La decisión de la Corte Suprema de EE.UU. en el caso Hamdi no tiene el carácter positivo que se la ha conferido. En realidad da luz verde a los tribunales militares con los que la administración Bush demuestra su desprecio hacia las reglas más elementales del derecho
El propósito básico de la Ley es proteger al individuo contra la violencia del estado.
Los jueces que se niegan a defender este principio fundamental deben ser destituidos. Las sociedades libres simplemente dejan de existir bajo la sombra del encarcelamiento arbitrario.
Cuando la Corte Suprema terminó por decidir el caso de Yasir Hamdi, los progresistas de EE.UU. se sintieron extasiados. La cascada de elogios fue interminable.
«Por fin la Corte ha puesto a Bush en su sitio», suspiraron los progresistas. «Por cierto, los jueces pudieron ver que el presidente había ‘excedido’ su autoridad al despojar a un ciudadano estadounidense de sus derechos constitucionales y al enviarlo a la cárcel por dos años sin proceso debido.»
«Gracias a Dios por una judicatura independiente… ¡Hurra, el sistema funciona!»
Así se resume el tono de los artículos que inundaron los periódicos estadounidenses después del fallo de la corte. Se podía palpar el sentimiento de alivio y las expresiones de alegría llegaban al éxtasis.
Sólo hubo unas pocas expresiones de escepticismo que oscurecieron las páginas de los sitios en la red «izquierdizantes» con sus profesiones de pesimismo.
El fallo no era lo que parecía ser y los medios hicieron una labor admirable de ocultación de su verdadero significado. Como dice Jennifer Van Bergen en su reciente artículo en Counterpunch «The Death of the Great Writ of Liberty» (La muerte del gran mandato de libertad):
«Hamdi contra Rumsfeld, el caso del combatiente enemigo ilegal, es de mayor importancia para el futuro de este país de lo que muchos se dan cuenta. Pero la decisión de la Corte Suprema está llena de contradicciones y engaños. Por un lado, la Corte sostuvo el derecho al debido proceso legal. Por otra parte, la Corte dictaminó que ‘un tribunal militar adecuadamente autorizado y correctamente constituido’ con procedimientos truncados podría bastar.»
Como podemos ver en los procedimientos extraños y secretos que tienen lugar ahora en la Bahía de Guantánamo, Van Bergen tenía razón. Rumsfeld considera que el fallo le da luz verde para poner a los reclusos frente a un equipo «cuidadosamente seleccionado» de oficiales que decidirán su suerte. Esto, considera, cumplirá con los requerimientos de la corte en cuando a respetar la garantía del hábeas corpus.
Los tribunales convierten el hábeas corpus (el más antiguo y más sacrosanto de nuestros derechos constitucionales) en algo que carece de sentido. Ir ante un panel militar no es simplemente comparable con comparecer ante un magistrado federal. Nadie (con la excepción de los actuales miembros de la Corte Suprema) soñaría con hacer una afirmación tan absurda.
A los detenidos que aparecen en los tribunales no se les pregunta si han sido torturados o abusados (como sucedería ante un juez federal) y los tres miembros del panel no pueden actuar expeditivamente para liberar al prisionero si no existe una base para las acusaciones que se le hacen.
Además, los tribunales son convocados más de dos años después de que la mayoría de los detenidos fueron encarcelados. El hábeas corpus garantiza que los prisioneros sean procesados rápidamente para asegurar que no se detenga ilegalmente a hombres inocentes.
La noción de «justicia retardada, es justicia negada», se aplica a la lectura fiel del hábeas corpus.
Los medios estadounidenses malinterpretaron el fallo de la Corte Suprema. Todo crítico y periodista del país (sin excepción) interpretó el fallo como que los detenidos tendrían derecho a aparecer ante un juez federal.
No es así.
Ahora el Departamento de la Armada, bajo la supervisión del Secretario de la Armada Gordon England (antiguo vicepresidente ejecutivo de Combat Systems Group) está procesando a los detenidos tras puertas cerradas y despachándolos como «combatientes enemigos» sin ningún control público. (Nota: La II Corte de Apelaciones rechazó hace más de un año el espurio lenguaje de «combatiente enemigo» por no tener significado legal durante «Padilla contra Rumsfeld». Rumsfeld insiste obstinadamente en esta clasificación en su re-escritura de la ley. La clasificación implica que el detenido no puede reclamar estatus de prisionero de guerra y que puede ser confinado indefinidamente sin formular cargos).
