Amnistía Internacional reveló hoy que el gobierno de Liberia no ha hecho casi nada para poner a disposición judicial a miles de personas acusadas de graves abusos contra los derechos humanos que tuvieron lugar durante el largo conflicto armado del país, en el que miles de personas fueron víctimas de homicidio, violación o tortura. En […]
Amnistía Internacional reveló hoy que el gobierno de Liberia no ha hecho casi nada para poner a disposición judicial a miles de personas acusadas de graves abusos contra los derechos humanos que tuvieron lugar durante el largo conflicto armado del país, en el que miles de personas fueron víctimas de homicidio, violación o tortura.
En la presentación de un nuevo informe, titulado Truth, justice and reparation for Liberia’s victims, la organización instó a la presidenta de Liberia, Ellen Johnson-Sirleaf, a poner inmediatamente en práctica un plan para garantizar que los autores de abusos contra los derechos humanos cometidos en el pasado comparecen ante la justicia, de manera que por fin pueda acabar el círculo vicioso de violencia que ha atormentado a Liberia durante años.
«Aunque la actual Comisión de la Verdad y la Reconciliación es un primer paso importante, el gobierno puede y debe hacer mucho más para ocuparse de las violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado», ha declarado desde Monrovia Tania Bernath, investigadora sobre Liberia de Amnistía Internacional.
«El gobierno no debe esperar a las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación para iniciar el proceso de decidir cuándo y cómo comparecerán ante la justicia los sospechosos de violaciones de derechos humanos, y las víctimas tampoco deben esperar para recibir las reparaciones.»
«Aunque la Comisión de la Verdad y la Reconciliación tiene un importante papel que desempeñar a la hora de determinar la verdad de muchos de los terribles episodios que ocurrieron durante los años de conflicto de Liberia, no sustituye a un tribunal de justicia. No puede determinar la responsabilidad penal individual ni proporcionar reparaciones completas a las víctimas», ha manifestado Bernath.
Es difícil calcular cuántas personas murieron en matanzas durante los 14 años del conflicto de Liberia, que se caracterizó por los homicidios en masa y las violaciones. Se calcula que al menos el 60 por ciento de la población ha sufrido alguna forma de violencia sexual.
«Las sociedades que han surgido de una larga historia de abusos contra los derechos humanos, como la de Liberia, deben crear un plan a largo plazo para garantizar que se dice la verdad, se hace justicia y se dan reparaciones», ha afirmado Bernath, que ha añadido: «Es la única forma de asegurar que nunca se repitan los horrores del pasado».
Amnistía Internacional admitió que la tarea de abordar la impunidad en Liberia presenta dificultades políticas y prácticas: algunos parlamentarios actuales son presuntos autores de violaciones de derechos humanos y existe la dificultad de operar en un clima de dificultades económicas de posguerra.
«La aprobación en el Congreso de leyes adecuadas que pongan a todos los autores a disposición judicial en Liberia será un gran reto, pero el gobierno debe enfrentarse a él directamente, sobre todo porque tiene la obligación legal de hacerlo», ha añadido Bernath.
«No castigar a los perpetradores les permite creer que no tendrán que enfrentarse a las consecuencias de sus horribles actos, pasa por alto el sufrimiento de las víctimas y además crea el peligro de nuevas violaciones.»
El gobierno no ha elaborado ningún plan oficial para dar reparación a los cientos de miles de víctimas de violación, tortura o violencia sexual ni a los menores que fueron reclutados por la fuerza en grupos armados. La consecuencia es que se ha dejado sufrir a las víctimas sin el reconocimiento oficial de los crímenes cometidos contra ellas ni ayuda para rehacer sus vidas.
Amnistía Internacional instó al gobierno a que elaborara un plan de acción sobre reparaciones que tuviera en cuenta especialmente garantizar la atención psicológica de los menores y la atención médica de las mujeres que han sido víctimas de violación y otras formas de violencia sexual.
Se ha hecho poco para investigar y documentar la violación y otras formas de violencia sexual perpetradas durante los años del conflicto armado. La consecuencia es que no existe una base real para el eventual procesamiento de los presuntos autores de estos delitos. Muchas mujeres se ven obligadas a vivir cerca de sus agresores, encontrándose con ellos en la calle y en el mercado y temiendo que quienes abusaron de ellas nunca comparecerán ante la justicia.
«La presidenta Johnson-Sirleaf adoptó una postura contraria a la impunidad cuando entregó a Charles Taylor al Tribunal Especial para Sierra Leona a fin de que fuera juzgado por crímenes contra el pueblo de Sierra Leona. Ahora debe demostrar esa misma capacidad de liderazgo para abordar las violaciones perpetradas contra el pueblo de Liberia», ha dicho Bernath.
Información complementaria En junio de 2006, comenzó a funcionar en Liberia la Comisión de la Verdad y la Reconciliación como parte del Acuerdo General de Paz. Su mandato era contribuir a la justicia y la reparación estableciendo los hechos de los crímenes cometidos en el pasado.