Alberto Gonzáles (49 años), abogado tejano-latino de una humilde familia de seis hermanos, fue nominado por Bush para reemplazar en el cargo de Fiscal General (Ministro de Justicia) al controversial John Ashcroft. A la espera de la confirmación senatorial, Alberto Gonzáles sería el primer latino en asumir un cargo ministerial en el gobierno de los […]
Alberto Gonzáles (49 años), abogado tejano-latino de una humilde familia de seis hermanos, fue nominado por Bush para reemplazar en el cargo de Fiscal General (Ministro de Justicia) al controversial John Ashcroft. A la espera de la confirmación senatorial, Alberto Gonzáles sería el primer latino en asumir un cargo ministerial en el gobierno de los Estados Unidos.
El propio Bush anunció (10/11/04) la designación después de que Ashcroft presentará su renuncia el 2 de noviembre. El martes pasado el Ministro de Comercio Donald Evans también presentó su renuncia. Dentro de los próximos días se esperan otros cambios en puestos claves del gobierno.
Protegido de Bush desde que este fuera gobernador, Gonzáles fue su asesor legal, Secretario de Estado y miembro de la Corte Suprema de Texas. Según Prensa Asociada, el Consejo Nacional de La Raza, una influyente organización nacional latina, se mostró satisfecha con la designación que «rectifica y marca un época histórica para la comunidad latina.» (AP.10/11/04)
Sin embargo el historial de Gonzáles como consejero legal de Bush por los últimos nueves años no es necesariamente un buen ejemplo ni menos una fuente de inspiración para esta comunidad. La designación de Gonzáles ya tiene preocupados a diversas organizaciones de derechos humanos y civiles. El Director Ejecutivo de American Civil Liberties Union, Anthony Romero dijo que existen «visibles y serias preocupaciones que, en cualquier proceso de confirmación, necesitan ser revisadas de inmediato. (AP 11/11/04)
Gonzáles es conocido por cancelar «legalmente» el acuerdo internacional para el tratamiento de los prisioneros políticos conocido como la Convención de Ginebra; Gonzáles lo llamó «anticuado» y «obsoleto.» Una opinión que fue rechazada hasta por el propio Secretario de Estado Colin Powell. Gonzáles dijo que estos acuerdos no se pueden aplicar en los casos de Al Qaida ni en la guerra en Afganistán. El famoso memoradum escrito por Gonzáles en febrero del 2000 y repudiado hasta por la Corte Suprema, fue una justificación legal para separar a los Estados Unidos de variados acuerdos internacionales y abrió puertas «legales» para que se cometieran todo tipo de torturas como fue en los casos de Guantánamo y la prisión de Abu Ghraib en Irak.
Gonzáles también defendió públicamente la detención de particulares sin asesoría legal y por largos periodos y la calificación de ciertos ciudadanos estadounidenses como «combatientes enemigos.» En Houston, Gonzáles también fue miembro de la compañía de abogados que defendió a la corrupta compañía Enron, que estafó a miles de personas y accionistas.
Gonzáles fue consejero legal de Bush cuando este fue gobernador de Texas entre 1995 y el 2000.
Durante ese periodo George Walker Bush batió uno de los más tristes record en la historia del país. Fue el gobernador que mas personas envió a la muerte, incluidas mujeres y enfermos mentales. Con su firma y los resumidos informes de Gonzáles, Texas ejecutó a 152 condenados incluidos mujeres y enfermos mentales. (Texas Department of Criminal Justice. http://www.tdcj.state.tx.us/stat/annual.htm).
Según un extenso reportaje del The Atlantic Monthly, esquivando su responsabilidad legal y moral, el actual Presidente se tomaba minutos en revisar las peticiones de clemencia. Con Gonzáles a un lado y las evaluaciones del Dr. Grigson, apodado El Doctor de La Muerte, la compasión y la piedad; bases de la petición de clemencia desde 1855, nunca se tomaron en cuenta.
