En el marco de la celebración del Ramadán el presidente egipcio Abdel Fattah al-Sisi, el sábado primero de abril, compartió la cena de ruptura del ayuno, conocida como el Iftar, y en conmemoración de los cincuenta años de la victoria en la guerra de 1973, contra el engendro sionista y sus mandantes, junto con los efectivos militares del comando antiterrorista y el del segundo y tercer ejército de campaña, acantonados al este del Canal de Suez, junto a los jefes de las poderosas tribus locales.
Además visitó varios puestos de seguridad en el Sinaí acompañado por el Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, el Ministro de Defensa y Producción Militar y el Jefe de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, para tener una impresión directa sobre la moral, las condiciones de vida y administrativas de las tropas destinadas a ese sector de la península, encargadas de la represión a la banda terrorista Wilāyat Sinaí (Provincia del Sinaí) tributaria del Dáesh, Khatiba reconvertida de los restos de la antigua Ansar Bait al-Maqdis (Seguidores de la Casa Sagrada), que han protagonizado múltiples, sangrientos y recordados atentados no solo en la península, sino también en otros puntos de la geografía egipcia incluyendo la capital, El Cairo.
Desde hace cinco años, tras el lanzamiento de la Operación Sinaí 2018, que más allá de su nombre abarca también el norte del delta del Nilo y el Desierto Occidental, en la frontera con Libia. La guerra en la que el exgeneral al-Sisi se ha embarcado y de cuyo desarrollo y resultado se mantiene absoluto hermetismo, ya que la prensa tiene vedado, desde el primer día, el acceso al teatro de operaciones.
Más allá de ese bloqueo, a lo largo de estos cinco años se han conocido detalles sobre acciones de las tropas regulares respecto al tratamiento de los prisioneros y la población local que podrían, claramente, catalogarse como “guerra sucia” inspirada en la peor teoría del combate antiinsurgente de las guerras francesas en sus colonias, como en Argelia o Indochina y la que los Estados Unidos lleva practicando desde Vietnam hasta la actualidad, contando obviamente el desastre de Afganistán, que sólo se puede comparar con la victoria del Vietcong en 1975.
Es por ello que el presidente al-Sisi, más allá de la cobertura mediática y judicial que brinda a sus tropas, ha profundizado la presencia de las fuerzas armadas en todos los estamentos, no solo del Estado, sino de la industria y el comercio del país. Una tradición ya iniciada en los tiempos del coronel Abdel Gamal Nasser y continuada por sus sucesores, los generales Anwar el-Sadat, Hosni Mubarak y más allá del breve interregno de poco más de un año de Mohamed Morsi, entre 2012-2013, y su extraña mixtura entre el más execrable del neoliberalismo de la Escuela de Chicago y el wahabismo fundamentalista de los Hermanos Musulmanes, que terminaría generando un nivel de inestabilidad en el país que acabó con un golpe de Estado ejecutado por el mismo al-Sisi, entonces Ministro de Defensa y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, a quien más tarde, el hecho de haber despertado un profundo fervor de estilo nasseriano en los sectores bajos de la sociedad, le permitió imponerse en elecciones democráticas en 2014 y 2018.
Durante el gobierno de al-Sisi el rol de las fuerzas armadas en el ámbito privado ha crecido de manera sustancial, a pesar de la extrema complejidad económica que vive el país, con lo que de algún modo retribuye una lealtad hasta ahora inquebrantable, permitiéndole gobernar, más allá de una fachada democrática, a su real antojo, al tiempo que su doctrina se aferra fuertemente a la creencia de que es el modo de construir un Egipto moderno.
Hoy en día los militares son dueños de cientos de industrias, empresas y comercios que escapan por mucho a las actividades industriales típicas de ejércitos nacionales, como podría ser la fabricación de armamento, vehículos blindados, tanques de guerra, aviones helicópteros o equipos de comunicación, con productos que de manera cotidiana consumen los 110 millones de egipcios, tan diversificados como estaciones de servicio Circle K, donde además de gasolina a bajo precio hay venta de herramientas y hasta servicios de cafetería, o la cadena de comidas rápidas Chill Out y otras franquicias similares como 7/11, empresas constructoras o dedicadas a la cría de peces.
En estos últimos años las empresas de capitales militares se han comenzado a trasladar a algunos de los muchos de los centros comerciales construidos sobre las nuevas rutas y autopistas del país: Malls que lejos de la sobriedad castrense albergan locales de empresas internacionales como McDonald’s o Dunkin’ Donuts.
