En la quinta semana de la movilización popular reclamando «que se vaya el poder… y el sistema», el debate en los medios políticos y mediáticos avanza y aborda la cuestión de una transición política bajo un ángulo jurídico. Uno de los medios más influyentes, el diario El Watan, da la palabra a un profesor de […]
En la quinta semana de la movilización popular reclamando «que se vaya el poder… y el sistema», el debate en los medios políticos y mediáticos avanza y aborda la cuestión de una transición política bajo un ángulo jurídico.
Uno de los medios más influyentes, el diario El Watan, da la palabra a un profesor de derecho constitucional, Laggoun Walid, para defender una transición política en el marco de la actual Constitución. Piensa que la opción más segura políticamente y conforme a la Constitución está en la dimisión del presidente y la aplicación del artículo 102. Pues la puesta en marcha de este arsenal permite mantener una continuidad de las instituciones y evita el vacío institucional que crearía el final de mandato constitucional del presidente el 28 de abril si permanece en su puesto hasta esa fecha. Recordemos que mientras tanto el presidente de la república ha anulado ya las elecciones previstas para el 19 de abril y el pueblo sigue reclamando su salida.
Subrayemos, por otra parte, que la aplicación de este artículo se puede contemplar en tres supuestos: en caso de fallecimiento, de dimisión o de inhabilitación del presidente de la República por causa de enfermedad grave. ¿Qué ha impedido entonces la aplicación de este artículo desde que la incapacidad de Buteflika para ejercer una función presidencial era conocida?
Por su parte, el antiguo candidato a las presidenciales del 19 de abril, el general retirado Ali Ghediri [general-mayor de 2010 a 2015, luego director de recursos humanos en el Ministerio de Defensa], en una entrevista concedida a Radio-M, ha declarado lo mismo: permanecer en la legalidad de esta Constitución. «No hay que dejar que la marejada se lleve al Estado», subraya. Y en su opinión, la puesta en marcha del artículo 102, y que pondrá de hecho a Abdelkader Bensalah como presidente del Consejo de la Nación, por tanto un hombre que encarna al sistema y al régimen, permitirá «poner en pie los mecanismos capaces de asegurarnos una transición sin riesgos», es decir sin riesgos de ver desaparecer al «sistema» actual, aunque intente formalmente hacer una separación entre «sistema» y «Estado».
Salir del embrollo jurídico
Esta campaña político-mediática parece tener efectos sobre las autoridades militares. Éstas, por la voz del jefe del Estado Mayor y viceministro de de defensa Gaid Salah, lanzan un llamamiento para la aplicación de este artículo 102. Llamamiento que abre la vía a las y los diputados de las dos cámaras parlamentarias para demandar al Consejo Constitucional que ponga en marcha este procedimiento de inhabilitación.
En su interpretación más estricta, este procedimiento significa que Noureddine Bedoui, nombrado en sustitución del antiguo primer ministro Ahmed Ouyahia, pero que no ha podido constituir su gobierno, debería organizar las próximas elecciones. Sin embargo, el artículo 104 de la Constitución afirma que «el Gobierno en funciones en el momento de la inhabilitación, del deceso o de la dimisión del Presidente de la República, no puede dimitir o remodelarse hasta la entrada en funciones del nuevo Presidente de la República». Ahora bien, este «gobierno en funciones» [el de A. Ouyahia y el de N. Bedoui que no puede formarse] ¡no puede por tanto ejercer su poder en la medida en que un nuevo presidente [post-Buteflika] no ha sido elegido!
