Al calor del debate en torno al pacto fiscal y antes de una manifestación del 11 de Septiembre que puede ser histórica, Toni Pizà analiza la actualidad de la cuestión nacional y abre debates para la izquierda anticapitalista. [També en català: L’anticapitalisme i l’ascens de l’independentisme català] Vivimos un tiempo de agudización de contradicciones. Cerca […]
Al calor del debate en torno al pacto fiscal y antes de una manifestación del 11 de Septiembre que puede ser histórica, Toni Pizà analiza la actualidad de la cuestión nacional y abre debates para la izquierda anticapitalista. [També en català: L’anticapitalisme i l’ascens de l’independentisme català]
Vivimos un tiempo de agudización de contradicciones. Cerca de cinco años después del inicio de la crisis sistémica actual, el choque se traduce en el debate sobre quién va a pagar los platos rotos resultantes de la irracionalidad del mercado y la búsqueda del beneficio individual. Pese a la inestabilidad política que se intuye, con Grecia y el mundo árabe como principales exponentes, la clase dirigente está usando y afilando sus herramientas económicas y políticas para transferir los costes de esta crisis a la clase trabajadora. Los ataques sociales del gobierno de Rajoy son brutales y ahondan la recesión y la situación de catástrofe social de los y las trabajadoras del Estado español. Y a nivel europeo, la receta parece ser la misma en todos los estados: la latinoamericanización (destrucción y privatización del estado del bienestar, espiral de deuda y recortes).
Aun así, las contradicciones también existen dentro de la misma clase dirigente. A nivel europeo, vemos como el centro financiero de la UE (principalmente bancos alemanes y franceses) quiere trasladar el coste a la periferia después de convertir la crisis financiera en una crisis de deuda pública.
Dentro del propio Estado español, las tensiones entre burguesías nacionales también se están incrementando, al menos en el plano político y salpicadas por motivos económicos. En los últimos meses, el debate respecto a la «llave de la caja» ha marcado fuertemente la agenda política y los debates parlamentarios (así como los medios de comunicación). La propuesta que ha sido eje político en Catalunya de los últimos meses (al menos de su política, esa que se hace en el parlamento, salpicada de espectáculo y que tiene en los medios de comunicación mainstream sus principales voceros) ha sido la del concierto económico, un sistema de financiación similar al de Euskadi o Nafarroa: capacidad impositiva propia y acuerdo bilateral sobre cuánto debe pagar la Comunidad Autónoma al Estado (por unos supuestos servicios prestados). El manido argumento de «Madrid nos roba» (que pese a ser cierto si miramos la balanza fiscal está apuntando mal al responsable de nuestra situación) ha ayudado a crear cierto sentido común que culpa al expolio fiscal que sufre Catalunya1 de los recortes y las políticas de austeridad que aplica el gobierno.
Pese a la realidad de conflicto velado entre burguesías (y pese a que la construcción del Estado español no es más que un pacto entre las mismas para sostener y consolidar sus privilegios y su poder político), la burguesía catalana usa el conflicto nacional como una válvula de escape ideológica para alzarse como los supuestos garantes de los derechos del pueblo catalán, precisamente cuando son sus principales verdugos.
El auge del independentismo
En el último Barómetro del Centro de Estudios de Opinión, publicado a finales de Junio, los resultados de la encuesta mostraron que por primera vez en la historia la ciudadanía partidaria del estado propio supera a las demás opciones. Un 51% afirma que en caso de que se produjera un referéndum sobre la independencia de Catalunya votaría que sí, frente a un 21% que votaría que no. Hay otro dato muy significativo: cerca del 70% de aquellas personas que están por el sí en un posible referéndum se definen de izquierdas2.
Los precedentes a la situación actual no son irrelevantes. Hace cerca de dos años, más de 1 millón y medio de personas salieron a la calle en Barcelona en respuesta a la sentencia sobre el Estatut de Autonomia del Tribunal Constitucional, que recortó gravemente los aspectos más progresistas del mismo3. La convocatoria, pensada como un instrumento de presión soberanista sobre el Estado español, acabó siendo desbordada por un clamor de ruptura con el autonomismo (el encaje dentro del Estado español). Por otro lado, las consultas populares sobre la independencia ayudaron a tejer toda una sentimiento de empoderamiento popular, pese a los intentos de los partidos del régimen de marcarse el tanto.