La clasificación de detenidos como «combatientes enemigos» es un severo golpe a la idea del imperio de la ley. La pregunta de «lo que constituye tiranía» es decidida alrededor del tema del encarcelamiento arbitrario. Siempre que el Estado asume el derecho de encarcelar a sospechosos sin acusarlos de un crimen, ese Estado, por definición, es una tiranía.
A pesar de todas las nimiedades legalistas sobre las palabras, «combatiente enemigo» implica la suspensión total de todos los derechos humanos y de las libertades cívicas siguiendo los caprichos del poder ejecutivo; es donde el derecho termina y la opresión comienza.
Estos procedimientos han sido ampliamente ridiculizados como una parodia y (se dice que) algunos de los abogados navales se han negado a participar.
Las reglas evidénciales son totalmente invertidas, creando un sistema en el que es imposible organizar una defensa seria.
Los acusados no pueden ver la evidencia que se está utilizando en su contra, se permite al gobierno que utilice testimonio de oídas, no hay una manera práctica de citar a testigos de la defensa, y la compilación de evidencia o la entrevista de testigos se hacen virtualmente imposibles (tres años después de la guerra.)
Éstas son sólo algunas de las flagrantes deficiencias del sistema de tribunales de Rumsfeld.
También deberíamos considerar que el panel está formado por tres jueces elegidos por el Secretario de la Armada (no nombrados por un organismo bipartidario) lo que pone en duda su capacidad de ser imparciales. La suerte de los detenidos queda enteramente en sus manos.
No existe apelación.
(Podemos suponer que Rumsfeld también juega un papel en el resultado de estos procedimientos. Ya que todos los detenidos liberados han hablado de torturas y abusos, un veredicto «culpable» serviría indudablemente sus intereses generales).
Hasta ahora los tribunales han clasificado a cuatro detenidos como «combatientes enemigos». Seguirán detenidos a perpetuidad en sus celdas «sin ventanas» de 1,5 por 2 metros en la Bahía de Guantánamo, sin ningún medio ulterior de cuestionar su internamiento.
El proceso es tan opaco que no hay modo de saber si llegaron a las convicciones de modo apropiado o sobre la base de los principios básicos de la jurisprudencia. Es un sistema que se basa en la «confianza» en lugar de la transparencia.
Los tribunales fueron estructurados para burlar el derecho humanitario internacional, las Convenciones de Ginebra y la Constitución. La posibilidad de poner en tela de juicio los términos de la encarcelación de una persona es el principio fundamental de las sociedades libres. Los tribunales militares no corresponden a ese criterio. Más bien inician un régimen de «encarcelamiento arbitrario» que representa un cambio sísmico en nuestro sistema judicial. Es, en realidad, el fin de todo lo que pudiera parecerse remotamente a la justicia.
James Madison, que temía sin dejarse intimidar la «tiranía de la mayoría», veía (cínicamente) a la Corte Suprema como un «baluarte contra los ataques democráticos».
En la actualidad los juristas van un paso más lejos al desmantelar simplemente las instituciones que protegen al individuo contra la conducta criminal del Estado.
Tal vez el juez Scalia (sin darse cuenta) lo resumió mejor que todos, (anotado por Van Bergen): «No podemos señalar ningún caso u otra autoridad para la proposición de que los que son capturados en un campo de batalla extranjero… no pueden ser detenidos fuera del proceso en lo penal».
La frase operativa en este ejemplo es «fuera del proceso en lo penal».
La farsa que tiene lugar en Guantánamo se encuentra enteramente «fuera del proceso en lo penal». Está también fuera de la ley. Imita más bien los «procesos monstruo» de Stalin; esa parodia acartonada de drama judicial que constituía una burla de los procedimientos legales. Más inquietante aún es que revela la actitud despectiva de la administración Bush incluso contra los estándares más mínimos de justicia.
(Nota: En cuanto de Yasir Hamdi: EE.UU. está actualmente involucrado en conversaciones con Arabia Saudí para ver si aceptarían a Hamdi con la condición de que sea mantenido bajo una vigilancia constante. Si Hamdi está de acuerdo con el trato tendrá que renunciar a su ciudadanía estadounidense y prometer que no demandará al gobierno de EE.UU. en el futuro.
El despojo de los ciudadanos de su ciudadanía y su deportación fueron dos de las disposiciones más controvertidas en la Ley Patriota 2. Está en claro que la administración Bush quiere seguir adelante con su plan de establecer un precedente importante.
Por ahora, Hamdi continúa en un calabozo de la Armada en Norfolk, Virginia, como lo ha estado desde hace más de dos años. Nunca ha sido acusado de algún crimen.)
Traducido para Znet por Germán Leyens
Link original:
http://www.zmag.org/content/showarticle.cfm?SectionID=43&ItemID=6067