Después de múltiples condenas del Congreso y del Tribunal Supremo, incluso después de una rectificación formal del presidente, George W. Bush, el Gobierno estadounidense ha seguido autorizando el uso de torturas contra detenidos por medio de documentos secretos emitidos por el Departamento de Justicia y conocidos por la Casa Blanca. Según la información publicada ayer […]
Después de múltiples condenas del Congreso y del Tribunal Supremo, incluso después de una rectificación formal del presidente, George W. Bush, el Gobierno estadounidense ha seguido autorizando el uso de torturas contra detenidos por medio de documentos secretos emitidos por el Departamento de Justicia y conocidos por la Casa Blanca. Según la información publicada ayer en exclusiva por el diario The New York Times, y no desmentida oficialmente, esos documentos fueron elaborados en tiempos de Alberto Gonzales en la Fiscalía General y siguen todavía en vigor.
El periódico afirma, citando a funcionarios que tuvieron información sobre este asunto, que las autorizaciones hechas en secreto por el Departamento de Justicia suponen «un masivo respaldo de las más crueles técnicas de interrogatorio jamás usadas por la Agencia Central de Inteligencia (CIA)».
Esas autorizaciones daban luz verde para que los presos interrogados en las cárceles secretas de la CIA en África, Asia y el este de Europa pudieran ser sometidos a castigos como golpearles en la cabeza, simular intentos de asfixia, someterlos a temperaturas heladas o dejarlos en largos periodos de aislamiento. Similares técnicas podrían haber sido utilizadas, de acuerdo a los permisos emitidos, en Guantánamo.
La Administración estadounidense suspendió formalmente, en diciembre de 2004, los poderes que el presidente Bush había concedido después del 11-S para utilizar las más extremas técnicas de interrogatorio contra los sospechosos de terrorismo. Poco después de la llegada de Alberto Gonzales al Departamento de Justicia, en febrero de 2005, empezaron a emitirse de forma secreta nuevos documentos autorizando los métodos que oficialmente se rechazaban, pero que algunos responsables de la lucha antiterrorista seguían creyendo necesarios.
Los argumentos legales para autorizar las torturas fueron escritos por Steven Bradbury, que desde 2005 ocupa la poco conocida pero muy influyente Oficina de Consejo Legal del Departamento de Justicia, cuya misión es sencillamente la de asegurarse de que la actuación del Gobierno está dentro de la ley. En esa oficina han servido antes personas tan respetables como William Rehnquist o Antonin Scalia, luego miembros del Tribunal Supremo.
Con Gonzales como fiscal general, sin embargo, tanto la oposición demócrata como varios expertos aseguran que la Oficina de Consejo Legal y todo el Departamento de Justicia se convirtieron en un mero instrumento al servicio de la controvertida política de la Administración en su lucha contra el terrorismo. De hecho, fue finalmente la acumulación de pruebas sobre la actitud servicial de Gonzales ante el presidente y, sobre todo, ante el vicepresidente, Dick Cheney, la que le obligó a dimitir el mes pasado.
Aunque The New York Times no llega a establecer de forma concluyente la responsabilidad de la Casa Blanca en esta operación, parece evidente que la actuación de Gonzales estuvo coordinada por la oficina del vicepresidente, que siempre defendió en reuniones privadas la necesidad de las torturas y buscó los medios para continuarlas, pese a todos los obstáculos encontrados.
Entre estos obstáculos está una decisión del Tribunal Supremo en 2006 que asegura que todos los sospechosos de Al Qaeda detenidos en cárceles secretas o en Guantánamo están protegidos por la Convención de Ginebra. El Congreso aprobó también en diciembre de 2005 y en noviembre de 2006 dos leyes distintas prohibiendo el «trato cruel, inhumano o degradante» en los interrogatorios.
Frente a esas objeciones, la Administración trató de maniobrar para seguir adelante con su política original. Según un experto en interrogatorios de la CIA, Paul Kelbaugh, las técnicas aplicadas hasta ese momento «habían permitido obtener muy buena información» y el Gobierno no quería renunciar a ellas. Necesitaba, sin embargo, la base legal para justificarlas. Ahí es donde entran en juego Gonzales, un viejo amigo de Bush, y Steven Bradbury. Este último asegura a los periodistas de The New York Times que firman esta exclusiva que nunca actuó por presiones de la Casa Blanca. Pero lo cierto es que sus opiniones, emitidas en secreto desde su influyente oficina, son las que dieron pie a que las torturas siguieran siendo admitidas. Bradbury aconsejó, entre otras cosas, al presidente que los métodos de interrogatorio de la CIA no contradecían las condiciones de «trato cruel, inhumano o degradante» impuestas por el Congreso, ni violaban la Convención de Ginebra, como pedía el Supremo.
Fue seguramente sobre esa base legal sobre la que Bush dictó en julio un decreto en el que autorizaba a la CIA el uso de métodos de interrogatorio prohibidos por el Ejército. Aunque nunca se informó, porque no está obligado a hacerlo, qué métodos eran ésos, es fácil deducir ahora que los métodos autorizados son las torturas que el Departamento de Justicia había considerado previa y secretamente legales.