Por parte del estado, hace tiempo que se enciende y alimenta el fuego del conflicto nacional. Por ejemplo, se amenaza con la intervención de aquellas comunidades autónomas que no cumplan con sus políticas de austeridad y su dogma de recortes y déficit, pensando entre otras en Catalunya, aunque haya sido una de las alumnas aventajadas de la reacción neoliberal. Esto supondría un control directo por parte del Ministerio de Hacienda sobre las cuentas de las comunidades. No es sorprendente, pues la pulsión centralista siempre ha acompañado a cierta parte de la clase dirigente española, que aspira a un mayor poder político sobre la periferia.
Además, en la actualidad y dados los objetivos de déficit marcados, con la presión de los grandes capitales europeos y sus expresiones políticas, el Estado sigue el camino de la recentralización y la eliminación de competencias. Hace poco la UE presionaba al gobierno estatal para recentralizar el Estado y acabar con el modelo autonómico. «Las comunidades autónomas, que gestionan hospitales y escuelas y representan poco más de la mitad del gasto público, según Bruselas representan un riesgo para las posibilidades de Madrid de cumplir con su difícil objetivo de reducción del déficit de cara al 2012», afirmaba el Financial Times4. Este coctel político puede agitar la tensión nacional dentro del Estado español, como de hecho ya lo está haciendo.
La hipocresía de CiU
El giro de Convergència i Unió (CiU), que gobierna en Catalunya, parece seguir esta estela de confrontación, aunque por supuesto sólo a nivel discursivo. En el último congreso de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), uno de los dos partidos de la federación, se aprobó una ponencia ideológica en la que se decía «Queremos legar al porvenir una Catalunya libre, justa e independiente que ocupe un espacio propio en el mundo del siglo XXI». Según explicitan, el primer paso consiste en conseguir el pacto fiscal.
Nos volvemos a encontrar ante un debate similar al del Estatut, aunque en un contexto netamente diferente. La burguesía catalana, con CiU como su máximo exponente político, no busca romper con el estado. En la actualidad, siendo Catalunya la punta de lanza de la ofensiva de las clases dirigentes del estado, sólo ese giro discursivo es capaz de mantener sus resultados electorales, limpiándose aparentemente las manos de políticas destructivas de austeridad y colgándole el muerto a la opresión y al choque nacional. Como afirma Xavier Domènech en un reciente artículo, «el desgaste electoral que le supone estar en el gobierno que está a la cabeza de los recortes en todo el Estado, sólo puede ser subsanado a partir de una narrativa donde el conflicto principal ya no sea de derechos sociales versus privados, sino Catalunya versus España. Es más, se llega a afirmar que resuelta esta relación, vía Pacto Fiscal o Estado propio (aunque sobre esto último se es bastante ambiguo), toda la problemática de los recortes desaparecería»5.
Como hemos visto en Grecia y prácticamente en toda la zona euro, aunque de manera mucho más acentuada donde el conflicto de clases y la lucha en la calle y los puestos de trabajo están más agudizados, el coste electoral de la receta neoliberal de la austeridad y la depauperación de la clase trabajadora es muy duro para quienes la aplican, sean partidos socialiberales o democristianos.
Artur Mas, el presidente del gobierno catalán, hace tiempo que habla de la posibilidad de convocar elecciones anticipadas si no hay pacto fiscal. Incluso amenaza con eliminar el apoyo al gobierno en el Parlamento español, donde recordemos que el grupo de CiU ha ayudado al gobierno del PP para aprobar varios paquetes de recortes (como la vergonzosa amnistía fiscal y la Ley de Estabilidad Presupuestaria, ya sea votando a favor o absteniéndose). En estos casos CiU mostraba su verdadera cara, sus verdaderos intereses, siendo fiel a su clase por encima de cualquier interés nacional.
El posicionamiento de la patronal
El Círculo de Economía6 se ha pronunciado hace poco en contra de la propuesta de pacto fiscal de CiU. En una nota de opinión7 en la que se aplaude la austeridad («La salida de la crisis pasa, ineludiblemente, por un proceso de racionalización y ajuste de nuestro sector público que también afecta a las Comunidades» sic.) se rechaza el concierto económico en pos de una reforma del Estado de las autonomías y de su financiación que no pueda poner en juego el modelo constitucional y el centralismo, aunque se abogue por reducir el déficit fiscal de las comunidades que más aportan al conjunto del estado.
En primer lugar, la tensión entre burguesías (catalana y central) crea una situación de inestabilidad política que no interesa a medianos y grandes empresarios, especialmente en la actual situación de excepcionalidad política y económica, además de la agudización del conflicto de clases. Por otro lado, los llamamientos constantes en el texto a la «lealtad constitucional» y a mantener el actual marco legislativo constituyen una posición autonomista suave: acercarse a un modelo federal en lo económico, con un menor déficit fiscal que dé más margen a la Generalitat y una menor presión fiscal a la burguesía catalana, pero manteniendo la actual Constitución Española como cárcel de los pueblos.
