Simon Mann, ex soldado de élite en el Ejército Británico reconvertido en mercenario profesional, ha admitido por primera vez su participación en el fallido complot para dar un golpe de Estado para derrocar en 2004 al presidente de Guinea Ecuatorial, Teodoro Obiang. La operación, según él, contaba con el apoyo del Gobierno español de la […]
Simon Mann, ex soldado de élite en el Ejército Británico reconvertido en mercenario profesional, ha admitido por primera vez su participación en el fallido complot para dar un golpe de Estado para derrocar en 2004 al presidente de Guinea Ecuatorial, Teodoro Obiang. La operación, según él, contaba con el apoyo del Gobierno español de la época, presidido por José María Aznar.
La operación fracasó cuando Mann y los 65 hombres que había contratado fueron detenidos en el aeropuerto de Harare (Zimbabue) el 7 de marzo de 2004, mientras se aprovisionaban de armamento antes de proseguir hacia Guinea.
«Fue una cagada», admitió Mann en una entrevista emitida el martes por la noche por el canal británico Channel 4. La entrevista fue grabada en el penal de Playa Negra, en Guinea Ecuatorial, adonde Mann fue extraditado desde Zimbabue el pasado febrero y donde debe ser juzgado la semana próxima.
Esposado y con argollas en los tobillos, pero con aspecto fuerte, Mann, de 55 años, se culpa de no echar el freno a tiempo. El plan era un secreto mal guardado que había llegado a oídos de las mismas autoridades guineanas.
«Seguimos adelante porque otras indicaciones que estaba recibiendo -del Gobierno español y, especialmente, del Gobierno de Suráfrica- decían: ‘queremos que vayas, así que ve para allá», asegura. El actual Gobierno español niega la intervención de la anterior Administración en la intentona golpista.
Mann confesó su responsabilidad en la fallida trama: «Fui el gerente. No el arquitecto. Ni el principal hombre», dice al periodista Jonathan Miller este profesional de las armas, educado de niño en el prestigioso internado de Eton.
El mercenario identifica como el cabecilla de la trama a Ely Calil, empresario británico de origen libio, y al líder de la oposición ecuatoguineana, Severo Moto.
«Mucha basura»
La operación clandestina pretendía colocar en el Gobierno de Malabo a Moto, exiliado político con residencia en España y con buenas relaciones con el entonces presidente del PP.
«Ely Calil y Severo Moto me engañaron. Me dieron la impresión de que las cosas estaban diabólicamente mal aquí [en Guinea] y que el cambio de régimen era una necesidad apremiante. Me contaron mucha basura», señala en la entrevista, que se celebró en presencia del fiscal del país africano.
Mann tiene motivos para colaborar con las autoridades guineanas, que ya han descartado la pena de muerte para su más preciado testigo en el juicio sobre el complot. En la cinta insiste en que nadie le ha «coaccionado» a hablar en público. «Lo hago por mi propia voluntad», afirma.
Calil, experto mediador en lucrativos contratos petroleros y supuesto financiador de Moto, rechaza categóricamente la versión de Mann.
Otro implicado en la trama es el hijo de Margaret Thatcher Sir Mark Thatcher, quien admitió su «negligente» colaboración al proveer un helicóptero a su amigo mercenario. El hijo de la antigua primera ministra británica se libró de ir a prisión tras pactar con las autoridades judiciales de Suráfrica, donde fue detenido. Éstas cerraron el caso imponiéndole una multa de 450.000 dólares por violar la ley antimercenarios, y expulsándole del país. «Mark formaba parte del equipo», asegura ahora Mann.
El dinero era el móvil de la trama. La antigua colonia española es el tercer productor africano de petróleo, con 350.000 barriles diarios. Calil y Mann cobrarían mediante la concesión de explotaciones de crudo. Documentos filtrados sugieren que el ex militar británico también iba a recibir 15 millones de dólares por sus servicios.
En la entrevista acepta que el negocio era parte del atractivo, pero hace hincapié en que su deseo era «ayudar al pueblo guineano».
Las ramificaciones del caso han llegado al Tribunal de los Lores, máxima instancia judicial del Reino Unido. Nueve jueces escucharon el mes pasado la apelación del Gobierno de Guinea Ecuatorial contra los financiadores del golpe. Los abogados de Obiang reclaman autorización para revisar las cuentas bancarias de Calil y Mann con la esperanza de encontrar el hilo que les conduzca hasta el mismo Moto. El caso ha quedado visto para sentencia. Mientras, Mann prepara su defensa. Si es hallado culpable, se enfrenta a la posibilidad de una sentencia a cadena perpetua.