Los proyectos de plantas solares y eólicas de más de 50 MW no necesitarán ahora de declaración de impacto ambiental. Los trámites para instalarlas serán ahora más laxos y las restricciones para su instauración se limitan a los terrenos de la Red Natura 2000.
“Un paso más en la dirección establecida por el presidente Pedro Sánchez desde su investidura, hace algo más de tres años: gobernar para la gente, con el fin de convertir España en un país más justo, más cohesionado y más moderno“. Así ha defendido el ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, la convalidación del tercer Real Decreto-Ley 20/2022, por el se prorrogan algunas medidas tomadas hace un año con motivo de la turbulencia energética y económica que creó la Guerra de Ucrania y se adoptan otra nuevas.
Entre medidas como la reducción del IVA del aceite y la pasta del 10 al 5%, la eliminación de este impuesto de alimentos de primera necesidad como la leche, el pan, la verdura, la fruta, las hortalizas y las legumbres, o la instauración de un cheque de 200 euros para unidades familiares con ingresos menores a 27.000 euros al año, se colaba una que suscita un rechazo de las población que residen en las zonas con menos densidad humana del país: la desregulación de la normativa para la ubicación de centrales eléctricas renovables y la relajación de la normativa ambiental al respecto.
Tomás Guitarte, diputado de Teruel Existe, ya anunciaba a escasos días de la votación en el Congreso que esta se planteaba como una “trampa”, pues en el RDL se mezclan temas de muy diversa índole. Para la formación que nace de la defensa de uno de los territorios más despoblados eran los artículos 22 y 23 de la normativa los que planteaban todo un cambio de paradigma contra estos territorios: “Culminan la sucesión de anteriores decretos que ya contenían una desregulación de la normativa para ubicación de centrales de renovables que arrasarán el territorio de la España vaciada”.
De hecho, con el nuevo reglamento, para la instalación de nuevos macroproyectos de energía renovable, de más de 50 MW, se elimina la necesidad de una declaración de impacto ambiental (DIA). Ahora esta se sustituye por un nuevo proceso —denominado afección ambiental—, que se puede salvar aportando documentación elaborada por la propia promotora de la central eléctrica.
La normativa convalidada ahora también amplía los espacios donde se pueden instaurar macrocentrales solares y eólicas. Si bien, como denuncia Teruel Existe, la anterior negociación suponía que la implantación exprés de nuevas plantas energéticas se limitaba a zonas de baja sensibilidad en el mapa de zonificación ambiental, ahora la única limitación son los espacios integrados en la Red Natura 2000.
Para la formación turolense, el RDL “se salta sin justificación el reciente reglamento europeo que dicen cumplir, ya que no hay zonas específicas previas ni evaluación ambiental estratégica, y se saltan también la fase de información de la evaluación ambiental”.
En la misma línea se han manifestado las 451 entidades ciudadanas integradas en el movimiento Macrorenovables No. Estas habían pedido a las formaciones políticas, mediante un documento titulado nada menos que “Ecocidio en el Congreso”, que se opongan a los artículos 22 y 23 del RDL.
Para estas organizaciones, la normativa no se ajusta a la legalidad europea, ya que, según denuncian, vulnera el Convenio de Aarhus de participación ciudadana y priva incluso a las principales entidades ecologistas de la posibilidad de conocer los expedientes y formular alegaciones. “La aprobación del Reglamento europeo 2022/2577 del pasado 22 de diciembre, precisamente establece la necesidad previa de una zonificación y de una evaluación medioambiental estratégica, condiciones cruciales que han sido obviadas en este Real Decreto 20/2022”, remarcan.
También lamentan que las nuevas centrales puedan ser aprobadas por “silencio administrativo”, pues la administración tiene ahora que resolver en tan solo diez días el proceso de afección ambiental, y si no hay respuesta administrativa en ese plazo el trámite ambiental se considerará favorable.
Desde Macrorenovables No matizan que apoyan una transición a las renovables basada en el autoconsumo, la eficiencia energética, la utilización de las zonas ya antropizadas, y las comunidades energéticas, dentro de un modelo energético distribuido y justo. Sin embargo, denuncian que “el modelo a escala macro que está desplegando el Ministerio de Transición Ecológica en la actualidad favorece exclusivamente a las multinacionales y anula los derechos de la ciudadanía, agrava la despoblación, y pone en peligro la biodiversidad”, así como “pone en peligro su modo de vida y sus actividades, así como el patrimonio ambiental y cultural de estos territorios”.