El gobierno de Estados Unidos observa con inquietud la crisis política de Kenia, uno de los más antiguos y fieles aliados del país norteamericano en la convulsionada África oriental. El gobierno de George W. Bush envió el viernes pasado a Nairobi al subsecretario de Estado para Asuntos Africanos, Jendayi Fraser, en un intento por mediar […]
El gobierno de Estados Unidos observa con inquietud la crisis política de Kenia, uno de los más antiguos y fieles aliados del país norteamericano en la convulsionada África oriental.
El gobierno de George W. Bush envió el viernes pasado a Nairobi al subsecretario de Estado para Asuntos Africanos, Jendayi Fraser, en un intento por mediar entre el reelecto presidente Mwai Kibaki y el líder opositor Raila Odinga, quien denuncia un fraude masivo en las elecciones del 27 de diciembre.
La violencia que enfrenta a la etnia kikuyu, a la que pertenece Kibaki, y a los luos, seguidores del candidato derrotado, ya ha cobrado más de 1.000 vidas y provocó el desplazamiento forzoso de casi 300.000 personas.
A pesar de las abrumadoras evidencias de fraude electoral, el embajador de Estados Unidos en Kenia se apresuró en felicitar a Kibaki. Washington debió dar marcha atrás en los días siguientes, en los cuales la espiral de violencia envolvió al país.
El 2 de enero, la secretaria de Estado (canciller) de Estados Unidos, Condoleezza Rice, y su par británico David Milliband se unieron a la Unión Africana (UA) en un llamado para poner fin al conflicto étnico y para que se llegara a un «compromiso» entre los líderes políticos que «coloque en primer lugar los intereses democráticos de Kenia».
Indicios de avance en los esfuerzos para poner fin a la violencia y llegar a algún acuerdo de gobierno compartido determinaron que Fraser –quien se reunió con Kibaki y Odinga– prolongara su estancia en Kenia, según anunció este martes el Departamento de Estado en Washington.
Pero la decisión unilateral del presidente de nombrar al vicepresidente y 17 ministros del gabinete para los próximos cinco años arrojó más gasolina al incendio.
Sobre todo, porque fue anunciada en vísperas de la llegada del presidente de la UA, John Kufuor, quien está a cargo del intento de mediación.
El portavoz de la cancillería estadounidense, Sean McCormick, dijo que la actitud de Kibaki fue «decepcionante» y enfatizó que ambos bandos deben «encontrar la forma de abrir un canal de diálogo, para llegar a una solución aceptable que les permita salir de esta crisis».
Kenia ha servido como un anclaje para los intereses comerciales y geoestratégicos de Estados Unidos en África oriental y recibió una considerable ayuda militar.
La desestabilización del país como consecuencia de las tensiones étnicas genera una seria preocupación en los círculos de poder en Washington.
«Kenia es muy importante para Estados Unidos», señaló Michelle Gavin, experta en asuntos africanos del no gubernamental Consejo para las Relaciones Exteriores, con sede en Nueva York.
«La perspectiva de un Estado ‘inviable’, que se sume al espacio ya ocupado por Somalia con ese carácter, es sumamente problemática», agregó.
Kenia ha sido un estrecho aliado en la «guerra contra el terrorismo» fogoneada por Washington e incluso víctima de ella antes de los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York y Washington.
Más de 200 personas murieron y varios miles resultaron heridas en el atentado de la organización terrorista Al Qaeda contra la embajada de Estados Unidos en Nairobi en 1998.
En 2002 sufrió otros dos ataques. Uno contra el hotel Paraíso en la ciudad de Mombasa, de propiedad israelí, en el que murieron 13 personas, 10 de ellas keniatas. También hubo un atentado contra un avión israelí que acababa de despegar del aeropuerto de la capital.
En los cinco años posteriores a los atentados, Kenia se convirtió en el segundo mayor receptor –detrás de Nigeria– de ayuda militar, de seguridad y contraterrorista de Estados Unidos. En 2004, recibió alrededor de 80 millones de dólares, según un estudio del Centro para la Integridad Pública, con sede en Washington.
Esa suma se ha mantenido estable desde entonces, según documentos de la cancillería estadounidense y el Departamento (ministerio) de Defensa.
Incluso, en octubre de 2006, el gobierno de Bush dejó de lado restricciones al entrenamiento de oficiales de las fuerzas armadas de Kenia, impuestas cuando este país se negó a firmar un acuerdo que pondría al personal estadounidense fuera de la jurisdicción del Tribunal Penal Internacional.
Aunque Nairobi se rehusó a adoptar duras leyes antiterroristas auspiciadas por Estados Unidos, colaboró estrechamente con Washington para perseguir, detener y, en algunos casos deportar, a sospechosos, especialmente luego de los atentados de 2002.
Este grado de cooperación irritó a la comunidad musulmana, que habría votado mayoritariamente a favor del opositor Odinga.
Kenia ha ofrecido desde hace mucho tiempo acceso al puerto de Mombasa a buques de guerra estadounidenses. Más recientemente, otorgó permiso a aviones de combate de Estados Unidos para operar desde sus aeropuertos, principalmente para las operaciones realizadas en Somalia a principios de los años 90 y para ayudar a los etíopes a derrotar a insurgentes islámicos.
Kenia también entregó a 40 personas sospechosas de ser militantes islámicos al gobierno de Somalía, apoyado por Etiopía, e incluso a las autoridades de este país en Addis Abeba. También puso en custodia de Estados Unidos a sospechosos de los ataques de 2002, quienes fueron transferidos a la prisión de Guantánamo.
Además, «cada vez que hay una crisis humanitaria en la zona, toda la ayuda pasa a través de Kenia», dijo David Shinn, un ex embajador que pasó la mayor parte de su carrera en África oriental.
Asimismo, la región austral de Sudán, que podría acceder a la independencia en 2011, ha reorientado su comercio exterior, incluyendo la posible exportación de petróleo por oleoducto, hacia Mombasa.
«Al menos en teoría, Kenia se volverá más, no menos, importante para Estados Unidos», agregó.
Washington identificó a Kenia como modelo económico para el resto de África.
La recesión de los años 90 dio paso a un saludable crecimiento, aunque Gavin señaló que la brecha entre ricos y pobres se agrandó durante la presidencia de Kibaki, en parte a causa de la corrupción desenfrenada, a la que Estados Unidos y otros países occidentales no le prestaron la atención que debía.