Por tanto, hay que salir de este embrollo jurídico-procedimental que implica ya la puesta en marcha de este artículo de la Constitución. Pues lo que está en juego en esta transición no es ya jurídico sino político. Pero en este plano, una lectura crítica y dialéctica de la dinámica revolucionaria en curso nos permite ver que hay, en lo inmediato, un callejón sin salida. Por retomar una fórmula clásica, si la gente de arriba no puede ya dirigir y los partidos tradicionales no son ya legítimos, y la gente de abajo no está aún preparada para gobernar, es decir para poner en pie en el período presente estructuras de contrapoder representativas y democráticas, entonces se manifiesta una situación potencial de dualidad de poder, pero su concreción depende de la dinámica del movimiento social y de las múltiples correlaciones de fuerza que se derivan «entre la gente de arriba» igual que «entre la gente de abajo».
En este vacío político coyuntural, el régimen que representa al sistema intenta mantenerse. La institución militar es la única institución que sostiene la estructura del poder «antiguo». Sin embargo, será de hecho interpelada de forma más manifiesta (aunque ciertas fuerzas políticas le hayan confiado ya de hecho un papel de liderazgo) para intervenir tras el 28 de abril, es decir tras el final del mandato legal de Buteflika, que dejará el país sin dirección oficial. No queriendo ciertamente hacer frente a la vindicta popular, la institución militar prefiere poner en primer plano a civiles para mejor gestionar el futuro en caso de acentuación de la crisis y así ganar tiempo.
Pero, más allá de esta postura que obedece a considerandos de orden táctico, la cuestión que se plantea ya es la del comportamiento político de esta institución. Se están evocando analogías con diferentes experiencias.
Dos escenarios posibles: Egipto y Portugal
En un artículo publicado en ElQods el arabi, el pasado 12 de marzo, Gilbert Achcar, profesor en el SOAS (Londres) y especialista del mundo árabe, subraya la analogía pertinente con el caso egipcio. Considerando que son las fuerzas armadas regulares las que forman la columna vertebral tanto de Egipto como de Argelia, subraya que fue el Consejo Supremo de las fuerzas armadas egipcias quien destituyó al antiguo presidente Hosni Mubarak el día 18 del levantamiento del pueblo egipcio en 2011, y algunos días después del comienzo de la multiplicación de las huelgas en el país. En Argelia, ve desarrollarse ante nuestros ojos un escenario similar: las Fuerzas Armadas argelinas han anulado el proyecto de quinto mandato del presidente en ejercicio, Abdelaziz Buteflika, y han decidido prolongar su mandato de transición.
Despertados por la experiencia de sus colegas egipcios, así como por la que ellos mismos habían vivido a comienzos de 1992, según Achcar, los dirigentes del ejército argelino intentan un escenario que les mantenga en el poder y anuncian un período de transición durante el cual desean establecer una nueva hoja de ruta para continuar rigiendo el destino del país. La pregunta que se plantea actualmente sería la siguiente: ¿el Jefe de Estado Mayor del Ejército Popular, Ahmad Qaid Saleh, toma el destino de Mohamed Hussein Tantawi, antiguo comandante en jefe de las Fuerzas Armadas egipcias, o será, para Argelia lo que Abdel Fattah al Sissi es para Egipto?
Pregunta pertinente que puede estar en contradicción con otro escenario: el caso portugués.
En una contribución al periódico Le Soir d´Algérie del 25 de marzo de 2019, Yazid Ben Hounet, investigador en el CNRS/Francia, parte de un análisis sociológico que considera que «contrariamente a Siria o Egipto, el ejército argelino no es un grupo etnico-religioso (el caso sirio) o una clase social distinta de la mayoría del pueblo (el caso egipcio)». Preconiza «tomar en serio el carácter popular y nacional del ejército argelino» (…) «que no se trata por tanto del ejército de un clan, de una casta, de una clase social, de una etnia o de una región». Ve en las consignas gritadas en todas las manifestaciones «Djeihc, chaab: khawa, khawa» (Ejército, pueblo: hermano, hermano) no solo un llamamiento a la solidaridad, sino también un recordatorio de la realidad».
