El Gobierno que preside José Luis Rodríguez Zapatero, a través de la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI), ha empezado a construir lo que eufemísticamente llama un «centro de acogida de inmigrantes», pero es más bien un campos de concentración como los que ya funcionan en las colonias de Ceuta y Melilla. Siete funcionarios de […]
El Gobierno que preside José Luis Rodríguez Zapatero, a través de la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI), ha empezado a construir lo que eufemísticamente llama un «centro de acogida de inmigrantes», pero es más bien un campos de concentración como los que ya funcionan en las colonias de Ceuta y Melilla.
Siete funcionarios de la AECI están destacados en Nouadhibou (Mauritania) junto a 35 militares españoles encargados de transformar un antiguo colegio de esa ciudad en un centro de acogida al que serán trasladados desde Canarias los inmigrantes detenidos últimamente procedentes de Senegal y de Malí.
El plan gubernamental es que desde allí las autoridades mauritanas los conduzcan en autobuses hasta las fronteras de sus respectivos países. El Estado español suministrará al campo tiendas de campaña, equipos sanitarios, agua y alimentos.
El campo tiene unos 10.000 metros cuadrados y está rodeado por una tapia de cemento de unos dos metros de altura. En él los militares desplegarán 25 tiendas, en 18 de las cuales instalarán 200 camas; las restantes serán destinadas a cocina, comedor y enfermería.
El director de Seguridad de la provincia, Yahfdan Amar, declaró que desconocía cuándo comenzarán a llegar los subsaharianos detenidos en Canarias, aunque tiene noticias de que el primer grupo será de 170 personas.
CEAR advierte al gobierno
Por su parte, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) recordó al gobierno a través de una nota de prensa la necesidad de respetar las convenciones internacionales y los derechos humanos tanto en España como en los países de tránsito y de origen de los expulsados.
Igualmente, a juicio de la CEAR, las devoluciones que desde España se pudieran realizar de ciudadanos subsaharianos en aplicación del Acuerdo de Inmigración con Mauritania, habrán de cumplir la legalidad vigente y en especial lo previsto en el articulo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos y el Protocolo adicional III a dicho Convenio, instrumentos que establecen que nadie puede ser devuelto a un tercer país donde corra riesgo de ser sometido a tratos inhumanos, crueles o degradantes.
Ante la posible puesta en funcionamiento del campo para inmigrantes, CEAR declaró que no existen precedentes respecto a la construcción de nada similar, por parte del Estado español, fuera de sus fronteras. Y en este sentido consideró esencial que se aclare tanto el estatuto del Centro como el de las personas que van a ser trasladados a ellos.
La organización humanitaria viene manifestando, desde hace tiempo, la necesidad de que a todas las personas que han llegado al territorio español se les respete, en su caso, el derecho a solicitar Asilo o cualquier otro estatuto de protección internacional a que pudieran tener derecho. Para ello es fundamental garantizar el acceso a estas personas tanto de los representantes en España del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los refugiados (ACNUR) como de personal jurídico de las ONGs que trabajan con refugiados, posibilidad expresamente contemplada en la legislación española de Asilo.