Hace un año caía la primera bomba de la intervención «humanitaria» en territorio libio. Dos días antes, Naciones Unidas emitía la resolución 1973, un documento que daba luz verde a la alianza imperial para tomar «todas las medidas necesarias (…) para proteger a los civiles y las zonas pobladas por civiles que estén bajo amenaza […]
Hace un año caía la primera bomba de la intervención «humanitaria» en territorio libio. Dos días antes, Naciones Unidas emitía la resolución 1973, un documento que daba luz verde a la alianza imperial para tomar «todas las medidas necesarias (…) para proteger a los civiles y las zonas pobladas por civiles que estén bajo amenaza de ataque», además de la creación de una zona de exclusión aérea.
Los artífices del texto fueron Francia, Reino Unido y Líbano. De los quince miembros del Consejo de Seguridad de la ONU, cinco se abstuvieron de votarlo; dos de ellos con derecho a veto: Rusia y China. Los otros tres fueron Alemania, India y Brasil.
El primer golpe lo propinó Francia. Al anochecer del 19 de marzo de 2011, ya Estados Unidos y Reino Unido se habían sumado a la operación militar en «defensa» de los civiles que, paradójicamente, dejó más de 50.000 muertos y un país destruido.
Cuando se lanzó el primer misil contra una instalación militar libia ya la diplomacia de la Unión Europea había lanzado los primeros zarpazos: el 10 de marzo la Organización del Tratado del Atlántico Norte (Otan) reforzaba un despliegue naval para una «posible» intervención y Francia y Reino Unido ya habían «reconocido» como «interlocutor válido» a los cabecillas pro coloniales que exigían una invasión a suelo magrebí.
La cobertura mediática sobre los bombardeos contra el pueblo libio se alimentaron de dos «indistinciones»: primero, acción humanitaria y acción militar eran asumidas como sinónimos y, segundo, asesinar civiles para proteger civiles no suponía ninguna contradicción.
El «respaldo» a los mercenarios, calificados como «insurgentes» por la prensa internacional, fue incondicional. Francia describió como una «obligación moral» el envío de armas y dinero a los futuros magnicidas de Muammar Gaddafi, así lo reveló el periódico galo Le Figaro en su edición del 29 de junio.
Una semana antes, el ex ministro francés de Defensa, Hervé Morin, afirmaba que los 160 millones de euros que invertían las potencias extranjeras en la invasión de Libia eran una cantidad mínima, considerando que servirían «para permitir a la población acceder a la democracia».
Antes de la primera bomba, Libia era el tercer productor de crudo del continente africano, con 1,6 millones de barriles diarios y tenía una deuda pública que no superaba el 3% de su Producto Interno Bruto (PIB), valorado en 76.557 millones de dólares y con un incremento de 6,7% anual.
Sus reservas, estimadas en 46.000 millones de barriles, son las más grandes de la región y representan 3,4% de las reservas mundiales aprobadas por la Opep.
No fue gratuito que fuera Bengasi, el enclave petrolero del país, la capital de la «resistencia», como tampoco fue azaroso que este mes la región de Cirenaica, donde se encuentra 66% del crudo del país, se declarara «independiente».
Ésta es la más reciente noticia de la «Nueva Libia»; mientras tanto, el pueblo magrebí aguarda por el cumplimiento de las «Viejas Promesas» que acompañaban a cada bomba «democrática» y que funcionaban como obituario para cada muerto de la intervención «humanitaria».
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