Otras variantes de la diversificación de los negocios militares se expresan en emprendimientos como clubes y centros turísticos que, de uso exclusivo para oficiales, han sido abiertos al público en general. Este año el ejército va a explotar un complejo de fabricación de fertilizantes a orillas del Mar Rojo además de usinas lácteas y panificadoras en el norte del país y una planta de tratamiento y reciclaje de desechos en el sur.
En algunos sectores el ejército maneja desde la fabricación hasta la venta minorista en supermercados y tiendas departamentales, de su propiedad, como la marca Sun Mall, ahora transformada en una cadena con docenas de sucursales donde se vende desde agua natural a camarones congelados, carnes y pescado, pasta de azúcar y macarrones de elaboración propia.
Más allá de la multiplicidad de empresas, el Gobierno reconoce la existencia de unas 80 registradas formalmente. Tal actividad ha permitido a las fuerzas armadas sortear con relativo éxito la grave crisis económica que sufre el país desde los tiempos de Mubarak, desde que el FMI convirtió al país en unos de sus tantos rehenes alrededor del mundo.
A la hora de matar
Los hombres del general al-Sisi, parecen ser tan efectivos a la hora de matar como cuando fabrican macarrones, y las denuncias, aunque a cuentagotas, no paran de llegar respecto a sus acciones claramente de lesa humanidad.
En un informe de 134 páginas Human Rights Watch (HRW) detalla que su investigación de más de dos años ha detectado que los abusos de las fuerzas de seguridad en operaciones han causado muertes y heridas a miles de personas, que además de los muyahidines y las fuerzas de seguridad incluyen civiles. En la investigación se han detectado además de crímenes detenciones arbitrarias y masivas, secuestros y desapariciones, torturas, ejecuciones extrajudiciales, además se sospecha que a lo largo de la guerra que se comenzó a incrementar en 2013, se han producidos ataques aéreos y terrestres contra poblaciones civiles. Un clásico de este tipo de operaciones experimenta el concepto de Mao Zedong conocido como “quitarle el agua al pez”, que se entiende como destruir el contexto de protección de la insurgencia, particularmente el popular, castigando a la población civil con detenciones y desapariciones y en segunda instancia el geográfico, como la quema y destrucción de bosques, espesuras y cualquier lugar donde puedan guarecerse. Lo que provoca además el desplazamiento forzoso que, en el caso del Sinaí, a pesar de ser miles de personas, ninguna entidad ha podido medirlas con exactitud.
El informe de HRW señala que las fuerzas militares y policiales han sido responsables en la mayoría de los abusos, registrados, aunque es cierto que los takfiristas han cometido una importante cantidad de acciones criminales particularmente crueles, como el secuestro y la tortura de decenas de residentes y el asesinato selectivo de integrantes de las fuerzas regulares o sus parientes, localizados en sus viviendas, y la ejecución de miembros de las fuerzas de seguridad que mantenían en cautiverios. Al tiempo, la HRW marca que el ejército ha demolido centenares de viviendas civiles para “limpiar” áreas de presumible actividad terrorista, además de haber detectado instalaciones militares secretas de detención y tortura. Junto a la prohibición de informar de manera independiente los sucesos en el marco de la acción militar, particularmente en el norte del Sinaí, bajo pena de ser procesado y encarcelado, como sucedió a varios periodistas locales. También se han detectado, enfrentamientos de un elevado nivel armado en los que se han violado leyes internacionales y nacionales, razón a la guerra y el respeto a los derechos humanos.
Se estima que el Gobierno egipcio tiene desplegados sólo en el Sinaí Norte, con una población de 500.000 almas, unos 40.000 hombres, además unidades navales, aéreas y de infantería. El alto mando también ha coordinado despliegues con los sionistas, permitiendo que realice ataques aéreos dentro del Sinaí contra objetivos de militantes, según informes de los medios.
Además se ha constatado que el ejército ha mantenido en cautiverio y aislamiento, en condiciones aberrantes sin ningún control judicial, incluso a niños menores de doce años junto a detenidos mayores. Según HRW, en la base militar de al-Galaa, existe una cárcel secreta que ha mantenido hasta mil prisioneros, con la clásica característica de la falta de alimentación, agua y atención médica, y superpoblación de detenidos.
El gobierno de al-Sisi no ha dado a conocer cifras de víctimas civiles ni ha admitido públicamente ninguna irregularidad, más allá de la calidad de sus macarrones.
Guadi Calvo es escritor y periodista argentino. Analista Internacional especializado en África, Medio Oriente y Asia Central. En Facebook: https://www.facebook.com/lineainternacionalGC.
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