Hace un año que el presidente de Túnez, Kais Saied, destituyó a 57 jueces y fiscales, acusándolos de corrupción financiera y «moral» y de obstruir las investigaciones. Ese mismo día, Saied promulgó un decreto-ley que facultaba al presidente para despedir a los jueces, eliminando prácticamente cualquier pretensión de separación de poderes.
Estos fueron algunos de los movimientos más audaces de la toma de poder en curso que Saied inició el 25 de julio de 2021, cuando suspendió el parlamento y dijo que se hacía cargo de la supervisión de la fiscalía. Para justificar su concentración de poder, Saied ha acusado a los gobiernos que siguieron a la revolución de 2011 y en los que el partido Ennahda desempeñó un papel clave, de ser corruptos y permisivos con el terrorismo, cuando no cómplices del mismo.
Abdesettar Khlifi, de 58 años y padre de cuatro hijos, que llevaba 28 años de carrera como juez y fiscal, fue uno de los despedidos el 1 de junio de 2022. Aunque las autoridades acusaron a los jueces de cometer irregularidades, les concedieron seis meses de indemnización antes de rescindirles el sueldo, su condición de funcionarios y las prestaciones que conllevaba, incluida la cobertura médica. Al menos a algunos se les ha prohibido viajar al extranjero. Dos de ellos están en prisión desde el 12 de febrero, entre ellos Bechir Akremi, que se enfrenta a cargos dudosos relacionados con su gestión de casos de terrorismo cuando era fiscal jefe de Túnez.
El gobierno nunca concedió a Khlifi ni a sus colegas audiencia ni explicación oficial alguna por su despido, ni siquiera cuando apelaron al Tribunal Administrativo de Túnez, que el 9 de agosto de 2022 ordenó al gobierno que readmitiera a los 49, que en ese momento no se enfrentaban a cargos de ningún tipo. El gobierno hizo caso omiso de la orden judicial a pesar de que es inapelable. En enero, los jueces despedidos presentaron una denuncia ante los tribunales contra el ministro de Justicia por incumplimiento de una resolución judicial, en virtud del artículo 315 del Código Penal.
El tribunal aún no ha respondido. En lugar de cumplir la orden judicial de volver a contratar a los jueces, el Ministerio de Justicia anunció la apertura de decenas de investigaciones penales contra ellos, incluidas acusaciones de terrorismo contra 13, entre ellos Khlifi. Los fiscales también han perseguido a los abogados que defienden a los magistrados despedidos, como Ayachi Hammami, que fue citado bajo la acusación de difundir «información falsa» en virtud del represivo decreto-ley 54 de 2022 de Saied.
«Despidieron a los jueces para intimidar a los que consiguieron conservar sus puestos de trabajo», dijo a Human Rights Watch (HRW) otro juez destituido, Hichem Ben Khaled. «El propósito era tener un poder judicial que pudiera utilizarse para ajustar cuentas con los opositores de Kais Saied».
Ese ajuste de cuentas incluyó la redada, principalmente en febrero y marzo, de unos 30 opositores y críticos del presidente, cuya detención preventiva fue aprobada por jueces a los que se presentaron escasas pruebas para incriminarlos. Saied se refirió a los detenidos, sin nombrarlos, como «terroristas» y «traidores» y advirtió, en una aparente amenaza a los jueces, que «quien se atreva a exonerarlos es su cómplice».
La mayoría de los 30 llevan ya tres meses o más entre rejas sin que se haya celebrado una vista sustantiva.
El 4 de marzo, la Asociación de Magistrados Tunecinos denunció «presiones considerables y sin precedentes sobre el sistema judicial, así como amenazas e intimidaciones a los jueces» encargados de estos casos.
Khlifi declaró a HRW que las acusaciones de terrorismo que pesan sobre él tienen su origen en la compra de un coche usado a un comerciante que había hecho donaciones a una escuela coránica acusada de adoctrinar y abusar de menores. Un fiscal lo interrogó sobre la compra en 2019, pero nunca lo acusó; ese expediente se ha reactivado ahora.
Antes de que estos casos puedan proceder, el Alto Consejo Judicial Provisional (PHJC) de Túnez debe decidir si levanta la inmunidad de los jueces. Saied creó el PHJC en febrero de 2022 tras disolver el Consejo Superior del Poder Judicial (HJC), al que la Constitución de 2014 había encomendado la protección de la independencia judicial en el nombramiento, traslado y disciplina de los jueces. Mientras que la mayoría de los miembros del HJC eran elegidos, los 21 miembros del PJHC son nombrados, nueve de ellos directamente por el presidente.
En medio de las sombrías noticias sobre detenciones políticas y tribunales sometidos a presión, los activistas de la sociedad civil se sintieron animados por la enorme participación y los apasionados discursos pronunciados en una conferencia celebrada el 20 de mayo en Túnez para defender la independencia judicial. Entre los ponentes se encontraba Margaret Satterthwaite, relatora especial de la ONU sobre la independencia de los magistrados y abogados, que se dirigió a los asistentes a través de una videoconferencia porque las autoridades tunecinas habían aplazado la visita al país que tenía programada para esa semana.
La actual amenaza a la independencia judicial ha eclipsado el hecho de que apenas era robusta antes de que Saied actuara para acabar con ella. Sometidos durante mucho tiempo al poder ejecutivo, los jueces se enfrentaron a nuevos obstáculos en el periodo posrevolucionario. En 2012, el ministro de Justicia, Noureddine Bhiri, del partido Ennahda, destituyó arbitraria y sumariamente a 75 jueces, acusándolos de corrupción, y luego desafió la orden de un tribunal administrativo de readmitirlos. (Finalmente recuperaron sus puestos. Bhiri es uno de los al menos 14 dirigentes y miembros de Ennahda encarcelados desde diciembre).
La independencia judicial se habría visto reforzada por un tribunal constitucional, pero este órgano nunca llegó a existir debido al estancamiento del Parlamento a la hora de elegir su parte de los miembros del tribunal. La Constitución de 2014 lo concebía como un órgano constitucional fuerte e independiente, capaz de revocar las leyes y las medidas presidenciales y parlamentarias que considerara inconstitucionales.
Saied suspendió en gran medida la Constitución de 2014 en septiembre de 2021 e impulsó una nueva Constitución hiperpresidencialista en 2022 que aumentaba enormemente los poderes presidenciales y debilitaba la independencia judicial, incluida la del Tribunal Constitucional.
«Para ser honesto, ninguno de los gobiernos posteriores a la revolución tenía una visión para reformar el sistema judicial; todos buscaban dominarlo», dijo Khlifi a HRW. «Pero lo que hicieron no fue nada comparado con lo que está haciendo el gobierno actual».
Abdelouahab Maatar, abogado de Sfax que lleva pleiteando en los tribunales desde 1983, observó: «Bajo los presidentes [Habib] Burguiba [que ocupó el cargo hasta 1987] y Ben Ali, simplemente no existía la concepción del poder judicial como un poder independiente: el presidente tenía a sus jueces que recibían órdenes sobre qué veredicto pronunciar, especialmente en casos políticos. La revolución condujo a un cambio de mentalidad y a una constitución que consagró la independencia judicial. Esto no supuso un cambio total, pero despertó esperanzas y me dio, como abogado, una mayor confianza en los tribunales. Pero desde el 25 de julio de 2021, ese progreso se ha esfumado».