Rutinariamente Bush se negaba a escuchar nuevas evidencias absteniéndose de asumir la responsabilidad que irrevocablemente le correspondía. En un sistema penal criticado y condenado mundialmente por sus continuas falencias y errores, el promedio de ejecuciones bajo el Gobernador Bush fue de una muerte cada 14 días. Un 30 por ciento de estos ejecutados tuvieron una defensa incompetente; no presentaron evidencias de circunstancias atenuantes, no llamaron a testificar a siquiatras, presentando solo un testigo durante la fase final de los juicios.
Documentos obtenidos por el periodista Alan Bertow de la revista revelaron detalles escalofriantes de cómo Bush era informado el mismo día de las ejecuciones por su consejero Gonzáles. Bertow obtuvo 57 memorándums de Gonzáles a Bush sobre casos de pena de muerte clasificados como secretos. Estos sumarios realizados por ley para que el Gobernador otorgue o niegue clemencia, fueron la única fuente de información que Bush accedía para decidir quien vive y quien no. (The Atlantic Monthly. Julio/Agosto 2003)
Un detallado estudio de estos documentos demuestra que en repetidas ocasiones Gonzáles no informó sobre los hechos más revelantes en el proceso legal de cada caso; como una defensa incompetente (un par de abogados se quedaron dormidos durante los juicios), conflictos de intereses, circunstancias atenuantes, o nuevas evidencias de inocencia. Según estos documentos, sin misericordia, Gonzáles informaba a Bush sobre lo que este quería escuchar. Junto a un informe oral, Bush recibía estos sumarios, de entre tres y siete páginas, en las mañanas de los días fijados para las ejecuciones. Bush se demoraba entre 15 y 30 minutos en tomar las decisiones. Según el periódico inglés The Mirror en algunos casos Bush, optando por informes breves, solo se tomó 4 minutos en tomar sus mortales decisiones. (The Mirror, Londres. Diciembre, 2000)
Con claras arbitrariedades acusatorias, los memorándums firmados por Gonzáles y analizados por Bertow asumían que si una corte de apelaciones rechazaba algún argumento o prueba de la defensa, no era necesario que Bush reexaminara dicho argumento. «Esta suposición ignora una de las mas básicas razones para (el derecho a) la clemencia: el hecho de que el sistema judicial comete errores,» escribió Bertow. (The Atlantic Monthly. ídem)
Un caso típico en el proceso de «clemencia» entre Bush y Gonzáles: El 6 de mayo de 1997 en la mañana, Bush firmó uno de esos secretos memorandos de tres páginas que cobró la vida de Terry Washington, un enfermo mental de 33 años de edad con un coeficiente mental equivalente al de un niño de siete años.
El sumario de tres páginas hace una descripción detallada del crimen cometido por Washington – que asesinó con múltiples puñaladas a Beatrice Huling (29). Pero este se refiere fugazmente a la razón por la cual se pedía clemencia; la deficiencia mental de Washington la cual es mencionada pero solo en el contexto de las torturas que recibió cuando niño y no hace mención sobre la ineptitud de la defensa que no usó su derecho a llamar a testificar a expertos en problemas mentales. Esta información nunca fue dada a conocer al jurado y Gonzáles nunca mencionó el hecho de que Washington y sus diez hermanos eran constantemente golpeados. Asimismo la página en donde se menciona este hecho desapareció del sumario firmado por Bush lo que hace suponer que Bush estampó la muerte de Washington sin conocer estos hechos.
Según Bertow los documentos manifiestan la constante postura de Bush, asumida por Gonzales, de «minimizar su sentido de responsabilidad legal y moral por las ejecuciones.» Bush argumenta que no puede hacer nada mas que otorgar un indulto de solo 30 días a menos que el Consejo de Perdones y Libertad Provisional (Board of Pardons and Paroles. BPP) establezca clemencia más amplia. Bush a dicho en varias ocasiones que el Gobernador de Texas no puede legalmente detener una ejecución. Para Bertow esta es «la mentira mas grande…y la llave para su (continua) negación (de responsabilidades) en el proceso de las ejecuciones.»
Especial de Paralelo 21
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