Traducido del inglés para Rebelión por Sinfo Fernández
Zintan, Libia
A pesar de las afirmaciones del Consejo Nacional de Transición (CNT) de Libia de que Saif al-Islam Gadafi, el individuo objeto de una orden de búsqueda y captura de la Corte Penal Internacional que ordenó su traslado a La Haya, está en un lugar seguro y oculto cerca de Zintan, Libia, una ciudad situada a unos 130 kilómetros al suroeste de Trípoli, eso no es así.
Tampoco son verdad las seguridades ofrecidas por Steven Anderson, portavoz del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), quien el 23 de noviembre anunció que las heridas de Saif al-Islam habían sido «atendidas», ni sus profusas garantías de que Saif se encuentra en buen estado de salud. A decir verdad, tras las garantías del CICR, el Dr. Andre Murakhovsky, de origen ucraniano y que vive en Zitan, informó a la agencia de noticias Reuters de que: «Las heridas de Saif están cubiertas de tejido gangrenoso y necrótico». Añadió: «Esas heridas no tienen buena pinta y necesitarían amputación. Tiene el índice arrancado al nivel de la falange media (hueso del dedo), los huesos están todos destrozados. Le ocurre lo mismo con el pulgar de esa mano».
En la mañana del 24 de noviembre, el primer ministro libio del CNT Aburrahim El-Keib aún insistía en que «Saif al-Islam está recibiendo el mejor tratamiento posible pero por ahora no está en manos del gobierno provisional central y no sabemos dónde está».
Respecto al «lugar seguro y oculto» en que se encuentra Saif al-Islam, la mayoría de la gente del pueblo de Zintan sabe bien dónde se encuentra recluido, al igual que este observador que visitó a un grupo de tipos de película-B del oeste que están en estos momentos vigilando y «protegiendo» a Saif.
Aunque armado con un Poder de uno de los miembros de la familia de Saif que me permitía visitarle, el grupo rechazó mi petición con la excusa de que tenían que consultar con su comandante y no esperaban que regresara hasta después de varios días, puesto que ahora es el nuevo ministro de defensa libio del CNT.
Sobre la cuestión de la salud de Saif, hay también creciente preocupación porque sus guardias afirman que no pueden trasladarle al único hospital de Zintan porque seguramente a alguien le gustaría matarle para recoger la sustanciosa recompensa que se rumorea ha ofrecido Qatar/OTAN a cualquiera que le asesine, presumiblemente para ayudar a que la «nueva Libia» y sus aliados puedan evitarse un proceso complicado.
Mientras tanto, el Fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Luis Moreno-Ocampo, después de cambiar de opinión, afirma ahora que, después de todo, Libia, y no La Haya, es el mejor lugar para procesar a Saif al-Islam. Desde que las Naciones Unidas establecieron la CPI en 2002, esta Corte ha tenido tan solo un fiscal, Luis Moreno-Ocampo. Para alivio expresado por muchos abogados defensores internacionales, varios jueces y varios miembros del CPI, más los comentaristas jurídicos familiarizados con su trabajo procesal, la CPI elegirá a su sucesor el próximo mes en Nueva York. En esta ciudad, este fin de semana, la organización legal de defensa Abogados Sin Fronteras (ASF) se reunirá para intentar ponerse de acuerdo en un sucesor que proponer a los 18 jueces de la CPI que tomarán la decisión.
La visita del fiscal Ocampo de esta semana a Libia hizo que algunas cejas se levantaran entre los grupos antes citados cuando de repente anunció que la CPI no invocaría su poder otorgado por el Consejo de Seguridad de la ONU para proceder con el Caso CPI 01/11. Este caso se abrió en esta Corte el 3 de marzo de 2011, una vez que el Consejo de Seguridad se lo asignó tras el levantamiento producido el mes anterior en Bengasi, Libia.
Las especulaciones que algunos hacen en La Haya, en Libia, y entre los juristas de la ASF es que sabiendo que no iba a ser reelegido para otro mandato como fiscal de la CPI, debido entre otras razones a que no ha ganado ni un caso durante su mandato de nueve años, ha incurrido repetidamente en la ira de los jueces de la Corte al presentar casos sobre los que ellos tuvieron que fallar que no tenían pruebas suficientes, y debido también a su afición al auto engrandecimiento publicitario y a hacer afirmaciones inexactas, que rayan en la falta de ética judicial, sobre casos y acusados, hicieron que Ocampo decidiera cambiar de parecer.
