En febrero de 2005 un numeroso grupo de personas y organizaciones presentaron en la Audiencia Nacional española una querella criminal contra la cúpula militar de Ruanda. El juez ha dictado el pasado miércoles 6 de febrero una orden de arresto internacional contra 40 altos responsables de la cúpula político-militar de la Armée Patriotique Rwandaise / […]
En febrero de 2005 un numeroso grupo de personas y organizaciones presentaron en la Audiencia Nacional española una querella criminal contra la cúpula militar de Ruanda.
El juez ha dictado el pasado miércoles 6 de febrero una orden de arresto internacional contra 40 altos responsables de la cúpula político-militar de la Armée Patriotique Rwandaise / Front Patriotique Rwandais (APR/FPR) por su responsabilidad en crímenes de genocidio, crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra y terrorismo, entre otros, cometidos en Rwanda y la República Democrática del Congo (antes Zaire) entre 1990 y 2002. La querella fue presentada por varias organizaciones de derechos humanos tanto españolas como extranjeras lideradas por el Foro Internacional para la Verdad y la Justicia en el África de los Grandes Lagos. También la subscribían varias personalidades como Juan Carrero, Presidente de la Fundación S’Olivar de Mallorca y el premio Nóbel de la paz Adolfo Pérez Esquivel; la Federación de Comités de Solidaridad con África Negra-Umoya; y un grupo de ayuntamientos y familiares ligados a 9 victimas españolas. El juez de la Audiencia Nacional acusa a esta cúpula militar de genocidio y de haber fomentado el enfrentamiento étnico durante los años 90 entre las etnias hutu y tutsi a fin de hacer posible la toma del poder por parte de su líder Paul Kagame, actual Presidente del país, y de haber instaurado un régimen de terror. El juez considera que hay indicios suficientes como para considerar la culpabilidad penal del Presidente Kagame, pero constata que no puede emitir una orden de arresto contra él por tener inmunidad diplomática debido a su estatus de Presidente.
Las organizaciones que llevamos años trabajando para que se conozca la verdad en la zona de los Grandes Lagos, consideramos que el auto dictado por el juez de la Audiencia Nacional es un paso de enorme importancia para acabar con la impunidad en la zona y para alcanzar la paz en un área que ha sufrido más de cinco millones de muertos en los últimos diez años ante el silencio informativo. Igualmente nos congratulamos por la exposición pública de los autos, donde en sus 182 páginas se relatan de una forma muy pormenorizada los fundamentos de las condenas. Estos fundamentos, bien conocidos por las organizaciones de derechos humanos, han quedado sin embargo, siempre ocultos para el gran público, influido por las estrategias de desinformación creadas por ciertos poderes internacionales cómplices, los mismos que han gestado las guerras en el centro de África estos últimos años y cuyo único interés parece ser apropiarse de la fuente infinita de riquezas mineras del este del Congo más allá de la vida de las personas.
La Federación de Comités de Solidaridad con África Negra-Umoya se alegra de este resultado, fruto del esfuerzo de muchas voluntades, y espera que sirva para forjar un futuro de paz en los Grandes Lagos. Así mismo esta sentencia judicial nos cuestiona cómo Naciones Unidas puede seguir manteniendo como uno de los mandos de los cascos azules en Sudán al general ruandés Karake Karenzi, responsable, según la sentencia, de masacres de varios miles de personas.¡Confiamos en que finalmente pueda empezar a surgir la verdad de los hechos.