La movilización de la Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH) ha frenado durante un mes el desahucio de Rosa Martínez Insa, una mujer de 70 años y con discapacidad del 72% que reside en Valencia. A partir de las 10,00 horas de ayer, hora a la que estaba previsto el desalojo, unas 200 personas […]
La movilización de la Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH) ha frenado durante un mes el desahucio de Rosa Martínez Insa, una mujer de 70 años y con discapacidad del 72% que reside en Valencia. A partir de las 10,00 horas de ayer, hora a la que estaba previsto el desalojo, unas 200 personas convocadas por la PAH se concentraron en la puerta del edificio donde reside Rosa Martínez, en el barrio popular de Marxalenes. Dos horas después, el juzgado comunicaba a la afectada y a varios miembros de la PAH la prórroga de un mes solicitada por Rosa Martínez Insa y la plataforma antidesahucios. La mujer septuagenaria se ha convertido en un «símbolo» de la lucha por el derecho a la vivienda, afirmaron los portavoces de la PAH, después de más de dos años de resistencia contra las entidades financieras.
La convocatoria reivindicaba un alquiler social para Rosa Martínez y el hijo con el que reside, de 42 años, parado de larga duración y con problemas de salud. Ambos viven actualmente, según informó la PAH-Valencia en un comunicado, con una prestación no contributiva de de 327 euros mensuales de la afectada y la comida que reciben del banco de los alimentos. El segundo motivo de la concentración era pedir una negociación con el Banco Primus, entidad con la que Rosa Martínez había suscrito un préstamo. El grupo antidesahucios denunció en una nota de prensa las «prácticas abusivas de este banco criminal», y señaló la negativa de la entidad financiera a negociar y a la concesión de un alquiler social. «El banco ha exigido que Rosa saliera de su domicilio, en el que llevaba viviendo 50 años», ha informado uno de los portavoces de la PAH, José Luis González Meseguer.
La cantidad pendiente de pago por el préstamo es de 55.000 euros. Se da la circunstancia de que la afectada firmó la hipoteca para poder «adaptar» la casa a su situación de discapacidad. Precisamente éste es el único requisito que Rosa Martínez incumple para acogerse a la «moratoria» de dos años -de residencia en su domicilio- establecida en el Decreto 27/12. «Muy pocas personas han podido acogerse a esta moratoria», han apuntado fuentes de la PAH.
Constituido en 2005 y con actividad en el estado español desde 2007, el Banco Primus es propiedad de la entidad Credit Foncier, que a su vez se integra en la corporación financiera BCPE, la segunda más importante de Francia. Desde que se inició el procedimiento de ejecución hipotecaria, hace dos años, miembros de PAH-Valencia han intentado contactar con el consulado de Francia y con el Banco Credit Foncier, sin hallar una salida para la situación de Rosa Martínez. La PAH remitió asimismo una carta a Mariano Rajoy. Sobre las prácticas de la entidad financiera, la plataforma antidesahucios explica que el Banco Primus «forma parte de la banca on-line, esa que opera sin oficinas a las que se pueda ir a reclamar; está especializado en cláusulas abusivas y condiciones imposibles de cumplir».
Los dos centenares de personas concentradas en el domicilio de la mujer septuagenaria, en la calle Reus número 12 de Valencia, gritaron consignas como «Estamos contigo», «Rosa no está sola» o «Valencia despierta desahucian en tu puerta», mientras algunos vehículos saludaban con el claxon. La de ayer era la más importante, pues se trataba de frenar el desahucio, de la veintena de acciones reivindicativas con las que se ha denunciado la situación de la víctima, en la puerta de su domicilio, la plaza del Ayuntamiento de Valencia o la Delegación del Gobierno. «Los últimos tres años Rosa ha luchado como una compañera más de la PAH; a pesar de su edad y sus problemas de salud, nuestra compañera es un modelo de entereza y dignidad», ha reconocido la plataforma antidesahucios.
