En condiciones normales de » temperatura y presión «, la noticia podría acogerse en medio de aclamaciones. ¿Hay que recordar que el nombramiento de un ruandés para representar a un acusado ante el Tribunal Penal Internacional para Ruanda (TPIR), había permanecido en vía muerta desde hace tiempo? Solamente ahora, el nombramiento del «primer elegido» suscita […]
En condiciones normales de » temperatura y presión «, la noticia podría acogerse en medio de aclamaciones. ¿Hay que recordar que el nombramiento de un ruandés para representar a un acusado ante el Tribunal Penal Internacional para Ruanda (TPIR), había permanecido en vía muerta desde hace tiempo? Solamente ahora, el nombramiento del «primer elegido» suscita la protesta de Kigali que amenaza con complicar las ya difíciles relaciones entre el Gobierno y el Tribunal de Arusha.
El primer toque de alarma lo disparó el semanario ruandés The New Times, citando a un responsable del equipo encargado de perseguir a los sospechosos de genocidio que hayan huido. Callixte Gakwaya, abogado ruandés inscrito en la abogacía de Mozambique, es uno de los objetivos. Lógicamente, no tendría que defender al hombre de negocios Yussuf Munyakazi, acusado de hechos similares ante el TPIR.
La información la confirmó el representante del Gobierno ruandés ante el TPIR, Aloys Mutabingwa. Según el diplomático Callixte Gakwaya ha sido objeto de una orden de arresto transmitido por Kigali a la Interpol. «Estamos sorprendidos pues el TPIR sabía que existía una orden de arresto contra Gakwaya «, dijo indignado.
Signo precursor
Aloys Mutabingwa, que no duda en hablar de una situación grave, filtra un mensaje al TPIR : » Espero que esto no creará problemas entre el Tribunal y nosotros. Al Tribunal le interesa cooperar con nosotros, devolviéndonos a los sospechosos que no figuran en su lista «. Palabras que, para los oídos despiertos, retumban como signo precursor de un nuevo acceso de fiebre.
Después de 10 días, el Tribunal reaccionó: por medio de la voz un poco molesta de su secretario forense adjunto, Everard O’Donnell, el Tribunal afirmó que, había preguntado innumerables veces la opinión del Gobierno ruandés antes de proceder al nombramiento de Callixte Gakwaya y que Kigali no había contestado.
Everard O’Donnell recordó de paso que el interesado había sido con anterioridad asistente jurídico en un proceso, ya cerrado ante el TPIR, sin que Kigali protestara. El secretario forense adjunto desafió a Kigali a que demostrara la culpabilidad del abogado, pues no podía fundarse en simples «reflexiones» no acompañadas de pruebas irrefutables.
Volviendo a la carga, Aloys Mutabingwa, en un comunicado, califica como de » pura retórica «, la declaración del secretario añadiendo que (esa declaración) no reduce nada la gravedad de las acusaciones que pesan sobre el abogado.
Aloys Mutabingwa, según el cual el TPIR adopta una actitud defensiva, le reprocha sobre todo que se muestre » inflexible » cuando la cuestión del «reclutamiento de sospechosos y sus cómplices» debe debatirse.
Kigali sostiene que el TPIR emplea a varios sospechosos de genocidio. Sus expedientes se harán públicos si no se encuentra una salida diplomática, amenaza Mutabingwa.
En cuanto a Gakwaya, Mutabingwa indicó que va a proporcionar al TPIR una copia de la orden de arresto emitido contra él y la solicitud de que se coopere para detenerle y extraditarle. «Si el TPIR lo desea, puede juzgarle, en lugar de ofrecerle un empleo», ironiza. El diplomático declaró que, en cambio, no aportará al secretario judicial elementos de prueba suplementarios contra Gakwaya, para no perjudicar su expediente.
Un antiguo contencioso.
El antagonismo entre Kigali y el TPIR no es de ayer. Los hechos remontan a los mismos orígenes de la jurisdicción. Ya en noviembre de 1994, Ruanda, que era miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU votó contra la resolución que creaba el TPIR, entre otros motivos, porque no podría aplicar la pena de muerte. Sus críticas se han intensificado a lo largo de los años. Primero fueron por la lentitud de los procedimientos, antes de que estallara la primera gran crisis en noviembre de 1999. El Tribunal acababa de poner en libertad al antiguo político y responsable de los media Jean-Bosco Barayagwiza, por vicio en el procedimiento.
Kigali se picó y rompió sus relaciones con Arusha. Solo se restablecieron cuando el Fiscal obtuvo la anulación de la decisión.
La tregua duró poco pues, el año siguiente, el Fiscal de entonces, Carla Del Ponte, anunció su intención de investigar a los miembros del Ejército gubernamental sospechosos de crímenes de guerra.
Comenzó entonces un forcejeo que terminó con la traslado de la suiza en agosto de 2003.
Mientras tanto, el Tribunal se encontró sacudido por otra crisis, la de los testigos, que duró casi todo el año 2002. Las asociaciones de supervivientes habían prohibido a sus miembros que comparecieran en los procesos, alegando acoso durante los interrogatorios.
La crisis actual, aunque ahora parece menos aguda que las precedentes, corre el riesgo de dejar huella en este período decisivo en que el TPIR está tan atento a lo que podría estorbar a su estrategia de final de mandato como a lo que afecte a su imagen.
Y como si esto no fuera suficiente, Ruanda acaba de pedir al TPIR que detenga y extradite al antiguo Prefecto Emmanuel Bagambiki, recientemente absuelto, según dicen para que se enfrente a nuevos cargos. El clima no está saneado.