ningún derecho. del estilo está protegido implícitamente por ninguna provisión constitucional» que abogue por «derechos no mencionados en la Constitución» pero estén «implícitos en el concepto de libertad ordenada», aseguró el voto de Alito.
Uno de los votos conservadores, además, advierte que el máximo tribunal debería también reconsiderar los fallos que garantizan -hasta ahora- el acceso a la anticoncepción y protegen los matrimonios entre personas del mismo sexo. La decisión, que deshace cincuenta años de derechos de las mujeres en territorio estadounidense y podría tener impacto global, sobrevino como respuesta al pedido del estado de Mississippi, que buscaba prohibir la IVE después de la semana 15 de gestación.
En Estados Unidos no existe una legislación nacional sobre el derecho al aborto. La protección de este derecho a la salud reproductiva la abrió una sentencia del Tribunal Supremo (el mismo que ahora la tumba). La sentencia, que se conoce como Roe contra Wade, es de 1973. Es decir que data de hace casi 50 años.
Los magistrados en su fallo justifican la medida, afirmando que la Constitución, un texto escrito en el siglo XVIII cuando no existían los derechos humanos ni las mujeres eran sujetos de derecho, «no otorga» este derecho. Apenas una hora después de que el Supremo tumbara el derecho al aborto, al menos tres estados ya habían prohibido el aborto en todas sus formas.
La prohibición del aborto no supone que se realicen menos abortos, tal como han constatado los expertos en planificación familiar y de las organizaciones que luchan por los derechos sexuales y reproductivos, sino que éstos serán más difíciles de realizar, ilegales y de alto riesgo para la vida de las mujeres.
Ahora, cada estado podrá decidir sus propias medidas y esto puede suponer que millones de mujeres no solo no tengan derecho a interrumpir sus embarazos, sino que pueden ser perseguidas, investigadas y criminalizadas, tal como ocurre en la actualidad en países como Nicaragua o el Salvador, donde muchas mujeres han acabado en prisión por sospecha de aborto.
Tras el fallo en contra de la protección del derecho al aborto, los estados deMisuri, Kentucky, Luisiana y Dakota del Sur prohibieron la interrupción del embarazo el mismo viernes, mientras otros 22 estados podrían hacerlo en el corto plazo. Los cuatro estados habían aprobado leyes desancadenantes, que permitieran prohibir el aborto en cuanto la Corte resolviera en ese sentido.
El aborto seguiría siendo una práctica legalmente protegida en estados de la costa oeste comoCalifornia (cuyo gobernador propuso consagrar el derecho al aborto en la Constitución estadual), Nevada, Oregón y Washington. También, en el noreste y unos pocos territorios del medio oeste y el sudoeste, como Illinois, Kansas, Minnesota y Nuevo México.
Lo curioso es que en Estados Unidos, sólo uno de cada 10 ciudadanos están a favor de la prohibición del aborto en todos los casos, mientras que la mayoría está a favor de que sea legal en todas o en la mayoría de las circunstancias, señaló un sondeo de AP-NORC Center for Public Affairs Research.
A la vez, las encuestas indican que gran parte de la población apoya restricciones para el acceso a la IVE, en los últimos meses de la gestación. En tanto, más del 90 por ciento de las interrupciones de embarazos se realizan en las primeras 13 semanas de embarazo, y más de la mitad se llevan a cabo de manera medicamentosa, es decir, no quirúrgica, detallan estudios del Insituto Guttmacher.
De acuerdo con este instituto especializado en investigación de derechos sexuales y reproductivos, en algunos estados la clave estará en normas restrictivas que quedaron sin efecto en 1973, o bien en nuevas leyes que limitarán fuertemente la IVE. En tanto, en otros territorios la clave son las leyes desencadenantes, como la que convirtió a Misuri en el primero en restablecer la prohibición.
A partir de este fallo en muchos estados mujeres y niñas serán obligadas a llevar a término sus embarazos aunque éstos sean fruto de violación o incesto. A pesar de que el feto tenga malformaciones incompatibles con la vida o de que la madre necesite tratamiento o un aborto por tener un enfermedad como un cáncer.
Leyes de distintos estados republicanos permitirán la investigación de las mujeres, que pueden incluir las búsquedas que realicen en redes sociales o el uso de aplicaciones online para seguir su ciclo menstrual, o tener que comparecer ante a justicia por un aborto espontáneo en incluso acabar en prisión.
Para Elizabeth Schlachter, de IPPF, no se trata solo del movimiento contra el aborto en los EEUU, sino de un esfuerzo global concertado y calculado por parte de extremistas religiosos y conservadores anti-mujeres, anti-género, anti-LGBTQI+ y anti-negritudes, que están usando dinero opaco y medios antidemocráticos para negar a las personas su derecho humano a la atención médica, la igualdad, la autonomía corporal y, en última instancia, la libertad».
*Integrante del Observatorio de Estudios Macroeconómicos de Nueva York, asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE)