Un estudio de 2015 concluyó que un 95% de estos cargos públicos son blancos. Forman parte de un sistema retrógrado que criminaliza a la población negra e hispana.
Cuando Kamala Harris habló frente al Commonwealth Club de California en el invierno de 2010, la presidencia todavía no rondaba por su cabeza. O, si rondaba (como suele suceder con cualquier político trepa con una pulsión y un sueño), no iba a hablar de ello. Harris era la fiscal de distrito de San Francisco, y le faltaba un año para ascender a un cargo estatal. Al año siguiente, tomó posesión del cargo de fiscal general de California; en 2016 fue elegida para el Senado, y ahora es una de las principales candidatas a la presidencia del gobierno, al menos en la opinión de muchos expertos.
Es poco probable que la Harris de 2010 pensara que lo que estaba a punto de decirle al Commonwealth Club se utilizaría en su contra en unas futuras primarias porque, aunque la reforma de la justicia penal había ganado terreno en los primeros días de la presidencia de Obama, las trágicas muertes de Michael Brown, Freddie Gray y Eric Garner estaban todavía a años de distancia.
Por eso, Harris estaba tranquila cuando bromeó con encarcelar a los padres.
«Creo que un niño que no recibe ninguna educación es equivalente a un delito. Por eso decidí que iba a comenzar a llevar a los padres a juicio por absentismo escolar», afirmó Harris aquel día. «Pero claro, esto fue un tanto polémico en San Francisco». Harris, riéndose, se relajó con una gran sonrisa que dejaba claro el subtexto: los hippies inversores zampagranolas de Haight Ashbury no iban a estar muy contentos con esto.
«Sinceramente, el personal de mi oficina se volvió loco. Estaban muy preocupados porque por aquel entonces no sabíamos si yo iba a tener algún rival en la carrera por la reelección», prosiguió Harris. «Pero pensé, mira, ya está. Esto es algo serio y como tengo un poco de capital político, voy a utilizarlo».
El número de personas entre rejas en EE.UU. se ha quintuplicado desde los 80, y ha alcanzado los 2,3 millones, una población más numerosa que la de casi cualquier ciudad estadounidense
Harris continuó describiendo su oficina como un «gran garrote», con un membrete que por sí solo podía obligar a cualquiera a hacer lo que ella quisiera. En una carta que envió a todos los padres del distrito escolar, Harris resumió la relación que existía entre el absentismo escolar en primaria y una futura vida de delincuencia. «Hasta un amigo mío me llamó y me dijo: ‘Kamala, mi esposa ha recibido la carta, ha flipado y ha juntado a los niños en el salón para decirles, con la carta en las manos, que si no iban a la escuela, Kamala iba a meterlos a ellos y a nosotros en la cárcel'».
Un video del evento, que salió a la luz en enero, se hizo rápidamente viral. Los críticos progresistas culparon a Harris de bromear con encarcelar a los padres y realizar un diagnóstico erróneo de un problema mucho más profundo que no se limitaba a un simple déficit moral o una falta de supervisión. Los colegios públicos de California siguen estando lamentablemente infrafinanciados y criminalizar el absentismo escolar podría tener la consecuencia no deseada de mandar más chicos de color a la cárcel. Desde cualquier punto de vista, los comentarios que hizo Harris en el Commonwealth Club han envejecido muy mal, sobre todo ahora que compite por convertirse en la elegida de un partido demócrata diversificado que ha rechazado de plano su herencia de mano dura contra la criminalidad.
Por ese motivo, y con razón, la candidatura de Harris ha dado pie a nuevas preguntas en la izquierda. ¿Debería una antigua fiscal (alguien que festejó meter a seres humanos en la cárcel) ser ascendida al puesto de presidente? ¿Puede alguien que haya ostentado ese puesto ser considerado un aliado del ascendente movimiento progresista? ¿Es la fiscalía un pecado original? ¿Acaso la institución, incluso en una época de fiscales reformistas, no tiene ya remedio alguno?
La última pregunta es la más urgente para la izquierda y posiblemente la más difícil de responder. Los conservadores (incluso aquellos que han puesto en duda décadas de políticas punitivas y derrochadoras que han encarcelado a una generación de personas negras y destrozado incontables comunidades) no cuestionan seriamente el papel del fiscal. Están ahí, dicen, para mantenernos a salvo. El juez y el jurado arbitran, pero el fiscal es el que juega; en Estados Unidos, el tribunal pertenece al fiscal en todos los sentidos y, en ese terreno de juego, es donde se deciden a diario las vidas de las personas más vulnerables del país.
Por lo general, los liberales tampoco cuestionan esos supuestos. Se pide a los legisladores y a los dirigentes que elaboren leyes mejores que ayuden a mantener a los inocentes lejos de la cárcel. Y luego, se espera que los fiscales hagan justicia dentro de ese marco. Las buenas leyes, se podría alegar, dan lugar a buenos fiscales. Y los fiscales, con su superior sentido de la discrecionalidad, pueden cambiar las vidas para mejor, siempre y cuando se elija a buenas personas para estos puestos.
El mito fallido estadounidense
Es importante tener en cuenta lo relativamente absurdos que son los comentarios de Harris en un contexto histórico y mundial. Estados Unidos es una potencia hegemónica y un marca tendencias cultural, pero sus estructuras de gobierno no se imitan en ningún otro lugar. Habrá muchos países que adopten la comida rápida y la música pop, pero pasan de su singularmente demencial sistema presidencial, y prefieren la flexibilidad de un gobierno parlamentario y de dirigentes que no disfruten de una virtual inmunidad. Estados Unidos es a la vez un líder y un mutante de la escena internacional: un ejemplo de todo lo que es mejor evitar y, al mismo tiempo, un influencer indiscutible.
La fiscalía estadounidense sigue siendo una anomalía por excelencia. Estados Unidos es el único país del mundo que elige a sus fiscales. Como explicó Michael J. Ellis en la revista Yale Law Journal, los fiscales públicos locales fueron una invención de la América colonial. En un principio, se les nombraba y carecían de prestigio. En la época de la Revolución, el trabajo solo era de media jornada. En los tribunales estatales, los fiscales cobraban por caso y condena; los abogados de la defensa eran las verdaderas estrellas de la época.
En el siglo XIX, la democracia popular alimentó la imaginación estadounidense. Los estadounidenses querían más elecciones, al menos los hombres blancos que podían votar en ellas. Los reformistas, a su vez, creían que elegir a los fiscales serviría para luchar contra la corrupción y el clientelismo. En 1832, Mississippi cambió su constitución para otorgarles a los votantes municipales el poder de elegir a los fiscales de distrito, y para cuando tuvo lugar la Guerra Civil estadounidense, la mayoría de los estados ya había seguido su ejemplo.
Por aquel entonces, los partidarios de elegir a los fiscales no se preocuparon mucho por cómo afectaría esta tendencia al sistema de justicia penal. La principal preocupación era expandir la franquicia y hacer que un cargo más rindiera cuentas ante los votantes. El auge de los fiscales electos facilitó que se concediera poder a un puesto que hasta entonces era una ocurrencia burocrática más. Los fiscales de distrito, al liberarse de su estatus de meros funcionarios, adquirieron el poder de decidir cuándo se podía llevar a juicio un caso y comenzaron a colaborar con los recién creados departamentos policiales. Casi todos los estados que se sumaron a los Estados Unidos después de la guerra civil adoptaron la elección de los fiscales y replicaron las constituciones estatales ya existentes. En la actualidad, solo hay cinco estados que nombran a los fiscales: Alaska, Connecticut, Delaware, Nueva Jersey y Rhode Island.
Los fiscales seleccionan los cargos de la acusación, solicitan la fianza y a menudo deciden la sentencia de conformidad y la condena. Pueden retrasar los juicios indefinidamente y dejar que los acusados se pudran en la cárcel
El siglo XX trajo consigo el culto al fiscal. Aunque no ha habido ningún presidente en época moderna que haya desempeñado el cargo de fiscal de distrito o fiscal general, hubo uno que estuvo muy cerca: Thomas Dewey. Republicano de Nueva York, Dewey fue el emblema del glamour creciente de la institución. Cuando ocupó el cargo de joven fiscal del distrito de Manhattan en las décadas de 1930 y principios de los 40, Dewey inició una cruzada contra la mafia y encausó con éxito a los líderes del crimen organizado y a otras figuras infames. Destinado al estrellato, Dewey fue elegido gobernador de Nueva York en 1942. En 1944, fue el candidato republicano contra Franklin Roosevelt, cuando el arquitecto del New Deal perseguía su cuarto mandato. El margen de victoria de Roosevelt fue tan ajustado que le garantizó a Dewey la candidatura republicana de nuevo en 1948, cuando la mayoría de expertos predijeron que saldría elegido como el trigésimo tercer presidente de los Estados Unidos.
Luego un sísmico e inesperado resultado electoral hizo que la carrera política de Dewey se desvaneciese, aunque [el demócrata] Harry Truman no pudo invertir la tendencia: el fiscal se había convertido en el protagonista. Sí, el público estadounidense podía deshacerse en elogios hacia los Clarence Darrows y los Atticus Finches, pero el fiscal estaba situado en lo más alto de la maquinaria: inspiraba miedo y captaba la atención de una prensa excesivamente aduladora a partes iguales.
Antes de degradarse y convertirse en el asesor ogro de Trump, Rudy Giuliani fue un ambicioso al estilo de Dewey, un fiscal de Nueva York destinado a triunfar. Los dos polos del prestigio fiscal en Nueva York son el fiscal de distrito de Manhattan y el fiscal general del distrito sur, al que se suele denominar, de forma un tanto irónica, el «distrito soberano» por la gran discrecionalidad de que disfruta el cargo. Giuliani fue fiscal general y, como Dewey, fue un reformista republicano que persiguió a la mafia.
Tras condenar a mafiosos como Carmine Serpiente Persico, el sanguinario jefe de la familia Colombo, Giuliani se convirtió en un héroe para la prensa de Nueva York y para la nacional, un joven Hércules limpiando los establos de Augías. Incluso los reporteros habitualmente cínicos no fueron inmunes al mito de Giuliani. En Ciudad a la venta, la obra de investigación sobre la corrupción municipal de los 80 que publicaron Wayne Barrett y Jack Newfield, se describe a Giuliani como un caballero blanco con una brújula moral que siempre apunta al verdadero norte.
Giuliani convirtió la fama local acumulada en dos legislaturas como alcalde de Nueva York y, durante un tiempo, se pensó que tenía verdadera madera de presidente. El sueño se apagó rápidamente en 2008, a raíz de la humillación que sufrió en las primarias republicanas de Florida. Hizo falta otro republicano de Nueva York, un promotor inmobiliario bravucón y habitual de las revistas, para que Giuliani alcanzara el círculo de allegados del presidente.
En retrospectiva, la transformación de Giuliani como fiscal reconvertido en héroe fue particularmente oportuna: la segunda mitad del siglo XX convertiría a los fiscales de distrito y a los fiscales generales en cruzados, protagonistas de un mito peligroso, uno que terminaría destruyendo las vidas de innumerables afroamericanos e hispanoamericanos. A finales de la década de 1960, el número de delitos con violencia se disparó en todo Estados Unidos y continuó subiendo durante las dos décadas posteriores. Frente a esto, demócratas y republicanos se unieron para aprobar políticas que dieron pie a un boom de encarcelaciones sin precedentes. El número de personas entre rejas en Estados Unidos se ha quintuplicado desde los 80, y ha alcanzado los 2,3 millones, una población más numerosa que la de casi cualquier ciudad estadounidense. Este nivel de encarcelamientos supera con creces a todas las demás democracias liberales.
Combatientes enemigos
Estados Unidos es un estado carcelario, pero ¿cómo es posible que haya terminado así? ¿Estuvieron la policía y las élites políticas sencillamente fuera de control? La periodista Emily Bazelon cree tener la respuesta. En su bien documentado y provocador nuevo libro, Cargado [Charged], traza una línea directa desde el procesamiento punitivo hasta la explosión de las encarcelaciones. «Los fiscales estadounidenses atesoran un poder abrumador, que tiene resultados desastrosos para los millones de personas que pasan por la batidora del sistema de justicia penal», escribe Bazelon en la introducción del libro, y señala que los fiscales locales atienden más del 95% de los expedientes criminales de Estados Unidos». «A lo largo de los últimos 40 años, los fiscales han amasado más poder del que nuestro sistema estaba diseñado para conceder».
Bazelon sostiene que «el poder ilimitado de los fiscales es la pieza que falta» para poder explicar el desmedido boom de encarcelaciones en EE.UU. «El sistema judicial de EE.UU. funciona a menudo como un sistema de injusticia, y genera unos niveles injustificados y contraproducentes de castigo. En gran parte, esto se debe al desmesurado papel que desempeñan hoy en día los fiscales».
En Nueva York, al menos, los casos de asesinatos de civiles desarmados a manos de la policía se adjudican en la actualidad al fiscal general del Estado y no a los fiscales de distrito
Los fiscales y los abogados de la defensa, a ojos de los profanos, son considerados casi como equivalentes. En los programas televisivos como Ley y orden, un carismático ayudante de fiscal de distrito se enfrenta a un galante y en ocasiones estridente abogado de la defensa. Cada uno tiene sus propios recursos. Uno ganará y el otro perderá, pero los dos tienen las mismas oportunidades de llevarse la victoria, solo es cuestión de ver quién plantea mejor su caso, quién espeta la réplica más deslumbrante.
Cualquier persona que haya tenido la mala suerte de entrar en el sistema judicial sabe que los fiscales y los abogados defensores son combatientes asimétricos. Ese es el argumento de Bazelon: uno cuenta con un sofisticado arsenal armamentístico, en el que cada arma tiene su propio poder aniquilador, y el otro enarbola un palo o espera que con las palabras sea suficiente, aunque por lo general no bastan.
En el sistema estadounidense, los fiscales están incluso por encima de los jueces. No rinden cuentas ante nadie y toman prácticamente todas las decisiones clave en un juicio. Seleccionan los cargos de la acusación, solicitan la fianza y a menudo deciden la sentencia de conformidad y la condena. Pueden añadir cargos por capricho. Pueden retrasar los juicios indefinidamente y dejar que los acusados se pudran en la cárcel. Son los ángeles misericordiosos y los verdugos. Todo depende de contra quién te enfrentes.
Los fiscales tienen otra arma a su disposición: la prensa. Los fiscales poderosos pueden filtrar de forma selectiva informaciones favorables sobre su investigación antes incluso de que se produzca la imputación. En los grandes mercados mediáticos, esta es la forma de actuar preferida y pone en situación de peligro a los acusados mucho antes de que lleguen a juicio. Con frecuencia, ha habido informaciones sorprendentes sobre las investigaciones con mayor repercusión mediática del antiguo fiscal general del distrito sur de Nueva York, Preet Bharara, que llegaban a los periódicos semanas y hasta meses antes de que se presentaran oficialmente los cargos. Los blancos de sus filtraciones podían ser juzgados y condenados en el tribunal de la opinión pública. Su sucesor, el republicano Geoff Berman, ya no es tan extravagante y los periodistas ansiosos se han visto obligados a subsistir sin constantes filtraciones.
Crimen organizado
La inmensa mayoría de los procesos judiciales de Estados Unidos terminan en una sentencia de conformidad y ni tan siquiera llegan a juicio (una tendencia que no ha hecho más que agudizarse en el último medio siglo). Los fiscales pueden intimidar a los acusados para que eviten ir a juicio y se declaren culpables, aunque ni siquiera hayan cometido el delito. La presión para admitir la culpabilidad es enorme: ir a juicio siempre conlleva el riesgo de una condena mucho mayor si el juez o el jurado encuentran culpable al acusado.
Para la gran mayoría de personas, muchas de ellas con bajos ingresos y no blancas, que se enfrentan cada día a esa demoledora decisión, no queda otra salida: o admites la culpa y sales con antecedentes penales, o vas a juicio con un abogado de oficio mal pagado y en desventaja, y ante un jurado listo para condenarte porque coincides con la idea de delincuente que tienen debido a la influencia de los medios.
La inmensa mayoría de los procesos judiciales de Estados Unidos terminan en una sentencia de conformidad y ni tan siquiera llegan a juicio (una tendencia que no ha hecho más que agudizarse en el último medio siglo)
No es ninguna casualidad que la cultura de finales del siglo XX valorizara a un hombre como Giuliani, un fiscal conservador blanco que, cuando se convirtió en alcalde, instó a su cuerpo policial militarizado a que reprimiera a los residentes afroamericanos e hispanos de la ciudad con el objetivo de controlar el crimen. Los fiscales son seres humanos que siguen el ejemplo de la cultura; si el signo de los tiempos reclama presos, presos les darán. Y lo que es más importante aún, muchos fiscales son políticos, que por lo general se eligen en ciclos de cuatro años. Son los responsables de impartir justicia y se codean con las mismas personas (otros políticos, los policías con los que trabajan) que teóricamente están encargados de encarcelar.
Existe una razón por la que otros países deciden no elegir a sus fiscales: no quieren que se produzcan escenas como la de Kamala Harris en el Commonwealth Club donde los fiscales bromean sobre su capital político. Ese es el peligro del sistema que EE.UU. ha heredado de sus ancestros. Los asuntos más importantes (culpable o inocente, vida o muerte), se reducen a si los fiscales piensan que esas decisiones afectarán a su futuro político.
El statu quo económico
Algunas personas han argumentado que la elección en sí de los fiscales es algo peligroso. Un cargo electo tiene que identificar resultados tangibles para el distrito al que representa o defender ciertos votos que le condujeron a unos resultados positivos directos. La línea argumental está clara: ya he hecho bastante por ti, ahora elígeme de nuevo para el cargo y así podré seguir haciendo más.
En el caso de la fiscalía no está tan claro. ¿Cuáles son los logros? ¿Qué cuenta como un triunfo? La mayoría de los fiscales electos se inclinan por condenas y tasas de criminalidad. Piensan que acumular sentencias o parecer «duro» contra el crimen les ayudará a salir reelegidos. Un estudio realizado en 2015 concluyó que un 95% de los fiscales de Estados Unidos son blancos, lo que exacerba un proceso forzosamente deformado y tóxico: gente blanca poderosa, por lo general hombres, haciendo campaña para encarcelar a una gran cantidad de gente que no se parece a ellos. Los precursores de las leyes Jim Crow estarían orgullosos.
En muchos casos, a los fiscales electos se les exige que hagan justicia en casos en que los agentes de policía han asesinado a civiles, muchos de ellos negros. La estructura del cargo y la política electoral municipal hacen que esto sea totalmente imposible. Los sindicatos de policía apoyan a los fiscales de distrito, hacen donaciones a sus campañas y movilizan votos. Para encerrar a más personas, los fiscales de distrito deben colaborar constantemente con la policía. De nuevo, Ley y orden, (esta vez acertadamente) ilustra con frecuencia esta realidad. ¿Cómo puede el mismo fiscal de distrito que recibe el apoyo de la policía y depende de la policía para meter a más gente en la cárcel, procesarla cuando infringe la ley? En Nueva York, al menos, los casos de asesinatos de civiles desarmados a manos de la policía se adjudican en la actualidad al fiscal general del Estado y no a los fiscales de distrito. El fiscal general también se elige, pero está más alejado de los municipios individuales, lo que le otorga un cierto grado de imparcialidad. Los fiscales de distrito, de manera previsible, han criticado este cambio.
Los políticos entran dentro de una categoría similar. Un fiscal de distrito, con escasas excepciones, no asciende sin el apoyo del establishment político y no permanece en el poder sin la ayuda de cargos electos y organizaciones políticas. La misma dinámica que frustra las debidas investigaciones sobre la conducta impropia de los policías reaparece cuando los fiscales de distrito, sobre todo aquellos que quieren quedarse un tiempo, tienen que actuar contra los mismos políticos que donaron dinero y prestaron su aval y sus voluntarios a la causa del fiscal. Incuso cuando los fiscales de distrito investigan casos de corrupción política, el público se pregunta en qué medida pueden ser justos. El jefe del partido ayudó a colocar al fiscal de distrito en el cargo, el joven negro que acaba de ser procesado por posesión de marihuana, no.
Brillante y misericordioso
Ahora vivimos en la época del fiscal reformista. Este fenómeno es nuevo. El movimiento de reforma del sistema de justicia penal, que ha adquirido la mayor parte de su impulso en la última década, hace poco que comenzó a dirigir su foco hacia la elección de nuevos fiscales. En 2016, el multimillonario liberal George Soros comenzó a gastar millones en intentar que salieran elegidos fiscales de distrito afroamericanos o hispanos que compartieran su objetivo de reducir las disparidades raciales en la imposición de penas. Soros sabe cómo obtener más por menos, ya que cuesta menos elegir a un fiscal de distrito que a un senador, y el senador nunca tendrá una influencia tan tangible e inmediata sobre las vidas de miles de personas como la que tendrá un fiscal de distrito.
Cualquier intento dirigido hacia un tipo de acción penal más específica y débil provocará, sin lugar a dudas, una reacción en contra, en particular en una época que fabrica amenazas psicológicas con tanta facilidad
Para los progresistas, ahora existen faros luminosos. Larry Krasner, el nuevo fiscal de distrito de Filadelfia, es un abogado de oficio que acabó con las fianzas en efectivo en muchos de los casos, que buscó que se impartieran sentencias más leves y que obligó a los fiscales de sus casos a explicar, para que constara en los registros públicos, por qué habría que gastar dinero de los contribuyentes en encarcelar a un acusado en concreto. En 2018, el bufete de Krasner se propuso expandir una lista pública de agentes de policía que mintieron mientras estaban de servicio, que hicieron un uso excesivo de la fuerza, que vulneraron los derechos civiles o que realizaron controles racistas.
En Chicago, la fiscal general Kim Foxx elevó el umbral para procesar los delitos de hurto con el objetivo de reducir el número de ladrones que termina en la cárcel. Mark Dupree, el fiscal de distrito de Kansas City, creó una unidad para analizar viejos casos en los que se detecten prácticas policiales dudosas. Y Rachael Rollins, la nueva fiscal de distrito del condado de Suffolk, Massachusetts (que incluye a Boston), llegó al poder con la promesa de no llevar a los tribunales los delitos menores sin violencia.
Bazelon y otros observadores creen que la principal esperanza para deshacer el mal que causó la época de la encarcelación en masa es la elección de fiscales más progresistas. Se muestran optimistas ante el hecho de que esta oleada, que es un producto del movimiento por los derechos civiles, del movimiento Black Lives Matter e incluso del escepticismo libertariano acerca de la extralimitación gubernamental, comience a alterar de forma permanente un sistema que ha existido en gran parte para encadenar a los pobres y a los negros.
Eric González, que salió elegido como fiscal del distrito de Brooklyn en 2017, se inició en la época de mano dura contra el crimen que dominó la década de 1990. Hoy en día, es uno de los principales fiscales progresistas y uno de los protagonistas del libro de Bazelon, en parte porque está dirigiendo el sistema de justicia penal de uno de los condados más poblados de Estados Unidos. En abril, anunció que ya no impugnaría la mayoría de los casos de libertad condicional. En la actualidad, este es el modus operandi de los fiscales progresistas, y es un cambio bienvenido después de 50 años de castigo deliberado. En ocasiones, el progresista se reserva (algunas) de sus armas en nombre de la justicia.
En cuanto a cómo se entiende la palabra «progresista» en el contexto político de Estados Unidos, el fiscal que apoya las reformas no es como el senador o el candidato presidencial que propone un conjunto de nuevas políticas y leyes que extienda la red de asistencia social. Los fiscales progresistas no quieren que el gobierno se inmiscuya más en la vida de las personas, en el fondo lo que quieren es que se inmiscuya menos. La fiscalía progresista trata sobre restricción y negación de poder; trata sobre discrecionalidad.
El manual del fiscal progresista, una guía que publicó la revista UC Davis Law Review, sugiere que la nueva camada de fiscales debe permitir apelar y revisar internamente las condenas injustas; divulgar las pruebas eximentes; dejar de perseguir multas, confiscaciones y comisiones; reducir el retraso del sistema judicial; realizar investigaciones independientes y transparentes sobre los tiroteos policiales; y diversificar su personal. Los nuevos fiscales progresistas se han adherido a muchos de estos criterios y los candidatos a fiscal, al menos en las zonas prodemócratas, apoyan muchas de estas iniciativas.
Rasgar la red de arrastre
Las iniciativas reformistas están confinadas a las instituciones hasta que intentan derribarlas por completo. Las prácticas progresistas de mantenimiento del orden no pueden negar la realidad de un ser humano con chaleco antibalas, uniforme, pistola y esposas. Los reformistas penales (o los que consideran que la solución son las elecciones) dependen de la sabiduría de los individuos y de un clima político que fomente sus mejores instintos. Denle a Eric González o incluso a Larry Krasner otra oleada de crímenes violentos como los que se vieron hace 40 años y ¿seguirían conteniéndose? Si los votantes, que no prestan mucha atención a los matices del cargo de fiscal de distrito, claman a favor de que se dicten más condenas basándose en la creencia errónea de que solo así se consigue frenar la criminalidad, ¿serían capaces estos fiscales de desoír los llamamientos populares y mantener el rumbo?
