Las autoridades ruandesas han denegado las órdenes de arresto internacionales emitidas por la judicatura española contra 40 militares ruandeses acusados de genocidio, crímenes contra la humanidad y cargos de terrorismo. Un juez de la Audencia Nacional española, Fernando Andreu, ha acusado a los militares de participar en asesinatos masivos a principios de los años noventa. […]
Las autoridades ruandesas han denegado las órdenes de arresto internacionales emitidas por la judicatura española contra 40 militares ruandeses acusados de genocidio, crímenes contra la humanidad y cargos de terrorismo. Un juez de la Audencia Nacional española, Fernando Andreu, ha acusado a los militares de participar en asesinatos masivos a principios de los años noventa. El tribunal los acusa también de matar a nueve ciudadanos españoles, incluyendo seis misioneros.
El juez español declaró que el tribunal tenía pruebas que relacionaban al presidente Paul Kagame con los crímenes.
Una acusación similar contra el presidente Kagame y nueve de sus representantes más cercanos realizada por un juez francés, Jean Louis Bruguiere, provocó un enfrentamiento diplomático entre Ruanda y Francia.
El Ministerio ruandés de Exteriores ha declarado que las órdenes de detención eran «falsas» y «ridículas» y criticado al juez español por no visitar las escenas de los supuestos asesinatos [Congo Kinshasa y Ruanda] antes de emitir las acusaciones.
El juez Andreu, que actúo en respuesta a las quejas de las organizaciones de derechos humanos en 2005, fue criticado también por no colaborar con la judicatura ruandesa para llevar a cabo el arresto de los oficiales acusados.
En 1994, Los 100 días de genocidio de Ruanda asistieron a la matanza masiva de tutsis y hutus moderados por parte de la milicia hutu, que dejó 800.000 víctimas.
A pesar de contar con la facultad de juzgar crímenes de guerra cometidos en el extranjero, los tribunales españoles no han tenido éxito en estas empresas.