Traducido del portugués para Tlaxcala por Àlex Tarradellas
Organizaciones árabes y de Oriente Medio acusan al despacho del Alto Comisariado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) de haber colaborado en una operación policial que causó la muerte de por lo menos 25 refugiados sudaneses en una plaza central de El Cairo, en el último viernes. Los refugiados, incluidos mujeres y niños, acampaban en un parque del distrito Mohandiseen hace tres meses en protesta por el mal tratamiento recibido por parte de ACNUR y exigían ser inmediatamente llevados para un tercer país, como les habían prometido.
Pero en el atardecer del viernes, una fuerza policial de aproximadamente cuatro mil efectivos cercó el campamento de los sudaneses. Los policías lanzaron fuertes chorros de agua y pegaron indiscriminadamente. Centenas de personas fueron arrastradas hasta los coches y llevadas a los cuarteles y otros destinos desconocidos. El enfrentamiento dejó 25 muertos.
Organizaciones civiles egipcias condenaron el uso de la fuerza, en una declaración en la cual se refieren al episodio como «una masacre» y «un verdadero crimen cometido por las fuerzas de seguridad egipcias con colaboración de ACNUR contra refugiados desarmados, en su mayoría mujeres, niños y ancianos». Entre las organizaciones denunciantes estaban la Red Árabe para la Información sobre derechos humanos, el Grupo Egipcio Antiglobalización, el Centro el Nadim, para Rehabilitación de las Víctimas de la Tortura y el Centro de Estudios Nacionales de El Cairo.
Aproximadamente 2.500 refugiados sudaneses que escaparon de la guerra civil en su país estaban acampados en una plaza de la capital de Egipto desde el día 29 de septiembre, y afirmaban que no saldrían mientras ACNUR no decidiese enviarlos hacia algún país de Europa, según lo establecido. La violencia con que fueron tratados por la policía egipcia provocó la firme condena por parte de los intelectuales árabes como también de las diferentes organizaciones civiles y grupos defensores de los derechos humanos. Las autoridades egipcias afirman que actuaron en consulta con ACNUR y diplomáticos sudaneses en El Cairo.
Sin embargo, organizaciones defensoras de los derechos humanos, árabes y egipcias, responden que el uso de la fuerza fue absolutamente desnecesario y que la situación podría haber sido resuelta conversando con los líderes de los refugiados. Estas organizaciones están a sumar fuerzas para establecer un comité independiente que investigue lo ocurrido y para persuadir a los refugiados a abrir un proceso contra «los crímenes cometidos contra ellos y contra las violaciones de los derechos humanos que sufrieron en manos del gobierno de Egipto y de ACNUR». Los activistas también exigirán visitar los acampamentos por donde los refugiados fueron llevados para darles la asistencia médica y legal necesaria.
Desde Ginebra, ACNUR dijo que los refugiados no estaban manifestándose contra esa agencia de la ONU, pero que se habían reunido «principalmente para protestar contra sus condiciones de vida y para exigir a transferencia a terceros países». ACNUR también informó a lo largo de la crisis, que ya dura tres meses, mantuvo un diálogo constante, realizó esfuerzos de mediación y siempre afirmó que la situación debería ser resuelta de forma pacífica. «No hay ninguna justificación para esta violencia y estas vidas perdidas», dijo en su despacho en Ginebra el alto Comisariado, António Guterres, que asumió el cargo en junio de 2005.
Sin embargo, el gobierno de Egipto respondió las afirmaciones de Guterres diciendo que esa agencia había pedido a la policía que interviniese para poner fin a las protestas que venían aconteciendo delante de los despachos de ACNUR en El Cairo. La Organización Egipcia para los Derechos Humanos, una de las mayores y más antiguas de la región, dijo en una declaración en árabe que ACNUR tenía una parte de culpa. ACNUR – la principal entidad que cuida de refugiados en el mundo – «burocratizó y permitió que la tragedia de los refugiados sudaneses se extendiera por mucho tiempo», dijo la organización egipcia.
Es responsabilidad de ACNUR garantizar la seguridad de los refugiados en primer lugar, pero simplemente abandonó aquellos a los que debía proteger, exponiéndolos a la posibilidad de ser expulsados de Egipto, sugirió la entidad. Otras organizaciones internacionales de derechos humanos, como la Human Rights Watch, con sede en Nueva York, prefirieron destacar el papel del gobierno de El Cairo y no mencionaron el papel desempeñado por la agencia de la ONU o por los diplomáticos de Sudán en la masacre. «El alto precio en vidas humanas sugiere que la policía actuó con extrema brutalidad», dijo Joseph Stork, director-ejecutivo en funciones de la División para el Medio Oriente del HRW. «Una fuerza policial que actuase de manera responsable no habría permitido tal gran tragedia», acrecentó.
La HRW también afirmó que el evidente planteamiento de la operación para desalojar completamente el parque del distrito de Mohandissen demostró que la policía había actuado con base en una decisión política tomada en el más alto nivel. Como sus pares árabes y de Oriente Medio, la Human Rights Watch exige una investigación nacional que verifique todos los extractos del comando policial, incluyendo al ministro del interior de Egipto, Habib al-Adli. «Los caminos aún están manchados de sangre, y el gobierno de El Cairo ya culpa a los refugiados y los inmigrantes sudaneses. Una investigación independiente y absolutamente imprescindible para establecer las responsabilidades y castigar a los responsables», dijo Stork.
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