Finalmente, debemos tener en cuenta que estas inconsistencias entre la clase dirigente catalana son algo perfectamente comprensible. CiU tiene la presión política constante de evitar el desgaste electoral mareando la perdiz con el «camino a Ítaca», fórmula usada por el mismo Artur Mas, que no es más que una excursión de domingo al Montseny. El Círculo de Economía, en cambio, no tiene esta presión y puede pujar directamente por lo que más le interesa: la estabilidad política que no planta cara al status quo y la mejora de su situación económica y fiscal dentro del modelo actual. Además, las diferencias de intereses también existen dentro de la propia burguesía catalana.
Conectado con lo anterior, y pese a las razones por las que gran parte de la burguesía catalana no apuesta por una ruptura con el Estado, en los últimos años hemos visto un gran auge de un independentismo fuertemente vinculado a lo económico entre algunos sectores de la patronal. Nunca antes el independentismo había tenido tanta fuerza dentro del nacionalismo catalán. Esto se puede intentar explicar debido a tres factores, principalmente.
En primer lugar, la independencia se concibe como una supuesta salida a la crisis económica. El expolio fiscal que sufre Catalunya es una razón importante de la opresión nacional: cerca del 8% del PIB de la comunidad, unos 16.000 millones, van a parar al estado central y nunca vuelven. No sorprende que el ataque por parte de estos mismos sectores a la evasión fiscal de las grandes fortunas catalanas sea inexistente, pese a que es similar al valor del expolio fiscal7; vemos nuevamente que los intereses de clase pasan para los propietarios por delante de los intereses nacionales.
Por otro lado, ciertos sectores empresariales catalanes tienen cada vez menos vínculos comerciales y económicos con el Estado español. Y aunque la Generalitat ya defiende sus intereses, les interesaría a nivel político un Estado propio que les apoyara más directamente. Hay motivos económicos para ello: las exportaciones al extranjero están aumentado mientras que las exportaciones al Estado español se están reduciendo y en 2011 por primera vez las exportaciones al extranjero han superado las estatales8.
Y para acabar, el agotamiento de la vía autonomista, que tiene su máximo exponente en la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut, así como en los últimos llamamientos a la recentralización del Estado, hacen que una parte importante de estos sectores haya abandonado la visión del encaje en el Estado español para adoptar una postura más rupturista.
Aun así, su propuesta estratégica para conseguir romper con el Estado pasa, por supuesto, por una supuesta vía parlamentaria y sin demasiados «incidentes». Nuevas formaciones como Solidaritat per la Independència apuestan por conseguir un número suficiente de diputados en el Parlamento catalán para proclamar unilateralmente la independencia. Actualmente sería imposible que el Estado español acepte por las buenas la independencia de Catalunya, más en un momento de recentralización, crisis económica y conflicto social al rojo vivo. La propuesta crea demasiadas tensiones como para aceptarla.
Es necesaria la movilización popular y masiva, una tarea de base que es la única que nos puede permitir romper con la legislación española y el marco constitucional, frente a posturas que defienden una negociación bilateral entre la Generalitat y el Estado español, o incluso una declaración unilateral de independencia formulada por el parlamento catalán.
El anticapitalismo y la cuestión nacional hoy
En los últimos años, ha aumentado un independentismo basado en lo económico que abarca un amplio espectro político. Desde sectores de ERC, que recientemente ha realizado un giro a la derecha, Solidaritat per la Independència y tímidas posiciones de otros grupos, hasta Convergència. Incluso sectores de la socialdemocracia y las burocracias sindicales se han posicionado a favor del concierto económico, con sus más y sus menos.
La cuestión nacional no es trivial en el caso de Catalunya, así como en el debate político de las Illes Balears, donde el gobierno actual de Bauzà, además de destruir el estado del bienestar, ataca a los derechos lingüísticos y nacionales de sus habitantes. Como socialistas debemos luchar a favor del derecho de la autodeterminación del pueblo catalán, en contra de la Constitución del 78 y a favor de cualquier avance que mine la opresión nacional9.
Hay quien argumenta, desde posiciones libertarias o en la tradición de ciertos partidos comunistas, que dar pasos hacia la independencia golpea a la unidad de la clase trabajadora de las distintas naciones. Cabe responder que no son las formas constitucionales del estado o las estructuras burocráticas de organización sindical las que construyen la unidad de clase, sino la explotación colectiva que los constituye como sujeto y la voluntad de mostrar solidad y luchar conjuntamente, saltando fronteras si es necesario10.
