El jueves se debatió en el Congreso las enmiendas a la totalidad a la ley que pretende reformar el sector eléctrico, interpuestas por el Grupo Mixto, UPyD, Izquierda Plural, el grupo catalán-CIU, PSOE y el grupo vasco (EAJ-PNV). El diputado del PP, Antonio Erias, anunció que rechazarán todas las enmiendas interpuestas por «falta de originalidad […]
El jueves se debatió en el Congreso las enmiendas a la totalidad a la ley que pretende reformar el sector eléctrico, interpuestas por el Grupo Mixto, UPyD, Izquierda Plural, el grupo catalán-CIU, PSOE y el grupo vasco (EAJ-PNV). El diputado del PP, Antonio Erias, anunció que rechazarán todas las enmiendas interpuestas por «falta de originalidad en las críticas» y ausencia de argumentos. De hecho, Erias consideró la oposición a su proyecto de ley como un ataque a las centrales eléctricas, «a las que ustedes denostan permanentemente».
El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, inició su intervención con una alusión al accidente ocurrido en el Pozo Emilio del Valle, en León, a pesar de los abucheos que los representantes del PP recibieron por parte de este sector en el funeral de la última persona fallecida. «Quiero comenzar reiterando el pésame a los seis mineros fallecidos y deseando una pronta recuperación a los otros cinco que aún siguen heridos», dijo.
José Manuel Soria justificó la necesidad de introducir esta reforma con dos hechos fundamentales: que la electricidad en España cuesta más que en la media de la Unión Europea y que el sistema actual provoca que se generen más costes que beneficios (4.500 millones de euros durante el pasado año). También señaló que el déficit tarifario se comenzó a registrar en 2005, aunque fue a partir de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre promulgada por el gobierno de José María Aznar cuando comenzó a generarse. Antes de 1997 el déficit era nulo. De hecho, fue en 2002 cuando se introdujo el concepto de déficit tarifario para dar nombre a una realidad hasta ese momento inexistente.
Preservar el oligopolio de las cinco grandes eléctricas que conforman UNESA, ahogar al sector de las renovables, así como la opacidad de la norma, la ausencia de explicaciones sobre los motivos que han generado el déficit y la criminalización del autoconsumo fueron la base de las críticas de todos los grupos parlamentarios. En este sentido, Joan Baldoví, diputado del Grupo Mixto, hizo referencia a una noticia publicada por el Wall Street Journal. En ella, este diario revelaba que España pretendía imponer las mismas multas al autoconsumo que a las fugas radiactivas muy graves. Y es que, el proyecto de ley que se ha debatido en el Congreso, establece que las autoridades competentes podrán entrar, sin una orden judicial, en la propiedad de aquellos que hayan puesto placas solares y de los que se sospecha que no pagan. En caso de confirmarlo, se enfrentarán a una multa de entre seis y sesenta millones de euros.
La opacidad y la ausencia de argumentos que expliquen cómo se han generado los más de 26.000 millones de euros de déficit tarifario fueron otras de las críticas comunes que llevaron a los diferentes grupos parlamentarios a presentar sus enmiendas a la totalidad. La diputada del BNG, Rosana Pérez, denunció que el proyecto de ley preserva el «sistema de precios opaco consagrado en la ley de 1997».
La reducción del déficit recae sobre los consumidores
Otra de las reformas que se pretende introducir pasa por la tarifa que los consumidores de electricidad tendrán que pagar. Por un lado, con vistas a evitar el aumento del déficit, la tarifa se aumentará cada vez que se produzca un aumento de costes para equilibrar ambos conceptos. La factura de la luz se divide en dos conceptos: uno fijo, orientado a sufragar los gastos del sistema eléctrico, y otro variable que está vinculado al consumo. El Partido Popular pretende aumentar al 63% el peso de la parte fija de la factura, lo que significa que el consumidor dejará de pagar por lo que gasta para hacerlo por la potencia que tiene contratada. Una decisión que la diputada de Izquierda Plural, Laia Ortiz, ha criticado ya que «desincentiva el ahorro».
Este proyecto de ley, que según la oposición al Partido Popular consiste en un resumen ampliado de los nueve anteriores decretos ley promulgados en estos últimos meses, tampoco contempla el autoconsumo basado en el balance neto, como recomienda la Unión Europea y como ya han implantado los países más avanzado de Europa en materia de energía renovable.
El balance neto consiste en que la energía que produzca alguien con un panel solar en casa, como durante la mayor parte del día no está allí, pueda pasar a la red eléctrica general. Una vez vuelve a casa, por la noche, el particular puede usar la electricidad de la red eléctrica en compensación por la energía que le ha estado dando durante el día.
En lugar de esto, la reforma legislativa pretende cobrar al autoconsumidor un peaje de respaldo por el que tiene que pagar un extra (cifrado por la UNEF en un 9% anual) para garantizar que, si se queda sin luz, siempre podrá usar la de la red eléctrica. Es decir que, tal y como ha explicado la diputada Ortiz, «es como si tengo una huerta de tomates y tengo que pagar al supermercado más cercano una tasa por si mis tomates se me acabaran».