Los portavoces de la PAH han informado de que tanto el Ayuntamiento como la Conselleria de Vivienda contactaron con el consulado francés para que mediara ante el Credit Foncier. Además, ayer se recibieron muestras de adhesión a Rosa Martínez Insa desde Madrid, Barcelona, Córdoba, Alicante, Bilbao y municipios de la provincia de Valencia, Castellón o Sevilla, entre otros. En París otro grupo de solidaridad denunció ante la entidad financiera la situación de la víctima. «Es un banco que atrapa a la gente y exige condiciones draconianas», ha insistido Liliana Moreno, portavoz de la PAH, mientras los concentrados esperaban durante 90 minutos la presencia de la comisión judicial, representantes del banco y los agentes de la policía nacional para ejecutar el desahucio.
En la concentración contra el desalojo ha estado presente el concejal de Movilidad Sostenible, Giuseppe Grezzi (Compromís), quien ha recordado que el Ayuntamiento de Valencia contactó con el cónsul de Francia para negociar con el Credit Foncier, cuando se tuvo noticia del lanzamiento; y que también se reunió el 31 de julio con la PAH para mediar ante el desalojo. Además, a primeros de septiembre el alcalde de Valencia, Joan Ribó, anunció que la policía local no intervendría en ningún desahucio. El objetivo, agregó el primer edil, es convertir Valencia en una «Ciudad libre de desahucios».
En el segundo piso, donde vive Rosa Martínez Insa, ha acompañado a ésta la concejala delegada de Vivienda, María Oliver (València en Comú), quien afirmó a Europa Press que el parque de viviendas municipal es «ridículo, de apenas 15 ó 16 pisos». «Trabajamos para negociar con los bancos la cesión de sus viviendas, porque sería incomprensible que el Ayuntamiento se pusiera a construir cuando hay viviendas vacías» (el último Censo de Población y Vivienda, de 2011, señala que en el estado español hay 3,4 millones de viviendas vacías).
Fuentes de la PAH han confirmado que la administración municipal y la Generalitat Valenciana buscan una vivienda social para la afectada, aunque, señala José Luis González, «Rosa quiere permanecer en su casa; la solución es que se deje de desahuciar a la gente y se cambie la legislación hipotecaria». «O se pone firme al capital financiero, o terminará rompiendo la democracia», ha añadido. La PAH ha buscado todas las «brechas» para impedir el desahucio, explica Liliana Moreno, por ejemplo, la interposición de una demanda contra el Banco Primus por cláusulas abusivas. Además, se pidió ante los juzgados la aplicación del artículo 704 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que permite permanecer otro mes en el domicilio (cuando se trate de vivienda habitual) ante una situación de desahucio inminente.
Liliana Moreno participa en el grupo de «pocos afectados» por los bancos de PAH Valencia, que integra a personas que firmaron créditos con entidades como el Banco Primus, Cityfin o Credifimo, entre otras. Las personas en litigio con estos bancos son muchas menos que las afectadas por corporaciones como el BBVA o Bankia, lo que hace más difícil la presión para conseguir un alquiler social o la dación en pago. «A veces tratamos con bancos on-line, otras con entidades financieras que traspasan las hipotecas a fondos buitre o sociedades de inversión, cuyos domicilios están en Irlanda, Luxemburgo o Islas Caimán; también ceden los préstamos a empresas subsidiarias o los convierten en títulos», explica la activista.
Por otro lado, el 8 de septiembre las plataformas antidesahucios del estado español anunciaron la campaña «Exigencias PAH», con el fin de que los partidos políticos que concurren a las próximas elecciones generales asuman unas medidas «de mínimos» en materia de vivienda: dación en pago retroactiva, alquiler estable y asequible, vivienda accesible, suministros básicos garantizados frente a la pobreza energética y la creación de un observatorio de la vivienda.
Los portavoces de la PAH también han recordado que el Informe del Consejo General del Poder Judicial del primer trimestre de 2015 apunta que los desahucios (que afectan a diferentes tipos de inmuebles, no sólo a viviendas) en este periodo fueron 18.869, lo que supone un incremento del 2,1% respecto al primer trimestre de 2014. «Para desahuciar a Rosa, el Banco Primus cuenta con la inestimable colaboración del gobierno español», ha apuntado José Luis González. En España se han producido más de 500.000 ejecuciones hipotecarias desde 2008.
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