Los conflictos nacionales no resueltos sólo sirven para crear una desconfianza mutua entre pueblos alentada por la burguesía -basta con ver las llamadas al boicot a los productos catalanes durante el debate del Estatut, el reciente «si tens cullons» del presidente de la Junta de Extremadura, las constantes descalificaciones de Duran i Lleida de Unió Democràtica de Catalunya al pueblo andaluz, o el revuelo mediático por la irrupción de una senyera (la bandera catalana) en la celebración de la victoria de la selección española en la Eurocopa. La unidad de clase pasa por que los trabajadores y trabajadoras de los Països Catalans apoyen activamente y participen conjuntamente en las luchas del resto del estado, así como que los y las trabajadoras de otras comunidades apoyen el derecho a la autodeterminación.
El argumento de que el actual estado de las cosas no representa más que la solidaridad de las comunidades ricas respecto a las menos favorecidas tampoco es correcto. La solidaridad es algo que debe decidir quien la ejerce, no un Estado con un marco político que no permite decidir a las naciones que dan más de lo que reciben. Por supuesto desde la izquierda debemos reivindicar un modelo de financiación solidario, pero esta supuesta solidaridad no debe ser impuesta por un Estado opresor, sino ejercida desde la libertad como pueblo, y eso pasa por acabar con la opresión nacional (aunque la verdadera solidaridad sería aquella construida sobre la extinción de la explotación y cualquier tipo de opresión y la decisión colectiva de nuestro futuro; de cada cual según su capacidad, a cada cual según su necesidad).
La izquierda anticapitalista debe involucrarse en el debate sobre el concierto económico y el posible proceso político en el que cristalice. En primer lugar, para intentar desenmascarar la posición de CiU. Pero también para construir una posición política coherente y ofrecer un referente discursivo al respecto. En caso contrario, las únicas posiciones supuestamente enfrentadas en la arena política serán la de la clase dirigente catalana, que quiere la llave de la caja para seguir aplicando una doctrina del shock suavizada que evite su desgaste electoral, y la de la clase dirigente estatal que quiere un estado centralizado y estabilidad política.
Decidir sobre la fiscalidad es parte del derecho a decidir de los pueblos, aunque defender un pacto fiscal debe ir condicionado por la defensa de una mayor inversión en fines sociales, en lugar de aumentar las facilidades para el negocio de los sectores empresariales. Además no puede ser una excusa para negar al pueblo catalán sus derechos políticos fundamentales a la autodeterminación. Los y las revolucionarias debemos empujar los argumentos de clase dentro del debate que rodea al pacto fiscal.
Notas
1. Los Països Catalans son el marco territorial que reconocemos. Además, Balears recibe aún menos de lo que da al Estado que Catalunya. Aun así, en este artículo nos centraremos en el caso de Catalunya por la agudización actual de la cuestión nacional en esa comunidad y su centralidad política.
2. «El 51% de los catalanes votaría ‘sí’ a la independencia en un referéndum», La Vanguardia,http://www.
3. Pizà, T.: 2010: «Països Catalans: nuevo escenario de lucha», La Hiedra, Septiembre, http://www.
4. Johnson, M.: «Spain ready to intervene in Asturias», http://www.ft.com/
5. Domènech, X.: «El bloqueig de la política. Notes de situació sobre el sistema, l’esquerra i nosaltres»http://inicis.
6. http://www.circuloeconomia.
7. «La reivindicación de un nuevo pacto fiscal y la imprescindible reforma del Estado de las Autonomías»http://www.
8. «El fraude fiscal empresarial catalán, vía paraísos fiscales, blanqueo de capitales y ingeniería contable, sixtuplica los peores recortes antisociales aprobados por el Parlamento de Catalunya desde el final de la dictadura. Fuentes sindicales elevan a 16.000 millones de euros el fraude fiscal catalán anual» http://www.
9. «Les exportacions catalanes a l’estranger superen les ventes a l’Estat espanyol»: http://www.
10. Hay que matizar esta afirmación; en ciertos casos, sobre todo en situaciones de ascenso de la lucha de clases, la construcción nacional o la independencia puede entrar en cierto conflicto con los intereses de la clase trabajadora. Por supuesto, en la actualidad no se da este caso en el Estado español.
11. Davidson, Neil: «The politics of the Scottish independence referendum», International Socialism, nº134http://www.isj.org.uk/
Toni Pizà (@servomac) es militante de En lluita / En lucha
Fuente: http://enlucha.wordpress.com/