La detención en suelo estadounidense de tres acusados de violar los derechos humanos en Perú y Argentina, puso de relieve una larga lista de represores que viven e incluso trabajan en Estados Unidos mientras sus países los reclaman para juzgarlos o encarcelarlos. Los peruanos arrestados son el ex mayor Telmo Hurtado, convicto en Perú por […]
La detención en suelo estadounidense de tres acusados de violar los derechos humanos en Perú y Argentina, puso de relieve una larga lista de represores que viven e incluso trabajan en Estados Unidos mientras sus países los reclaman para juzgarlos o encarcelarlos.
Los peruanos arrestados son el ex mayor Telmo Hurtado, convicto en Perú por la denominada «Masacre de Accomarca» de 1985, detenido el 30 de marzo en Miami por fraude migratorio, y Juan Rivera Rondón, vinculado a la misma matanza y detenido en Baltimore (Maryland, este).
El tercero es el argentino Ernesto Barreiro, acusado de torturas en el centro de detención clandestino «La Perla» de la dictadura argentina (1976-1983) y uno de los instigadores del alzamiento militar «carapintada», detenido en Arlington (Virginia, oeste), también por fraude migratorio.
En los tres casos, las detenciones fueron por delitos o problemas migratorios y no por las violaciones a los derechos humanos que se les imputan en sus países de origen, según explicaron a la AFP fuentes de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE).
Las leyes estadounidenses no permiten juicios por asesinatos sumarios o torturas cometidas en el extranjero antes de 1994.
Estos individuos cierran una larga lista de acusados de violaciones a los derechos humanos que residen de forma pública u ocultos en Estados Unidos, según organizaciones de derechos humanos.
Quizá el caso más sonado sea el del anticastrista Luis Posada Carriles, condenado en Venezuela por el atentado contra un avión de Cubana de Aviación en 1976, quien tras pasar varios años en la cárcel se fugó en 1985.
Reapareció en Panamá donde también fue apresado por planear un atentado contra el presidente cubano Fidel Castro en 2000, y en 2003 fue indultado por la presidenta panameña Mireya Moscoso e ingresó a Estados Unidos de manera ilegal, delito por el cual fue juzgado y que le valió una orden de deportación.
Este viernes una magistrada federal en Texas (suroeste) le concedió libertad condicional, aunque la agencia de control de Inmigración y Aduanas (ICE), que tiene una orden de deportación contra el militante, de 79 años de edad, por entrar ilegalmente al país en marzo de 2005, expresó «decepción» con la decisión y aseguró que no lo soltará.
Armando Fernández Larios, miembro de la «Caravana de la muerte» durante la dictadura de Augusto Pinochet en Chile, hallado responsable en 2003 en un juicio en Florida (sureste) de torturar y matar al economista chileno Winston Cabello, fue condenado a pagar cuatro millones de dólares a familiares de la víctima, según datos de la organización que patrocinaba a los parientes.
El Centro para la Justicia y la Responsabilidad (CJA por sus siglas en inglés), que sigue causas en Estados Unidos contra extranjeros violadores o presuntos violadores de derechos humanos, señaló a la AFP que según entienden, Fernández Larios todavía reside en Florida.
Alvaro Saravia, denunciado por participar en el asesinato del arzobispo salvadoreño Oscar Romero en 1980, fue condenado en setiembre de 2004 en Estados Unidos a pagar 10 millones de dólares a un familiar del prelado, al ser encontrado culpable de participar en el homicidio.
Según el CJA, tras abandonar su casa en California en 2003, su última reaparición fue en una entrevista al periódico El Nuevo Herald, que se edita en Florida. Su paradero es desconocido.
Juzgado en 2006 por actos de violencia cometidos en Haití actuando dentro de la paramilicia FRAPH (Frente Revolucionario para el Avance y el Progreso de Haití), Emmanuel «Toto» Constant fue condenado a pagar 19 millones de dólares a tres mujeres víctimas de esa organización.
Tras vivir 12 años en Queens, Nueva York, actualmente se encuentra en prisión por delitos menores, señaló el CJA. Su salida de prisión se espera para junio y luego entrará en proceso de deportación por ser un inmigrante convicto.
El ex presidente boliviano Gonzálo Sánchez de Lozada, que tiene cargos en su país por peculado y genocidio tras la represión de una rebelión popular que dejó 63 fallecidos en 2003, reside legalmente en Washington, donde se refugió tras ser derrocado.
Bolivia viene pidiendo a Washington que lo entregue en extradición.
De su lado, el peruano Hurtado y el argentino Barreiro, deberán responder ante la Justicia estadounidense por fraude migratorio, y de ser hallados culpables podrían recibir una pena de prisión de hasta 10 años que deberían cumplir en Estados Unidos, tras lo cual serían puestos en proceso de deportación, explicó Michael Keegan, portavoz del ICE en Washington.
Rivero por su parte ya se encuentra en proceso de deportación, un trámite que puede tomar hasta un mes.