Un ejemplo atroz de su mal hacer es el actual caso en la CPI respecto a Saif al-Islam, en el cual Ocampo hizo varias inexactas declaraciones objeto de titulares durante las últimas semanas afirmando que estaba negociando «indirectamente» con Saif al-Islam para que se entregara al CPI. Saif ha negado categóricamente las ostentosas afirmaciones de Ocampo y es de presumir que si Ocampo hubiera intentado personalmente procesar su caso, el equipo legal de Saif habría inmediatamente presentado una moción para sustituirle en la causa, conforme a lo dispuesto por las reglas de la CPI.
Debido a estos problemas, Ocampo, según alguien que le acompañaba durante su visita de esta semana a Libia, decidió aceptar una lucrativa oferta del CNT para asesorar al país rico en petróleo en la creación de un sistema legal que juzgue a Saif al-Islam y a otros.
Por tanto, todas esas las garantías ofrecidas por Moreno-Ocampo, los funcionarios de la OTAN y la embajadora estadounidense ante la ONU Susan Rice de que Libia es actualmente totalmente capaz de celebrar los juicios de los partidarios del régimen anterior son una estupidez. Rice exhibió ignorancia y sorpresa aquí el pasado fin de semana cuando afirmó no conocer que Libia tenía pena de muerte y que la aplicaría, a la menor oportunidad, en el caso de la CPI. Al parecer, el pueblo libio prefiere la pena de muerte en la horca para los dos casos libios en la CPI. Eso no sucedió con Ruanda, que es una de las razones por las que el Tribunal para Ruanda no permitió que el gobierno de Ruanda celebrara ciertos juicios, aunque ese gobierno aseguró a la ONU que no iba aplicar la sentencia de pena de muerte. Libia no ha ofrecido a la CPI esas seguridades en contra de la pena de muerte ni ha presentado ningún desafío legal ante la jurisdicción de la CPI en cuanto a los casos de Saif al-Islam o Abdullah Sanussi, como exige el Estatuto de Roma.
A pesar del cambio de puesto de trabajo, Ocampo no he perdido interés en procesar el caso de Saif al-Islam, que considera como su mejor posibilidad de ganar finalmente un caso en la CPI, pero no en La Haya, donde existe la posibilidad de que se acuse a Saif según las normas de procedimiento de la Corte y los recursos legales del equipo de la CPI de asistir a un acusado que presente su defensa ante la Corte.
Se dice que Ocampo va a apostar por ganar una victoria en el caso de alto perfil de Said trabajando con el gobierno del CNT creado por la OTAN en Libia y llevar a cabo el proceso como «asesor» entre bambalinas ayudando al CNT de Libia a mantener a raya a las Naciones Unidas y a la CPI mientras permite que el CNT juzgue tanto a Saif como a Abdullah Sanussi siempre y cuando se pruebe que este último ha sido capturado. Se dice que Ocampo está entusiasmado con la idea de convertirse en el «Padre del nuevo sistema legal de Libia». Ocampo está ahora explicando que su papel nunca fue «decirle a las autoridades libias cómo celebrar un juicio justo y que el estándar que exige la CPI es que tiene que ser un proceso judicial que no esté organizado para proteger a los sospechosos y yo respeto que eso es importante para los casos que hay que celebrar en Libia». Después, añadió: «Hay tantas tradiciones diferentes, que es difícil decir lo que es justo…».
Tan pronto como la sorprendente noticia y la repentina vaguedad de Ocampo acerca de qué constituye un juicio justo empezó a rebotar por Internet, este observador recibió un correo de un abogado penal internacional cuya oficina está a dos manzanas del Tribunal Carl Moultrie en Washington DC. El abogado estaba consternado: «Pagar a Ocampo como asesor del nuevo gobierno libio acerca de procedimientos judiciales penales es un pensamiento/idea ridículo. No tiene ni idea sobre derechos procesales justos y no ha logrado condenar a nadie en sus casi nueve años en la CPI».
