El 9 de julio 2009, el New York Times, informó de que la administración Obama había seleccionado a Stephen Rapp para reemplazar a Pierre Prosper [1], embajador especial para crímenes de guerra de la administración Bush. Rapp, un antiguo fiscal de EEUU en Cedar Rapids, (Iowa) y político demócrata, comenzó su carrera internacional en el […]
El 9 de julio 2009, el New York Times, informó de que la administración Obama había seleccionado a Stephen Rapp para reemplazar a Pierre Prosper [1], embajador especial para crímenes de guerra de la administración Bush. Rapp, un antiguo fiscal de EEUU en Cedar Rapids, (Iowa) y político demócrata, comenzó su carrera internacional en el Tribunal Penal Internacional para Ruanda (TPIR) en 2001, órgano dependiente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, mientras Carla Del Ponte era fiscal jefe del Tribunal Penal Internacional para Ruanda. La nominación de Rapp se realizó pocos meses después de que fuesen publicadas en inglés las memorias de Del Ponte de sus años como fiscal jefe de los tribunales de la ONU, tituladas: Señora Fiscal: confrontando los peores criminales de la humanidad y la cultura de la impunidad
El libro de Del Ponte describe con detalle el encubrimiento sistemático por parte de EEUU de los crímenes cometidos por el actual gobierno ruandés, aliado de Estados Unidos [2] durante el genocidio de Ruanda, y la forma en que fue removida de su cargo del Tribunal Penal Internacional para Ruanda (TPIR) en 2003 por el embajador Prosper de EEUU, cuando se negó a cooperar con las acciones de encubrimiento [3].
Según Del Ponte, la oficina de la fiscalía del Tribunal Penal Internacional para Ruanda (TPIR) obtuvo pruebas para procesar a Kagame por hechos relacionados con el genocidio de Ruanda [4], cuando ordenó el asesinato del presidente, Juvenal Habyarimana, mucho antes de 2003 [5]. Del Ponte también señaló las decenas de lugares de las masacres, con miles de víctimas, por las que el actual presidente ruandés, Paul Kagame, y su ejército deberían ser procesados [6]. La aseveración extensamente difundida, de que «se desconoce la identidad de los asesinos de Habyarimana» [7] es una mentira descarada, bien conocida por los fiscales del TPIR, de acuerdo con Carla Del Ponte.
Dos años después de la destitución de Carla del Ponte, Stephen Rapp se convirtió en responsable de la sección de la fiscalía de la división de procesamiento del TPIR, con acceso a todas las pruebas conocidas por Del Ponte, y más que se han hecho públicas en los últimos años [8]. Durante sus cuatro años en el Tribunal, tanto Rapp como Del Ponte, estaban en condiciones de procesar a Kagame y a miembros del actual gobierno de Ruanda, pero el Tribunal no ha procesado ni siquiera a un miembro del ejército de Kagame hasta ahora… y el encubrimiento denunciado por Del Ponte, continúa en la actualidad [9]. Y, al contrario, que ésta, quien fue despedida por EEUU, a Rapp se le compensó con el nombramiento para el codiciado puesto de Fiscal Jefe del Tribunal Penal para Sierra Leona [10], financiado por Estados Unidos.
La ex fiscal en jefe del TPIR, Del Ponte, señala encubrimientos de crímenes de guerra.
Según Del Ponte, en mayo de 2003, fue llamada a Washington DC por Prosper (irónicamente también ex fiscal del TPIR que conocía los delitos de Kagame) quien le informó de que EEUU la sacaría de su puesto de la ONU si continuaba con los planes que había anunciado públicamente de procesar a Kagame, a miembros de su gobierno y a militares [11]. Según Del Ponte, cuando se negó a doblegarse, aduciendo que «trabajaba para la ONU, y no para EEUU», Prosper, le dijo que su carrera en el TPIR había concluido [12]. Fiel a su amenaza, en octubre, se destituyó a Del Ponte y nombraron, con el visto bueno de EEUU, al fiscal Hassan Jallow Abubacar [13], quien ascendió a Rapp a responsable de la fiscalía de la división de procesamiento dos años después.
Procesos judiciales del TPIR: más pruebas de encubrimientos de crímenes en Ruanda
Las revelaciones de Del Ponte no son las únicas evidencias del encubrimiento de Estados Unidos de crímenes de guerra en el TPIR, que creó impunidad para los crímenes cometidos por Kagame y sus militares. El 10 de septiembre de 1994, una relación de pruebas del proceso judicial Military-1 del TPIR, confirmo que el Secretario de Estado estadounidense Warren Christopher fue informado de que las tropas de Kagame estaban matando «a 10.000 civiles al mes» al estilo militar, según una investigación financiada por la Agencia de EEUU para el Desarrollo Internacional (USAID) [14]. Y, ya en enero de 1997, un equipo compuesto por el fiscal responsable de investigación del TPIR y ex fiscal de la corona, el australiano Michael Hourigan [15], el ex agente del FBI James Lyons [16], y el ex jefe de inteligencia militar de la ONU en Rwanda, Amadou Deme [17], informaron a Louise Arbour, la predecesora de Del Ponte, de que Kagame debía ser procesado por el asesinato del presidente anterior. Arbour se escabulló de la investigación, suprimió el informe y disolvió el equipo de investigación [18].
Pronto, Arbour fue elevada a la Corte Suprema de Canadá y recientemente ha sido elegida para dirigir el International Crisis Group, después de haber sido nombrada para algunos puestos en el prestigioso Consejo de Seguridad durante su ilustre carrera en la ONU [19].
Rapp, ex fiscal del TPIR cómplice de encubrimiento.
Pero a pesar de que Arbour oculto el informe «Hourigan», Del Ponte, Rapp y otros fiscales del TPIR sin duda lo conocieron, porque jueces del TPIR habían solicitado a la Oficina de Del Ponte la divulgación del «informe Hourigan» a un equipo de la defensa ya en el año 2000 [20], un año antes de que Rapp empezara su trabajo en el TPIR, y tres años antes de que Prosper despidiese a Del Ponte. Pero…. hasta la fecha, el fiscal del TPRI no ha dictado ni un solo auto de procesamiento contra Kagame [21].
Kagame y compañía ya han sido acusados en Francia y España
Aunque EEUU ha conseguido evitar el procesamiento de Kagame y su banda en el TPIR, otros tribunales han procesado a Kagame y a sus colaboradores. A finales de 2007, el juez francés Bruguière acusó a los asesinos de Habyarimana y recomendó personalmente a Kofi Annan que el TPRI procesase a Kagame [22]. Y en febrero de 2008 el juez español Meirelles emitió una acusación formal, de 180 páginas, específicamente contra Kagame por: genocidio, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad que incluían masacres de más de 300.000 civiles [23]. Y el ex jefe del Rapp, Jallow, admitió públicamente en el Consejo de Seguridad de la ONU en la primavera de 2008 que el ejército de Kagame es responsable del asesinato del liderazgo católico de Ruanda en 1994…. pero el TPIR sigue sin procesarle.
Las consecuencias del encubrimiento de los crímenes de Kagame por el TPIR
La trágica consecuencia de la falta de enjuiciamiento de Kagame por el TPIR, desde 1994 hasta la fecha, es que Kagame ha estado libre para invadir el Congo en 1996 y 1998, y para la reciente ocupación de parte del este del Congo, varias veces mayor que Ruanda [24]. Al menso cuatro informes de los grupos de expertos de la ONU acerca de la explotación ilegal de la República Democrática del Congo (2001, 2002, 2003 y diciembre de 2008), han detallado la violación masiva de los recursos del Congo que ha llevado vastas riquezas a Kagame y a su círculo íntimo [25].
Mientras Rapp era responsable de la fiscalía de la división de procesamiento del TPIR en 2003, se eligió a Kagame presidente de por vida con un 95% de los votos [26], después de prohibir los partidos de oposición y encarcelar a los opositores, en «un clima de intimidación», según los observadores de la UE [27]. Según el informe Economist del décimo aniversario del «genocidio» en 2004:
«[Kagame] no tolera la oposición interna ni la libertad de expresión. En la actualidad. Ruanda es una autocracia disfrazada en la que los disidentes, a quienes generalmente se les acusa de tendencias genocidas, viven en el temor, el exilio o ambos. El régimen es una amenaza para sus vecinos [28].
El «responsable de la fiscalía», Rapp, ha ocultado pruebas exculpatorias, procedentes de los magistrados y demandados del TPIR, en violación de las reglas del Tribunal Penal Internacional para Ruanda (TPIR)
Por si no fuera suficiente, en febrero de 2009 el TPIR emitió su fallo en el proceso judicial (caso) Military-1, el principal caso del TPIR, en el que Rapp se presentó personalmente como fiscal. Aunque la violencia masiva se produjo en Ruanda, el tribunal reconoció sin duda que culpar sólo a los de un lado era una mentira, cuando absolvió a todos los «arquitectos de la máquina de matar» (como Rapp llamó a los acusados ante el Tribunal) de conspiración o planificación para matar civiles. Los militares de más alto rango oficial fueron absueltos de todos los cargos [29].
Y aunque ahora se desprende claramente de las memorias de Carla Del Ponte que el Rapp tenía pruebas para aclarar los cargos de asesinato de los demandados en el TPIR. Sólo se culpó al bando de los perdedores de todos los crímenes cometidos en Ruanda en 1994. En pocas palabras, Rapp y otros fiscales del TPIR han omitido pruebas que habrían sido beneficiosas para la defensa, en contra de las normas del TPIR [30], han procesado a acusados por crímenes que ellos sabían que cometieron las fuerzas de Kagame, y han creado un sistema de impunidad judicial» que ha permitido a Kagame matar a millones en el este del Congo.
Esta «verdad africana molesta», plantea en primer lugar una incómoda pregunta en relación con la nominación de Rapp por el presidente Obama, ¿Obama y sus asesores ignoran la información publicada en relación con la complicidad de Rapp en el encubrimiento en el TPIR… ¿O simplemente les importa un bledo?
¿Y qué votarán los senadores demócratas y republicanos cuando les pregunten para confirmar el nombramiento? Bueno… sólo es África ¿quién va a prestar atención? Seguramente Obama no
Notas
(1) Marlise Simons, «Lawyer Picked for U.S. War Crimes Post,» New York Times, 9 de julio de 2009
(2) Del Ponte and Sudetic, Madame Prosecutor: Confrontations with Humanity’s Worst Criminals, and the Culture of Impunity (The Other Press, NY 2009).
(3) Ibid. en 231-234. Véase también, Steven Edwards «Del Ponte dice que las Naciones Unidas cedieron a la presión de Ruanda», National Post (Canadá), 17 de septiembre de 2003, John Hooper, «Me despidieron como Fiscal del TPIR por impugnar al Presidente, dice Del Ponte», Guardian, 13 de septiembre de 2003; Felicity Barringer. «Se le ha dicho a Annan, que se quiere un nuevo Fiscal para el TPIR», New York Times, 29 de julio de 2003. Ver también, ONU Doc. S/Res/203/1503, 28 de agosto de 2003, solicitando nombramiento por el Consejo de Seguridad de un nuevo fiscal del Tribunal y renovando a Del Ponte para un nuevo mandato como fiscal para el Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia (TPIY).
(4) Anexo DNT 315 del caso Military -1 del TPIR. 7 de abril de 1994, cable procedente del embajador de EEUU, Prudence Bushnell, «Si, como parece, ambos presidentes han sido asesinados, hay una fuerte probabilidad de que la violencia generalizada pueda estallar en uno o en ambos países, sobre todo si se confirma que el avión fue derribado». Énfasis añadido.
(5) Ibid. en 234-235.
(6) Ibid. 176 a 192 y 223 a 241.
(7) Hasta el año 2004, Economist no hizo la pregunta: «¿Quién disparó al avión del presidente?» 27 de marzo de 2004. p. 26.
(8) Véase, 2007 y 2008 acusaciones contra Kagame, emitidas por Francia y España.
(9) Hasta la fecha, el Tribunal no ha procesado a ningún miembro de las fuerzas armadas victoriosas de Kagame o a su gobierno, pero otras naciones sí lo han hecho.
(10) Marlise Simons, «Lawyer Picked for U.S. War Crimes Post», New York Times, 9 de Julio de 2009
(11) Prosper fue Fiscal del TPIR en el caso Akeyesu, antes que Del Ponte.
(12) Del Ponte and Sudetic, Madame Prosecutor: Confrontations with Humanity’s Worst Criminals, and the Culture of Impunity (The Other Press, NY 2009). Pp. 232 to 234
(13) Ibid. en 239-240
(14) Anexo, DNT 264, del caso Military -1 del TPIR10 de septiembre 1994 Nota de George Moose a Warren Christopher, Secretario de Estado de EEUU:
«Un equipo de investigación de la comisión de derechos humanos de la ONU que paso julio y agosto en Ruanda ha informado de abusos sistemáticos de los derechos humanos por las fuerzas del GOR (es decir, APR/F), que incluyen asesinatos sistemáticos en el sur y sureste del país. El equipo ha concluido que el GOR es consciente de estas represalias contra civiles hutus y las puede haber ordenado.
Basándose en entrevistas con refugiados y otras personas, el equipo llegó a la conclusión de que ha surgido un modelo de asesinato. El APR convoca reuniones de las personas desplazadas a discutir la paz y la seguridad. Una vez que se reúnen las personas desplazadas, los soldados del APR las matan. Además de estas masacres, el APR participa en búsquedas casa por casa y elimina a individuos escondidos en los campamentos. Las víctimas generalmente son asesinadas con azadas, hachas, machetes y fuego. Aunque los hombres entre 18 y 40 son los que corren más peligro, los jóvenes y los ancianos no están a salvo. El equipo estima que el APR y los civiles tutsis contratados asesinan 10.000 civiles hutus o más al mes, correspondiendo el 95% de las matanzas al APR.
El equipo de derechos humanos de la ONU ha especulado que el propósito de los asesinatos es una campaña de limpieza étnica destinada a limpiar las zonas en el sur de Ruanda para la habitación tutsi. Los asesinatos también sirven para reducir la población de hombres refugiados hutus y disuadirlos de volver a reclamar sus tierras».
(15) Véase anexo DNT 365 del caso Military-1, declaración jurada de Michael Hourigan
(16) Véase la declaración jurada de James Lyons, 6 de abril de 2001 en www.rwandadocumentsproject.net
(17) Véase, Proyecto de Mlitary-1 Anexo DNT 366
(18) Véase Hourigan, declaración jurada, anexo DNT 365
(19) «Louise Arbour comienza como Presidenta del International Crisis Group,» Reuters, 22 de julio de 2009.
(20) Véase, Chambers Order Release of Hourigan’s Memorandum to Parties, ICTR Press Release, June 8, 2000, www.ictr.org cited in Kingsley C. Moghalu, Rwanda’s Genocide: The Politics of Global Justice, (Palgrave MacMillan 2005) (former official spokesperson for the ICTR), Ch. 2, fn. 66.
(21) Carta de Académicos.
(22) Del Ponte, Madame Prosecutor, pp. 234-235, 240.
(23) «Juez español acusa a las fuerzas de Ruanda» BBC News, 6 de febrero de 2008. Véase, acusación del 6 de febrero 2008 basado en crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y genocidio cometidos por Paul Kagame y 40 oficiales de alto rango, las denuncias de la prefectura incluyen las muertes de civiles.
(24) Véase, Gérard Prunier, Africa’s world war: Congo, the Rwandan Genocide, and the Making of a Continental Catastrophe (2009); Catherine Philp, «Yesterday a victim, today an oppressor: how aid funds war in Congo» The Times of London, 7 de abril de 2009.
(25) Informe del grupo de expertos de las Naciones Unidas sobre la explotación ilegal de los recursos nacionales y otras riquezas de la República Democrática del Congo, 20 de octubre de 2003. (S/2003/1146, 20 de octubre de 2003). El ejército ruandés solo en 1999-2000 robó 250 millones de dólares en recursos naturales. Adam Hochschild, The dark heart of mineral exploitation in Congo: back on the brink II. International Herald Tribune, Dec. 24, 2004, p. 6. Grupo de expertos de las Naciones Unidas sobre la explotación ilegal de recursos nacionales y otras riquezas de la República Democrática del Congo, 12 de diciembre de 2008. (S/2008/1146, 12 de diciembre de 2008).
(26) Kagame ganó las elecciones presidenciales de Rwanda, The Economist, agosto, 30, 2003, p. 31
(27) Véase, Informe del Departamento de Estado de EEUU de 2003 sobre Derechos Humanos en Ruanda, 25 de febrero de 2004; Véase también, Rptr. Colette Flesch, Informe de la Misión de Observadores Europea, septiembre de 2003, Colin Waugh, Paul Kagame y Rwanda: Power, Genocide and the Rwandan Patriotic Front (MacFarland, USA 2004), pp. 185-206
(28) «Rwanda, remembered: Lessons of a genocide,» Economist, 27 de marzo de 2004, p. 11.
(29) ICTR Judgement, Military-1, February 9, 2009 acquitted the top four military officers of conspiracy to commit or plan genocide and acquitted General Gratien Kabiligi of all charges.
(30) Reglas de Procedimiento y Pruebas del TPIR: artículo 66 y artículo 68, la divulgación de la información de descargo por la Oficina del Fiscal
Traducido por V. Sierra de http://www.globalresearch.ca/