El fiscal progresista actual trabaja para eliminar el armamentismo, para dar un barniz más suave, aunque este sigue sin desaparecer. El crimen es un problema social y económico, y el complejo industrial de prisiones no ha aportado ninguna mejora. La mayoría de las reformas son el resultado de la discrecionalidad provisional de fiscales sabios; no se están redactando muchas leyes que les arrebaten su poder abrumador.
Las fiscalías son organismos complicados. Las más grandes dan empleo a cientos de abogados, investigadores y personal de apoyo. El fiscal de distrito electo puede vigilar solo hasta cierto punto a los llamados fiscales adscritos que se afanan a diario con múltiples casos. Y lo que es igual de importante, el fiscal de distrito electo no pretende disminuir su oficina o limitar su alcance, lo único que hace es reservarse cierto poder para lo que dura su mandato, como es lógico, un tiempo limitado, ya que no pueden ostentar el cargo o vivir para siempre.
La institución solo permitirá que las reformas lleguen hasta un punto, así que quizá los progresistas deberían depositar menos fe en los fiscales bienintencionados que operan dentro de un sistema retrógrado. Esto se deduce de un reciente argumento aparecido en la revista Harvard Law Review: La paradoja del ‘procesamiento progresista’. Los reformistas les piden a los fiscales que se contengan en un entorno que les permite tener una ventaja casi infinita sobre los acusados. En unas vastas oficinas que procesan a muchas miles de personas al año, esta tarea es abrumadora, sobre todo cuando la mayoría de los abogados que quieren trabajar en la oficina de un fiscal de distrito dependen de «ganar» casos y anotarse condenas.
¿Y qué pasa con las jurisdicciones que no aceptan fiscales progresistas en absoluto? Muchos de los afroamericanos que más victimiza el sistema estadounidense se aglutinan en el sur profundo que controlan los republicanos. Si una mayoría conservadora no permite que florezcan Krasners en todos los condados y municipios que envían republicanos con regularidad a la legislatura del Estado y al Congreso, las reformas del sistema penal seguirán siendo algo teórico para aquellos que más desesperadamente lo necesitan. Hay más de 2.300 fiscalías en Estados Unidos y el afán de cambio no ha echado raíces en muchas de ellas.
Pocas personas han realizado llamamientos para reducir la financiación o reducir las fiscalías por completo. Esta sigue siendo una sugerencia que no entra en el léxico de muchos reformistas, como tampoco entran los llamamientos para acabar con la fianza en metálico, que podrían dar lugar, para empezar, a preguntas sobre la moralidad y eficacia de las cárceles existentes. Para mantener a los individuos negros y latinos fuera de la red de arrastre de la fiscalía, lo único que tiene sentido es reducir la red o rasgarla por completo. Está todavía por ver qué aspecto tendría eso.
Cualquier intento dirigido hacia un tipo de acción penal más específica y débil provocará, sin lugar a dudas, una reacción en contra, en particular en una época que fabrica amenazas psicológicas con tanta facilidad, ya sea terrorismo, inmigración o el temor a nuevas oleadas de criminalidad. Hasta las personas con una apariencia más noble, cuando se les entrega el poder, se resisten a renunciar a él de forma permanente. En definitiva, Kamala Harris lo disfrutó. Como dijo, tenía un poquito de capital político. Y ahora lo está utilizando.
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Ross Barkan, periodista galardonado y antiguo candidato gubernamental, es columnista en The Guardian y colaborador habitual de Gothamist. Ha sido columnista en Village Voice y su trabajo periodístico y ensayos han aparecido en una amplia variedad de publicaciones, como The New York Times, The Washington Post, The New Yorker y la Columbia Journalism Review.
Traducción de Álvaro San José.
Este artículo se publicó en inglés en The Baffler.
Fuente: http://ctxt.es/es/20191016/Politica/28915/the-baffler-Ross-Barkan-fiscales-progresistas-estados-unidos-sistema-penitenciario.htm