Todos los ciudadanos de la Comunidad Autóma Vasca tendrán garantizado por el Gobierno de Vitoria un piso de alquiler que les cueste como máximo el 30% de sus ingresos. Así se recoge en el borrador de Ley de Vivienda que está elaborando la consejería de Javier Madrazo, un documento que ha empezado a distribuir esta […]
Todos los ciudadanos de la Comunidad Autóma Vasca tendrán garantizado por el Gobierno de Vitoria un piso de alquiler que les cueste como máximo el 30% de sus ingresos.
Así se recoge en el borrador de Ley de Vivienda que está elaborando la consejería de Javier Madrazo, un documento que ha empezado a distribuir esta semana entre los agentes sociales. El texto, que será remitido al Parlamento de Vitoria durante este año, convierte el acceso a la vivienda en un derecho comparable a la sanidad y a la educación, que podrá reclamarse en los tribunales desde el 1 de enero de 2012.
A partir de esa fecha, la persona que no haya conseguido, al menos, un piso de alquiler social o protegido en Euskadi podrá buscarlo en el mercado libre, pues el Ejecutivo autónomo le proporcionará una ayuda para que la renta mensual de la vivienda no se lleve más de un tercio del sueldo. Por ejemplo, los «mileuristas» pagarían hasta 300 euros al mes, mientras que el resto del dinero lo pondría el Departamento de Vivienda, aunque dentro de unos límites.
Esos límites se tomarán del programa Bizigune del Gobierno vasco, que capta viviendas vacías para el alquiler protegido desde 2003. La consejería de Madrazo está pagando a los dueños de los inmuebles desocupados un máximo de 660 euros y sólo acepta pisos que no superen los 90 metros cuadrados. A continuación, alquila esos pisos a las personas inscritas en Etxebide que se interesan por ellos y les cobra una renta que nunca supera un tercio de lo que ganan. Por regla general, cada individuo, pareja o familia alojados de esa manera -unos 3.000 en total- le cuesta al Ejecutivo autónomo 3.600 euros anuales.
La futura Ley de Vivienda prevé aplicar ese sistema de forma genérica cuando las instituciones vascas no puedan atender la demanda de una persona concreta ni con un piso de alquiler social o protegido, ni tampoco con uno captado por Bizigune. En tal caso, el afectado podrá solicitar al Gobierno vasco una subvención para pagar la renta de una vivienda libre, aunque tendrá que cumplir los requisitos exigidos por Etxebide; es decir, acreditar unos ingresos de 3.000 a 43.000 euros anuales.
Hasta ahora, sólo Escocia y Francia se han planteado ofrecer garantías públicas de alojamiento a los ciudadanos. Sin embargo, en el caso escocés, esas medidas se dirigen a personas sin techo (los denominados «homeless»), mientras que en Francia están pensadas para atender primero a colectivos amenazados de exclusión y, en una segunda fase, hasta 2012, a familias que aguardan un piso social desde hace muchos años.
La fórmula que se quiere aplicar en Euskadi tiene vocación más amplia, pues uno de los grupos que más puede beneficiarse de ella son, en la práctica, los jóvenes con sueldos bajos que viven con sus padres porque están excluidos del mercado inmobiliario.