Marruecos vivío ayer unas elecciones legislativas que estuvieron marcadas por la alta abstención, que podría superar el 50%, y de las cuales aún no se conocen los resultados definitivos. Con un retraso considerable, que según los observadores internacionales puede dar lugar a la manipulación y al fraude, todo parece indicar que el islamista Partido Justicia […]
Marruecos vivío ayer unas elecciones legislativas que estuvieron marcadas por la alta abstención, que podría superar el 50%, y de las cuales aún no se conocen los resultados definitivos. Con un retraso considerable, que según los observadores internacionales puede dar lugar a la manipulación y al fraude, todo parece indicar que el islamista Partido Justicia y Desarrollo (PJD) conseguirá la mayoría en el Parlamento.
Por primera vez en la historia reciente de Marruecos, una formación islamista se perfila como la vencedora en las elecciones legislativas. El PJD, logrará entre un 25% y hasta un 47% de los votos, convirtiéndose en la primera fuerza del Parlamento, según coinciden todas las encuestas, incluso las gubernamentales.
El PJD, partido legal con representación parlamentaria (tercera fuerza en los comicios de 2002), conjuga la defensa de la introducción de la Sharia (ley islámica) con una posición contemporizadora con el régimen monárquico alauí del todopoderoso Mohamed VI, cuya condición de Comendador de los Creyentes y depositario de un poder previo a la Constitución no pone en duda.
Su secretario general, el otrora radical pero hoy moderado Saad el Othmani, declara a su formación como el equivalente a la democracia-cristiana europea -al igual que lo hacen los islamistas en el poder en Turquía-. Defiende abiertamente la introducción de la Sharia (ley islámica) como fuente del derecho pero a la vez se proclama como barrera frente a los «extremistas».
Los analistas coinciden en que el PJD, influyente en las clases medias urbanas, concitará el «voto de castigo» al régimen actual.
Este voto mostrará sólo una pequeña parte del malestar de la sociedad para con sus gobernantes. El Gobierno ha asegurado que se conformaría con que se repita la abstención de hace cinco años, del 48%. Participación que, secreto a voces, fue inflada por las autoridades -en las ciudades sólo había votado el 30% cuando ya habían votado los fieles tras la oración del viernes-. El 60% de los jóvenes en edad de votar no se han inscrito en el colegio electoral.
A ello hay que sumar los llamamientos al boicot, en los que coinciden desde otras formaciones islamistas y de izquierdas hasta formaciones políticas representantes de pueblos sin estado en el actual Marruecos.
Desactivando la victoria
Al igual que ocurre en el Egipto de Hosni Mubarak con los Hermanos Musulmanes, el PJD accedió en 2002 a presentarse sólo en la mitad de las circunscripciones, lo que le hurtó las posibilidades de victoria. Hoy, por el contrario, se presenta en la práctica totalidad de ellas, pese a lo que sólo lograría entre 60 y 70 diputados de un total de 325.
El Ministerio de Interior ha modificado el mapa electoral para mitigar el alcance de la victoria islamista, sobrerrepresentando a las zonas rurales -controladas por sus caciques- en detrimento de las urbanas, feudos islamistas crecientes. 700.000 habitantes del Tánger urbano elegirán a cuatro diputados, mientras 90.000 escasos del Tánger rural tendrán en sus manos dos escaños. Paralelamente, ha promovido la legalización y participación de otras dos formaciones islamistas minoritarias -la utilización del islamismo para debilitar en su día a la izquierda es una constante en la historia de la monarquía alauí- para arañar votos al PJD.
Y es que, pese a las promesas de reforma de Mohamed VI, que acaba de cumplir su octavo año de reinado tras la muerte de su despótico padre, Hassan II, el régimen alauí disimula con el autotítulo de «monarquía ciudadana» un sistema en el que el rey mantiene bajo su férreo control los principales resortes del poder político y económico en Marruecos. Así, no sólo designa a los que ostentarán los llamados ministerios de fuerza sino que impone al primer ministro.
Fue lo que hizo en 2002 al ciscarse en la victoria de las formaciones históricas -los socialistas de la USFP ganaron en escaños y la nacionalista Istiqlal en votos- y nombrar para el cargo al tecnócrata Dris Yetu, otorgando a las formaciones del Gobierno actual cargos de menor peso.
