El Pleno del Congreso aprobó el pasado martes por unanimidad de 304 votos (salvo un voto en contra por error) la proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU-ICV y defendida por su presidente, Gaspar Llamazares, en defensa de los derechos del pueblo saharaui y con la intención de que el Gobierno […]
El Pleno del Congreso aprobó el pasado martes por unanimidad de 304 votos (salvo un voto en contra por error) la proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU-ICV y defendida por su presidente, Gaspar Llamazares, en defensa de los derechos del pueblo saharaui y con la intención de que el Gobierno socialista rectifique su política de apoyo a Marruecos y de olvido a los compromisos para la autodeterminación del Sahara.
Llamazares señaló durante su intervención que «desde hace algunos meses venimos observando un giro peligroso de la diplomacia española en relación con el conflicto del Sahara Occidental. Primero detectamos un cambio de lenguaje: lo que hace poco era un movimiento legítimo, el POLISARIO, hoy es un «movimiento independentista«; lo que antes era innegociable, el referéndum, hoy sólo es «una opción entre otras«; y lo que antes era la potencia ocupante, Marruecos, hoy parece ser la «potencia administradora«.
«Más tarde -prosiguió- comprobamos que el Gobierno se abstenía en la Asamblea general de la ONU para no apoyar el «Plan Baker 2«, como si este Plan ratificado por la ONU en 2003 y 2004 fuera una pérdida de tiempo».
«Y el pasado mes de noviembre, asistimos a la venta de armamento de doble uso al Ejército marroquí por valor de 200 millones de euros, concretamente 1.200 vehículos blindados, 800 camiones y 10 lanchas patrulleras, que podrían ser utilizados en la represión contra el pueblo saharaui», sentenció.
A juicio del coordinador general de IU, «la gota que ha hecho desbordar el vaso ha sido la reciente reunión de Alto Nivel entre ambos gobiernos. La valoración positiva realizada por el presidente del Gobierno español al Plan de Autonomía propuesto por el Reino de Marruecos -considerado como «un buen punto de partida»- causó una sorpresa desagradable y no sólo en el seno de mi Grupo Parlamentario, máxime en vísperas de la visita que hoy realizan los Reyes a un país diametralmente opuesto a Marruecos en este conflicto, como es la República de Argelia».
Llamazares explicó que «de la sorpresa hemos pasado a la indignación, porque en la declaración conjunta de ambos gobiernos no se habla para nada de autodeterminación, sólo del proyecto marroquí de autonomía. Tenemos la impresión de que el Gobierno está utilizando al pueblo saharaui como moneda de cambio en materia de inversiones y de pesca, terrorismo, narcotráfico e inmigración. Ser amigo de un país como Marruecos es deseable y aconsejable, pero ello no debe implicar ser amigo de sus errores».
La proposición aprobada reclama al Gobierno que «defienda la necesidad de una solución urgente, justa y definitiva al conflicto del Sahara Occidental, en el marco del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, de acuerdo a la legalidad internacional, que permita resolver el drama humanitario que vive el pueblo saharaui desde hace más de treinta años».
En su texto destaca «el legítimo derecho del pueblo saharaui a la libre determinación de acuerdo con la Carta de las Naciones Unidas y las resoluciones del Consejo de Seguridad».
Otro de sus puntos fundamentales es que se «incremente sustancialmente la ayuda humanitaria y la cooperación técnica, especialmente a través de las Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo españolas a los campamentos de refugiados saharauis, utilizando a tal efecto todos los instrumentos disponibles de la cooperación pública, tanto de la Agencia Española de Cooperación Internacional, como de las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales, mejorando la coordinación entre todas».
Durante su intervención, Llamazares afirmó que «tenemos la impresión de que el Gobierno está renunciando al referéndum y poniéndose en la estela del Gobierno marroquí. Por ese camino, el Gobierno renunciaría a ejercer su responsabilidad como antigua potencia administradora de aquél territorio. Si es así, el Gobierno habría dado un golpe de timón a la política exterior en relación con el Sahara Occidental, al margen del Parlamento. Y, si es así, le pedimos que rectifique su política de apoyo unilateral a Marruecos y de olvido de los compromisos y responsabilidades para con la autodeterminación del pueblo saharaui».