Partiendo del análisis de las especificidades del ejército argelino, sus dinámicas y su historia, y «reforzado por las últimas declaraciones de Gaid Salah (que no puede ir en sentido contrario a la mayor parte de sus altos mandos) [el papel actual del ejército] es el de un acompañamiento de esta revolución pacífica, más que el de la represión o la confiscación de este impulso democrático», Yazid Ben Hounet establece una analogía con «un escenario a la portuguesa». «Como los oficiales portugueses que derrocaron [en abril de 1974, oficiales organizados en el seno del MFA, Movimiento de las Fuerzas Armadas] la dictadura de Salazar», escribe, «los oficiales argelinos en su enorme mayoría, igual que la población argelina, están muy pendientes de no caer en una nueva forma de guerra interior». Ciertamente, la estructuración política de un sector de oficiales del ejército portugués, que realizaba una guerra contra los movimientos de liberación en Angola, Mozambique y Cabo Verde, es muy diferente de la existente, actualmente, en el seno de las fuerzas armadas de Argelia.
La entrevista del general retirado Ghediri, realizada por el periodista El Kadi Ihsan en Radio-M el martes 26 de marzo de 2019, deja entrever una posible analogía parcial con el llamado escenario portugués.
Otros escenarios y analogías han emergido en este debate amplio y público. Entre ellos, el del historiador francés Benjamin Stora que hace un paralelo entre la revolución actual en Argelia y las que se conocieron en los países del este europeo al comienzo de los años 1990. Otras, analizando la cuestión desde el punto de vista económico, evocan la crisis venezolana…
En cualquier caso, todo el mundo espera que Argelia trascienda la espiral del régimen militar y siga el camino de la democracia. Sin embargo, más allá de la necesidad de comprender los acontecimientos actuales en Argelia bajo el ángulo de experiencias históricas, cada sociedad produce su devenir, su propia historia. Pero no lo hace arbitrariamente, en condiciones elegidas por ella misma, sino en condiciones directamente heredadas de su pasado y de la situación nacional e internacional.
Así, por retomar la conclusión del texto de Gilbert Achcar, la simple existencia de una tal problemática, y de un tal adversario (el ejército), crea condiciones políticas que permiten que las fuerzas populares puedan hacer entrar a la mayor parte de las fuerzas armadas en las filas de la revolución, impidiendo a sus dirigentes supremos enfrentarse a la voluntad popular y permitiendo al país pasar del régimen militar a un gobierno civil democrático. Por supuesto, esto no se hará de un día para otro, pero, ¿quién pretende que los principales cambios revolucionarios de la historia se desarrollen de un día para otro?
Asamblea Constituyente como punto de mira
En esta perspectiva, la consigna de una Asamblea Constituyente sigue siendo la única válida. Una orientación que ponga en el centro la reivindicación de una Asamblea Constituyente popular y democrática podría representar una nueva etapa de un proceso con dinámica revolucionaria. Para que tome forma, debe integrar la experiencia cotidiana de las movilizaciones, con sus efectos sobre la conciencia de sectores significativos de las fracciones sociales más activas en la denuncia del sistema social y político actual, y encontrar enganches en las fuerzas revolucionarias indicando las vías concretas necesarias para la emergencia de una Asamblea Constituyente que asimile, a su manera, el conjunto de las necesidades políticas, sociales, culturales y económicas de una mayoría popular.
Hacer fracasar la operación táctica de la aplicación del artículo 102 por la oligarquía es una precondición para que el horizonte de una Asamblea Constituyente se haga creíble para una fracción mayoritaria de la gente asalariada, de la juventud estudiantil, a menudo golpeada por el paro, que se ha hecho la portavoz del estrato social clave de la sociedad (el 45% de la población está formada por jóvenes de menos de 25 años) y del sector cultural y socialmente de vanguardia que representa el movimiento de las mujeres, cuya energía militante ha llamado la atención de la mayoría de observadoras y observadores.
Nadir Djermoune. Arquitecto y urbanista activo en Argelia.
Traducción del francés por Faustino Eguberri