Nada impedirá al rey alauí hacer lo propio tras los comicios e incluso dejar fuera del Gobierno al PJD, revalidando el actual Ejecutivo que agrupa a USFP, Istiqlal y otras formaciones bisagra igual de deslegitimadas por su condición de corifeos del régimen.
Y los analistas auguran que nombrará como primer ministro a Fuad Ali Himma, verdadero hombre fuerte y número dos del régimen desde que en 1999 Mohamed VI destituyera a su antecesor y gran visir de su padre, Dris Basri, causalmente fallecido en su exilio en París a finales de agosto.
Himma renunció a principios de mes a su cargo y se presenta como independiente en su localidad natal, Ben Guerir. El rey podrá así cumplir su promesa de que el primer ministro saldrá de las urnas.
Todo ello para apuntalar un sistema corrupto en cuya cúspide se sitúa el propio monarca y del que se beneficia, en pirámide descendente, su entorno político.
Una corrupción que no hace ascos al reciente boom inmobiliario relacionado con la llegada de divisas de los emigrantes a las principales ciudades del país y con la presión urbanística proveniente del Estado español. A modo de ejemplo, el ministro de Exteriores y hombre de Mohamed VI, Mohamed Benaisa, protagoniza actualmente un pelotazo urbanístico de proporciones gigantescas en su ciudad natal y turística de Asilah, a 40 kilómetros de Tánger,
Precisamente, el PJD se presenta como adalid contra esta corrupción y defiende la reforma profunda de la Administración.
Llamamientos a la abstención
El PJD no es la única formación islamista, ni siquiera la más potente. El Partido Justicia y Caridad, del jeque Yassin, es el movimiento con mayor capacidad de movilización en Marruecos pero está ilegalizado.
Esta formación, que postula una islamismo radical y apegado a las clases populares y desfavorecidas, promueve el boicot. «Votar aquí es caer en un timo», ha señalado recientemente su hija Nadia Yassin, la figura pública del movimiento.
No obstante, varios de sus dirigentes han lanzado un guiño a sus rivales del PJD, asegurando que ésta es la única formación «limpia» que concurre a los comicios, lo que puede suponer un espaldarazo a las aspiraciones de los islamistas moderados.
Tampoco faltan llamamientos al boicot desde la izquierda. El partido Vía Democrática, de origen comunista y legalizado en 2004, rechaza la participación en los comicios, con lo que coincide con la práctica totalidad de organizaciones de defensa de los derechos humanos. «No ha habido cambios de fondo que nos permitan presentarnos (…) Existen 33 partidos, pero todos aceptan las líneas rojas definidas por el régimen. En el fondo, son el mismo partido», asegura su líder, Abdelah Harif.
También ha convocado manifestaciones en ciudades y localidades del interior el movimiento amazigh (bereber). La mayoría de sus líderes comprometidos con el futuro de este pueblo -prácticamente la totalidad de los marroquíes son de origen amazigh- denuncia que el régimen no reconoce ni siquiera su existencia y que utiliza a formaciones bereberes clientelistas como el Movimiento Popular para simplemente afianzarse en el poder.
El cuadro de los movimientos que propugnan el boicot -o simplemente desconocen los comicios como ajenos- se completa con la población del Sahara ocupado, que sufre desde hace decenios una situación de abierto estado policial.
La soberanía real en Marruecos es presentada como de esencia divina. La estirpe real asegura que su árbol genealógico se remonta al propio profeta Mahoma. Ello le otorga su condición de sharif (jerife) y la posesión de la baraka, o bendición divina. Como autoridad espiritual ostenta el título de Amir al-Muminin, o Comendador de los Creyentes.
El monarca es considerado «sagrado e inviolable» por la Constitución y se situó por encima de esta Carta Magna, ya que sus poderes son considerados anteriores a la misma. Esta consideración, fomentada en su día por la Metrópolis francesa, es evidentemente puesta en tela de juicio por la izquierda, pero también, y ahí reside una de las razones de su ilegalización, por los islamistas de Justicia y Caridad, cuyo líder, el jeque Yassin, llegó a poner en tela de juicio su tradicional preeminencia.