Por ello, la proposición exige también al Ejecutivo que «se abstenga de promover o apoyar toda medida que debilite sus posibilidades de desempeñar un papel equitativo en la búsqueda de una solución justa al conflicto».
Por último, se reclama al Gobierno que «inste a las autoridades marroquíes a que pongan en libertad a los presos saharauis encarcelados por el ejercicio de sus derechos y libertades fundamentales y se abstengan de toda vulneración de los Derechos Humanos en este conflicto».
«No es creíble la falacia de que las dos partes tienen la misma responsabilidad en el bloqueo del conflicto, y que hay que buscar una solución que contente a ambas partes por igual. Esa solución no existe», afirmó el coordinador de IU.
Añadió que «la justicia no se creó para contentar a todas las partes y en el caso de la ocupación militar marroquí del Sahara Occidental, hacer justicia es convocar un referéndum de autodeterminación. Marruecos invade un territorio, niega la legalidad internacional, no reconoce un derecho básico como es el de autodeterminación, pero encima quieren hacernos creer que la culpa de que no se solucione el problema es de los ‘tercos saharaui‘.»
«España sigue siendo responsable, moral y políticamente, de la tragedia que sufre el pueblo saharaui. Por eso no puede eludir las responsabilidades que le incumben como antigua Potencia Administradora, de conformidad con el dictamen de la ONU de 29 de enero de 2002, respecto a la culminación plena del proceso de descolonización del territorio», destacó.
Texto de la Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario de IU, que el Pleno del Congreso de los Diputados aprobó el 13 de marzo por 305 votos a favor y 1 en contra
A LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, Grupo parlamentario de IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS presenta la siguiente Proposición no de ley sobre el Sahara Occidental, para su debate en la Comisión de Asuntos Exteriores y en el Pleno.
Las exigencias perentorias que plantea la actual coyuntura internacional, reclaman por parte del Gobierno la adopción de acciones y medidas en todos los campos geopolíticos en los que España tiene comprometida su implicación y, muy especialmente, en relación con el Sahara Occidental.
Desde que el Reino de Marruecos y el Frente Polisario acordaran buscar una solución al conflicto en el marco de la ONU hace ya 18 años, este organismo ha presentado cinco planes distintos para tratar de desbloquear la negociación entre las partes. El resultado ha sido hasta ahora muy limitado, pues desde que se puso en marcha el plan de arreglo en 1991, las autoridades marroquíes no han cesado de aplicar tácticas dilatorias que le han servido para ganar tiempo y mantener su ocupación de facto del territorio.
El 31 de julio de 2003, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprobó por unanimidad la resolución 1495 que apoyaba el Plan Baker II. Este Plan de Paz para la libre determinación del Sahara Occidental contemplaba la celebración de dos procesos electorales: uno para elegir a los miembros de la Asamblea Legislativa y al Jefe Ejecutivo de la Autoridad del Sahara Occidental.
El segundo proceso electoral decidiría sobre el estatuto final del territorio en un plazo de cuatro a cinco años a partir de su aplicación. Mientras el Frente Polisario anunciaba su disposición a explorar esta nueva vía, el Reino de Marruecos la rechazó categóricamente.
El 17 de mayo de 2005, con motivo del Debate sobre el estado de la Nación, el Congreso de los Diputados aprobó por unanimidad una resolución sobre el Sahara en la que instaba al Gobierno a promover todas las iniciativas políticas orientadas a alcanzar un acuerdo entre las partes, que respete la legalidad internacional y el legítimo derecho del pueblo saharaui a la libre determinación.
