Denuncia que el gobierno de España, que alardea de que los DDHH son un eje prioritario de su política exterior, los defiende en cualquier parte del mundo menos en el Sáhara Occidental.
Pide al ministro que denuncie la brutal violación los derechos humanos que sufren los presos políticos saharauis en cárceles marroquíes y cumpla con los principios que proclama el Gobierno de España.
Es lo que pide al ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares Bueno, el Movimiento por los Presos Políticos Saharauis (MPPS), que el 5 de septiembre, tras el paréntesis de agosto, ha continuado con sus concentraciones ante la sede del MAEC, en la plaza de la Provincia de Madrid.
Los manifestantes reclaman al ministro que sea consecuente con lo que dice constantemente el Gobierno de Pedro Sánchez y que el MAEC recoge en su página web: “España es un país profundamente comprometido con los Derechos Humanos, cuya protección y promoción constituye un eje prioritario de nuestra política exterior”.
El MPPS, que lleva año y medio denunciando ante la sede principal del ministerio -los lunes, a las 13 horas- la situación de los presos políticos saharauis, primero con Arancha González Laya y desde julio de 2021 con José Manuel Albares, entrega regularmente una carta dirigida al titular de Exteriores en la que se relata la situación de los saharauis condenados y encarcelados por el régimen marroquí, ocupante del Sáhara Occidental desde finales de 1975 tras el abandono de España sin cumplir con su obligación de descolonizar el territorio.
En la última carta, el 5 de septiembre, se dice al ministro que la crítica situación que viven los presos saharauis, cerca de medio centenar, no permite más dilación y que “es imperativo que se interese por ellos como se interesa por los derechos humanos en otras partes del mundo”. El MPPS reclama a Albares Bueno que “lo haga ya” y que, en “consonancia con los principios que proclama el Gobierno de España”, denuncie la brutal violación de los derechos humanos que sufren los presos políticos saharauis”. Y lo debe hacer, además, porque España es la potencia administradora de derecho del Sáhara Occidental.
La responsabilidad de España como potencia administradora de derecho de su antigua colonia la establece la ONU y la contempla una resolución del Pleno de la Sala Penal de la Audiencia Nacional de julio de 2014, presidida entonces por Fernando Grande-Marlaska, actualmente ministro del Interior de Pedro Sánchez.
El MPPS relata el trato que Marruecos impone a los presos saharauis, denunciado reiteradamente por las principales organizaciones de derechos humanos del mundo: encarcelamiento arbitrario, tortura, aislamiento, falta de alimentación, alejamiento de su territorio, negligencia médica, trabas para la comunicación familiar, imposibilidad de acceso a sus abogados, maltrato y humillación.
En este contexto, el MPPS recuerda que ahora el Gobierno de Pedro Sánchez propugna la anexión del Sahara Occidental por Marruecos, en contra del derecho internacional, de la justicia europea y de las resoluciones de la ONU; y esto supondría, además, entregar al pueblo saharaui, y por lo tanto a los presos políticos, a sus torturadores.
Los Derechos Humanos, ese “eje prioritario de la política exterior” de España, se violan a diario en el Sáhara Occidental ocupado por Marruecos, especialmente con los presos políticos saharauis, como muestra la siguiente relación, aproximada, correspondiente a junio y agosto de 2022, elaborada con datos de organizaciones no gubernamentales y medios de información saharauis y españoles: