En cinco años, más de 300.000 personas han muerto en Darfur y más de dos millones se han visto obligadas a dejar sus hogares. El fiscal de la Corte Penal Internacional responsabiliza de ello al presidente sudanés y pide su detención. El fiscal jefe de la Corte Penal Internacional (CPI), Luis Moreno Ocampo, pidió ayer […]
En cinco años, más de 300.000 personas han muerto en Darfur y más de dos millones se han visto obligadas a dejar sus hogares. El fiscal de la Corte Penal Internacional responsabiliza de ello al presidente sudanés y pide su detención.
El fiscal jefe de la Corte Penal Internacional (CPI), Luis Moreno Ocampo, pidió ayer la detención del presidente de Sudán, Omar Hassan Ahmad al-Bashir, por su implicación en diez casos de genocidio, crímenes de guerra y lesa humanidad en Darfur. Según estimaciones de la ONU, más de 300.000 personas han muerto en cinco años de conflicto y más dos millones han tenido que abandonar sus hogares por la violencia. Son muchas las voces que a lo largo de estos años han acusado al Gobierno sudanés de armar a la milicias Janjaweed para atacar a la población de Darfur.
Aunque otros dos jefes de Estado -el yugoslavo Slobodan Milosevic y el liberiano Charles Taylor- ya fueron inculpados por tribunales internacionales, es la primera vez que una Corte acusa a un mandatario en funciones. Milosevic, que falleció en su celda antes de acabar el juicio en su contra, fue inculpado en 1999 por el Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia (TPIY), mientras que Taylor lo fue por el Tribunal Especial de Sierra Leona en 2003.
Moreno Ocampo sostiene que al-Bashir «creó y aplicó un plan para destruir una parte sustancial de las etnias fur, masalit y zaghawa», que constituyen la mitad de la población de Darfur, de 4,5 millones de habitantes.
En su escrito de acusación, afirma que estas tres etnias, que se alzaron en armas contra el Gobierno, «constituían una amenaza contra el poder» de al-Bashir que «tenía intención de cometer genocidio», si bien la motivación de sus acciones fuese, supuestamente, «el control de su poder». «Está claro que cualquier gobierno tiene derecho a controlar su territorio, pero ningún gobierno tiene derecho a cometer genocidio para controlarlo», remarca.
Según sus conclusiones, bajo las órdenes de al-Bashir, se atacó primero las tierras de los fur, masalit y zaghawa, «cuya selección está absolutamente centrada en la etnicidad». Luego, se les continuó atacando en los campos de detención, donde, a través del secretario de Estado de Asuntos Humanitarios, Ahmad Mohamed Harun, también inculpado, se les privó de «medios y condiciones». Así, sostiene que aquellos que lograron llegar a los campos de refugiados, fueron sometidos a duras condiciones, cuyo objetivo final era su aniquilación. «En los campos, las fuerzas de al-Bashir mataron a los hombres y violaron a las mujeres. Tengo evidencias», subraya. A continuación, resalta que «para evitar la revelación de estos crímenes y asegurarse la disposición de sus subordinamos a cometer actos de genocidio, al-Bashir les ofreció total impunidad. Él es el presidente, el jefe supremo. Utilizó todo el aparato del estado, el Ejército y armó a las milicias Janjaweed. Su control es absoluto».
En total, son diez los cargos que pesan sobre el mandatario sudanés. Tres por genocidio -la muerte de miembros de las citadas etnias, el daño físico y síquico provocado a estos grupos y las extremas condiciones de vida, diseñadas para acabar con con ellos- cinco por «crímenes contra la humanidad» -exterminio, tortura, violación, desplazamientos forzosos y ejecuciones- y dos por «crímenes de guerra» -saqueo de los poblados y ataques a civiles-.
Ahora, los magistrados de la sala preliminar de la CPI analizarán si las pruebas mostradas son una base razonable para hacer efectiva la orden de arresto.
Este procedimiento «suele durar entre dos y tres meses, pero este caso es complicado», por lo que los jueces no tienen límite de tiempo para pronunciarse.
Desde Sudán, el vicepresidente Ali Osman Taha calificó de «falsas» las alegaciones de Moreno Ocampo, cuyo enfoque «no es profesional». Alegó que «los conflictos tribales en Darfur y los desplazamientos ya existían antes de la llegada al poder de al-Bashir en 1989».
El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Ali al Sadiq, dejó claro que no reconocen «nada que venga de la CPI porque para nosotros no existe».
El embajador sudanés ante la ONU, Abdalmahmud Abdalhaleem, emplazó al Consejo de Seguridad a que paralice una hipotética orden de arresto. La ONU elevó el nivel de alerta y evacuó al personal de la Minud.
El presidente de EEUU George W. Bush, expresó su «inquietud», la Liga Árabe anunció que se reunirá mañana y la UE optó por la ambigüedad. La UA fue más clara al pedir que no se ejecute la detención porque «crearía un vacío de poder, que podría dar lugar a golpes de Estado y a una anarquía absoluta».
Las víctimas ven con temor y recelo la petición judicial
«Cada vez que les veíamos, salíamos corriendo. Algunas de nosotras logramos huir, otras fueron capturadas y arrastradas para ser violadas por varios hombres, puede que veinte para violar a una sola mujer. Estas cosas formaban parte de nuestra vida cotidiana. Poco les importa delante de quién cometen las violaciones, les da igual. Violan a las jóvenes delante de su padre y su madre». Es el relato de una víctima, recogido en el escrito de acusaciones del fiscal jefe de la Corte Penal Internacional, el argentino Luis Moreno Ocampo.
La solicitud de arresto ha suscitado el temor de las víctimas a represalias. «Las cosas van a empeorar. El presidente no se detendrá y no sé qué tendrá de positivo esta decisión», lamenta un vecino de Omdurman.
Osmane Abakr es un obrero de Darfur y forma parte de la larga lista de los más de dos millones de desplazados. Cuando se le pregunta sobre la actuación de la CPI, prefiere guardar silencio. «No puedo hablar sobre este tema», contesta de forma tajante.
«Tenemos muchos más problemas; el trabajo, la comida, el dinero etc. Eso es lo que nos preocupa», subraya Mohammed Adam. El año pasado llegó a Jartum procedente de Darfur. El suyo es un sentimiento que impera entre los refugiados que, tras haber perdido a gran parte de sus familiares y sus pertenencias, esperan lograr cierta estabilidad. Para Abdel Rahmane Adam Salih, diputado de la oposición, muchos apoyan a Ocampo, aunque «tienen miedo a hablar».
Cinco largos años de conflicto por un reparto más justo
En marzo de 2003, el Movimiento para la Justicia y la Igualdad (JEM) y el Movimiento-Ejército de Liberación de Sudán (SLM-SLA) reclamaron una distribución más equitativa del poder y las riquezas. El 11 de agosto de ese año, acusaron a las milicias pro gubernamentales, los Janjaweed, de cometer masacres en Darfur. El 8 de abril de 2004, firmaron un acuerdo con el Gobierno, que incluía un alto el fuego, que no se respetará. En agosto, llegaron las primera tropas de la Unión Africana.
En enero de 2005, la ONU denunció que se habían cometido crímenes contra la humanidad, si bien, dijo que Jartum «no prosiguió una política de genocidio». En marzo, aprobó sanciones contra particulares por su implicación en masacres y el embargo de armas.
En marzo de 2007, una misión de la ONU acusó a Jartum de «orquestar y participar en crímenes contra la humanidad». En mayo, la Corte Penal Internacional ordenó la detención del ex secretario de Estado Ahmed Haroun y de un jefe de los Janjaweed, Ali Kosheib. Al igual que en esta ocasión, Sudán dijo no reconocer las competencias de este tribunal, creado el 1 de julio de 2002 y con sede en La Haya. En julio, la ONU dio luz verde al envío de una fuerza conjunta con la UA. El teórico despliegue de 26.000 efectivos, quedó reducido a 9.000 por problemas logísticos y políticos.
En mayo de este año, las milicias del JEM lanzaron una ofensiva contra la ciudad de Omdurman. Más de 220 personas murieron en los enfrentamientos.