En el último año transcurrido, sin embargo, y pese a la gira realizada por el Secretario de Estado de Asuntos Exteriores en Tinduf y Rabat, el Gobierno parece haber mantenido una orientación condescendiente con Marruecos en el conflicto del Sahara, concediendo más importancia a la estabilidad interna que al proceso de cambio democrático en aquel país y a la búsqueda de una solución justa, permanente y basada en el derecho de autodeterminación mediante un referéndum del pueblo saharaui. En consecuencia, con su aproximación a las posiciones de Marruecos en este conflicto, el Gobierno ha incumplido la orientación marcada hace un año por el Congreso de los Diputados. Además, el Gobierno ha apoyado activamente el reciente acuerdo de pesca suscrito entre la UE y Marruecos, que incluye las aguas del Sahara Occidental, lo que ha sido interpretado por el Frente Polisario como un alineamiento con las posiciones expansionistas de Rabat.
Hoy día, 31 años después del inicio de este conflicto, que comenzó cuando Marruecos ocupó la antigua colonia española en 1975, la situación sigue estancada. La liberación de los prisioneros de guerra marroquíes por parte del Frente Polisario, primero, el indulto real de una parte de los presos políticos saharauis por parte de Marruecos, parecía haber distendido las relaciones, en marzo y abril de 2006 una violenta represión contra manifestantes saharauis partidarios de la autodeterminación ha vuelto a distanciar a las partes.
De otra parte, las inundaciones catastróficas de los campos saharauis han vuelto a poner de relieve la grave situación humanitaria a la que están sometidos los refugiados desde hace varias décadas, pese a la ayuda española e internacional, todavía insuficiente.
El Gobierno debería rectificar su orientación y mantener los compromisos de Estado adquiridos como Administración responsable del territorio y mantener su apoyo al legítimo derecho de autodeterminación del pueblo saharaui, en cumplimiento de las propias resoluciones de la ONU y conforme al Derecho Internacional. La voluntad de cooperación con el vecino Reino de Marruecos debe ser compatible con esa responsabilidad, máxime cuando aquel país es el principal receptor de la ayuda española al desarrollo. En este sentido, merece ser apoyada la iniciativa del Ministro de Asuntos Exteriores, que ha pedido a Marruecos y Argelia que trabajen conjuntamente en la resolución del contencioso saharaui, en el marco de la integración regional magrebí.
Por todo ello el Congreso de los Diputados, insta al Gobierno a que,
1.- Defienda la necesidad de una solución urgente, justa y definitiva al conflicto del Sahara Occidental, en el marco del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, de acuerdo a la legalidad internacional, que permita resolver el drama humanitario que vive el Pueblo Saharaui desde hace más de treinta años.
2.- Promueva todas las iniciativas políticas que contribuyan a conseguir un acuerdo consensuado entre las partes, que respete la legalidad internacional y el legítimo derecho del Pueblo Saharaui a la libre determinación de acuerdo con la Carta de las Naciones Unidas y las resoluciones del Consejo de Seguridad.
3.- Contribuya en el proceso de consenso y acuerdo liderado por Naciones Unidas, adoptando iniciativas políticas en la Unión Europea y en sus Estados miembros para conseguir una implicación activa en la solución del conflicto y que posibilite una amplia cooperación entre la Unión Europea y el Magreb facilitando, a su vez, el avance en las relaciones entre España y los países que lo integran.
4.- Incremente sustancialmente la ayuda humanitaria y la cooperación técnica, especialmente a través de las Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo españolas a los campamentos de refugiados saharauis, utilizando a tal efecto todos los instrumentos disponibles de la cooperación pública, tanto de la Agencia Española de Cooperación Internacional, como de las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales, mejorando la coordinación entre todas.
5.- Adopte las medidas necesarias que contribuyan a prevenir de forma urgente una crisis alimentaria en los campamentos saharauis, aportando los fondos necesarios al Programa Mundial de Alimentos.
6.- Se abstenga de promover o apoyar toda medida que debilite sus posibilidades de desempeñar un papel equitativo en la búsqueda de una solución justa al conflicto.
7.- Inste a las autoridades marroquíes a que pongan en libertad a los presos saharauis encarcelados por el ejercicio de sus derechos y libertades fundamentales y se abstengan de toda vulneración de los Derechos Humanos en este conflicto.
Madrid, 13 de marzo de 2007
Palacio del Congreso de los Diputados
Joan Herrera Torres
Portavoz GP IU-ICV