Vídeos, testimonios y actividad de las ONG, entre otras fuentes, acreditan que el estado español se salta la legalidad al proceder a las llamadas «expulsiones en caliente» en la frontera con Marruecos. Las «devoluciones en caliente», denunciadas en las ciudades de Ceuta, Melilla e islotes en los que mantiene la soberanía el estado español, consisten […]
Vídeos, testimonios y actividad de las ONG, entre otras fuentes, acreditan que el estado español se salta la legalidad al proceder a las llamadas «expulsiones en caliente» en la frontera con Marruecos. Las «devoluciones en caliente», denunciadas en las ciudades de Ceuta, Melilla e islotes en los que mantiene la soberanía el estado español, consisten en la entrega de ciudadanos extranjeros a las autoridades de Marruecos «por vía de hecho», sin que se siga el procedimiento establecido legalmente y sin cumplir las garantías internacionalmente reconocidas.
El informe jurídico «Expulsiones en caliente: cuando el estado actúa al margen de la ley», impulsado por el Proyecto I+D+i Iusmigrante y firmado por 16 catedráticos y profesores de Derecho y Ética denuncia estas prácticas, de las que se ha tenido constancia cuando grupos de personas inmigrantes han sido interceptadas por agentes españoles saltando las vallas que separan Ceuta y Melilla de Marruecos, al acceder a estas ciudades por mar, o cuando los inmigrantes han alcanzado alguna de las islas de soberanía española frente a la costa marroquí.
En el apartado de conclusiones, el informe señala que las llamadas «expulsiones en caliente» incumplen la Ley de Extranjería por varias razones, entre otras, porque en la legislación no figura la posibilidad de que las Fuerzas de Seguridad expulsen a ciudadanos extranjeros que se hallan bajo su custodia «mediante vías de hecho». Además, los ciudadanos extranjeros que intentan acceder al territorio nacional por puestos no habilitados y son interceptados en la frontera o en sus inmediaciones, pueden, como mucho, ser objeto de la devolución regulada en la legislación de extranjería, añade el informe jurídico.
La tercera razón de la ilegalidad radica, según los especialistas, en que esta devolución «es una actuación administrativa reglada que exige el cumplimiento de una serie de requisitos, como el traslado de ciudadanos extranjeros a la comisaría de policía; su identificación; el nombramiento de un abogado del turno de oficio y, en su caso, de un intérprete; una resolución de devolución acordada por la Delegación del Gobierno; y que el acto material de devolución se ejecute por el Cuerpo Nacional de Policía».
Por otra parte, agrega el informe, el concepto operativo de frontera utilizado por el Ministerio del Interior, que consiste en considerar que en las playas españolas el ámbito territorial de soberanía lo representa una imaginaria línea formada por los cuerpos de agentes de la Guardia Civil, o que en las ciudades de Ceuta y Melilla la zona de soberanía española comienza cuando se atraviesa la valla interior de protección, carecen de cobertura legal.
Asimismo, según los juristas, la interceptación en territorio español de personas que hayan entrado clandestinamente en España por puesto no habilitado no justifica la aplicación de las denominadas «expulsiones en caliente». Por otra parte, tampoco el Acuerdo hispano-marroquí de readmisión justifica la aplicación de las llamadas «expulsiones en caliente». Al contrario, este Acuerdo establece nuevas obligaciones para la ejecución materia de estas entregas de ciudadanos extranjeros, que también se están incumpliendo, concluyen los especialistas en el citado informe.
Otra cuestión que se señala es que no existe la posibilidad de proceder a una modificación legislativa para dar cobertura legal a este tipo de devoluciones, tal como se están ejecutando actualmente, toda vez que vulneran la Constitución española, la normativa de la Unión Europea y el derecho internacional de los derechos humanos, especialmente la referidas al ejercicio del derecho de asilo y protección jurídica internacional, la prohibición de expulsiones colectivas y el principio de no devolución.
Por último, la decisión, ejecución, y colaboración activa y pasiva con las mencionadas expulsiones podría implicar un delito de coacciones (artículo 172 del Código Penal); los delitos de funcionarios públicos de privación de asistencia letrada (artículo 537 del Código Penal), de privación del ejercicio de otros derechos cívicos o de prevaricación.
En otro orden de cosas, una comisión de observadores de derechos humanos, organizada por la Campaña Estatal por el cierre de los Centros de Internamiento para Extranjeros, visitará Melilla del 3 al 6 de julio con la intención de evaluar las vulneraciones de Derechos Humanos que se han venido denunciando a lo largo del último año por las organizaciones locales. Tras su visita, la comisión elaborará un informe que será elevado a diversos organismos internacionales.
El pasado mes de febrero al menos 15 personas murieron en Ceuta tras la intervención de las fuerzas de seguridad del Estado español y marroquíes cuando intentaban llegar a Europa. Esta tragedia, que sigue sin esclarecer, se suma a las ya denunciadas por organizaciones como United Against Racism, que ha señalado que más de 23.000 personas han muerto mientras intentaban alcanzar Europa entre el año 2000 y el año 2013.
Asimismo, tal y como ha documentado la Coordinadora para la Prevención de la tortura en su recién publicado informe de 2013, al menos 39 personas sufrieron malos tratos cuando intentaban entrar en Melilla. A falta de datos oficiales, se desconoce el número real de personas que han sufrido malos tratos.
En los últimos meses, se ha venido constatando la militarización de las fronteras, a través de la utilización de vallas y cuchillas o gases lacrimógenos y balas de goma contra aquellas personas que intentaban acceder al territorio español. Al mismo tiempo, en las últimas semanas se han publicado vídeos que muestran cómo la frontera es inexistente para agentes policiales de los estados español y marroquí. «Estos entran y salen de ambos países sin restricción alguna para aplicar una fuerza absolutamente desproporcionada contra las personas que intentan acceder a territorio europeo», asegura la plataforma en un comunicado.
La gravedad de la situación ha llevado a la Campaña Estatal por el Cierre de los Cies a organizar esta Comisión de Derechos Humanos integrada por abogadas, defensoras de Derechos Humanos, periodistas, etc, e integrantes de organizaciones como la Coordinadora para la Prevención y Denuncia de la Tortura o el Observatorio del Sistema Penal y los Derechos Humanos de la UB o el Grupo de Acción Comunitaria.
Por todo ello, la comisión, tras el trabajo que desarrollará en Melilla, elevará un informe a organizaciones internacionales de protección de derechos humanos; al Comité Europeo para la Prevención de la Tortura y de las Penas o Tratos Inhumanos o Degradantes (CPT) y Subcomité para la Prevención de la Tortura (SPT) entre otras.
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