Chema Ruiz, desahuciado de su vivienda y uno de los fundadores de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), descuelga el teléfono diciendo que «hoy, por fin, hemos tenido un buen día». El dictamen del Tribunal de Justicia de la Unión Europea acaba de decirle a España que nuestra ley hipotecaria atenta incluso contra […]
Chema Ruiz, desahuciado de su vivienda y uno de los fundadores de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), descuelga el teléfono diciendo que «hoy, por fin, hemos tenido un buen día». El dictamen del Tribunal de Justicia de la Unión Europea acaba de decirle a España que nuestra ley hipotecaria atenta incluso contra los derechos fundamentales. Y, además, no se ajusta ni por asomo a la normativa sobre derecho de los consumidores suscrita por los países de la UE en 1993. El tribunal europeo obliga a reaccionar al gobierno de inmediato. Mariano Rajoy y su ministro de Justica, Alberto Ruiz Gallardón, tendrán que reformular con presteza la vigente y abusiva ley hipotecaria. En caso contrario, la UE podría sancionar a España. En primer lugar, la nueva normativa tendrá que dar potestad a los jueces para detener los desahucios en caso de que los togados aprecien cláusulas abusivas en los contratos hipotecarios. No es la revolución, pero es el asalto al palacio de invierno de la impunidad bancaria. «Hoy, por fin, hemos tenido un buen día», saluda Chema Ruiz.
– O sea, que nos acaban de decir que teníamos una ley de desahucios que era ilegal. Qué mal suena. Una ley ilegal.
– Pues claro. Nosotros lo llevamos diciendo un montón de años. Pero no es solo que sea ilegal e injusta. Es que, como decíamos nosotros, vulnera los derechos fundamentales de las personas. En este tema hay víctimas y hay verdugos. España todavía mantiene una ley diseñada hace más de cien años para que los bancos nos pisen el cuello a los pobres. Eso es lo que nos acaba de decir el tribunal europeo.
– ¿Y qué van a hacer ahora Rajoy y Gallardón?
– Tendrán que adaptar la nueva ley a esta sentencia, por mucho que les disguste. Cualquier otra decisión supondría no solo hacer el ridículo, sino atenerse a las consecuencias. Aunque la decisión del tribunal europeo no es vinculante, sí sienta jurisprudencia. O sea, que aunque el gobierno no reescribiera la ley, cualquier juez se podría amparar en este dictamen para detener un desahucio. Es un gran paso, es un buen día.
– En plan idealista, cabría suponer que a muchos de nuestros jueces y legisladores se les tiene que estar cayendo en este momento la cara de vergüenza. No han reaccionado, no se han querido enterar de una normativa europea que ya ha cumplido 20 años, hasta que el problema de los desahucios se ha convertido en un drama social. Con muertos.
– Efectivamente. Se les tiene que estar cayendo la cara de vergüenza. Aunque en la última etapa, sobre todo la gente de Jueces para la Democracia [asociación de magistrados progresistas] ya se había puesto a trabajar en este sentido. Pero bueno. Teníamos solo cuatro sentencias favorables en toda España. Muy poca cosa… Sí. Se les tiene que estar cayendo la cara de vergüenza.
– ¿Qué va a suceder con los desahucios ya notificados?
– Me temo que los ya notificados se van a ejecutar. Pero en la PAH ya estamos preparando un documento, basado en esta sentencia, que en cada caso entregaremos al juez correspondiente para intentar que paralice el procedimiento. Si tenemos una ley injusta, no se puede seguir aplicando, aunque siga vigente.
– ¿Por qué razón, si se ha reconocido que había ilegalidad, no se va a aplicar este dictamen con efectos retroactivos?
Porque siguen mandando los de siempre. Los bancos. Todas las deudas se han titularizado, y esos títulos los han comprado los especuladores, que son los que mandan y van a seguir presionando para que no se aplique retroactivamente. Y el gobierno va a seguir arrodillado, como siempre ha estado, ante los bancos y los especuladores.