Tampoco los jueces de la CPI se sintieron encantados ante la percibida traición. La CPI le lanzó rápidamente un recordatorio a Ocampo, al nuevo gobierno libio y a los medios en el sentido de que son los jueces de la CPI, y no el fiscal de la CPI, quienes decidirán si un caso se celebra en La Haya o en el país donde los supuestos delitos se cometieron y sólo ellos decidirán si Libia tiene capacidad para celebrar un juicio justo. No obstante, la CPI está señalando que, contrariamente a los titulares internacionales que Ocampo ha generado, la cuestión de si la sede del juicio será en Libia aún no está decidida en el caso 01/11 de la CPI.
El fiscal Ocampo sabe bien que una vez que la CPI decide abrir la investigación de un caso, los tribunales nacionales no pueden investigar ese caso y están exentos de la obligación de hacerlo. Además, una vez que la CPI ha emitido una orden de búsqueda y captura contra los acusados libios, todos los estados -incluida Libia- están obligados a cooperar totalmente con la Corte. Tras la reprimenda pública desde La Haya, Ocampo ha retrocedido un poco y dijo en la CNN el 23 de noviembre que: «La única condición es que el nuevo gobierno libio tiene que presentar su posición ante los jueces de la CPI y los jueces decidirán si el caso puede juzgarse en Libia. Libia presentará pruebas ante los jueces del CPI de que el país puede celebrar el juicio y los jueces decidirán si esas pruebas son satisfactorias», explicó Ocampo.
Si la CPI enfoca la cuestión como se espera, dictaminaría sobre el desarrollo del caso de Saif al-Islam, al igual que el Tribunal Penal Internacional para Ruanda falló en contra de la petición de este país de asumir la jurisdicción del juicio, aunque como Libia hoy, Ruanda proclamó tener «un sistema judicial moderno y eficaz». La razón es que con una revisión inicial del sistema judicial penal de Libia y tras debatir con abogados defensores penales libios, así como con abogados defensores penales internacionales con años de experiencia en la práctica de tribunales internacionales, queda muy claro que las personas acusadas de crímenes graves en Libia no disponen actualmente ni del más mínimo derecho judicial que exigen las normas internacionales. En estos momentos, los acusados libios no cuentan con la adecuada representación legal, ni de apoyo financiero a los acusados sin medios, ni de apoyo para la investigación y desplazamientos de equipos de defensa, ni de seguridad para esos equipos de defensa. Y los gobiernos central y local de Libia ponen impedimentos para obstaculizar la labor de los equipos de defensa en el desempeño de sus funciones.
La verdad es que una investigación rápida realizada en Libia entre abogados también revela que no se dispone de alojamiento ni transporte adecuados para los testigos, que también se carece de acuerdos que protejan a los testigos antes, durante y después de testificar ante los tribunales. Además, el CNT participa de un modus operandi de amenazar a los potenciales testigos que se dispongan a testificar contra la OTAN en otro caso. De forma parecida, el CNT no está proporcionando desplazamiento seguro a los testigos libios que viven en el extranjero, incluyendo Argelia, Túnez, Mali, Níger y Egipto. Las entrevistas con abogados y funcionarios libios así como las visitas a las instalaciones de detención en Libia revelan que las condiciones no cumplen los niveles internacionales y que los prisioneros libios son sometidos a extendidas torturas y sus familias amenazadas.
Franklin Lamb se encuentra en estos momentos investigando en Libia. Puede contactarse con él en: [email protected] . Es autor de «The Price We Pay: A Quarter Century of Israel’s use of American Weapon’s against Lebanon» (1978-2006), disponible en Amazon.com.uk, y de«Hizbollah: A Brief Guide for Beginners». Ha participado en las investigaciones de la Comisión Kahan sobre la masacre de Sabra y Shatila. Es miembro de la Fundación que lleva ese mismo nombre y de la Campaña por los Derechos Civiles de Palestina.
Fuente: http://www.counterpunch.org/2011/11/25/the-troubling-case-of-saif-gadhafi/