En lugar de encontrar una solución con el Frente Polisario -que se había mostrado dispuesto-, los líderes de la UE quisieron eludir esta sentencia concluyendo dos nuevos acuerdos en 2019, que pretenden una extensión explícita de iure al Sáhara Occidental, que no tiene valor sin el consentimiento saharaui
¿Qué hace la historia de un pueblo y qué historia hace a un pueblo? Este es un gran debate que la ONU decidió para el pueblo saharaui al incluir el Sáhara Occidental en la lista de territorios a descolonizar en 1963 y al reconocer el derecho de su pueblo a la autodeterminación y la independencia en 1966. Así que sí, hay historia, sociedad, economía, diplomacia, pero también Derecho internacional. El derecho por sí solo no puede hacer nada, nada sucederá sin el derecho.
La estructuración jurídica es un segundo paso, el primero es la población. No la población, sino el pueblo saharaui, forjado por la historia. Soberano, titular del derecho a la autodeterminación y a la independencia, es la base de todo. La Carta de la ONU lo avala, al afirmar en su artículo 1 “la igualdad de derechos de los pueblos y su derecho a la autodeterminación”. Por lo tanto, el derecho a la autodeterminación y a la independencia es un imperium: el pueblo saharaui, como único dueño de su destino, debe ejercer su derecho a disponer de esta tierra del Sáhara Occidental que es suya.
El resultado es un referéndum de autodeterminación, para el que la ONU ha establecido la Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental (Minurso). El pueblo elegirá la independencia o cualquier otra solución: será su palabra soberana, que vinculará a todos, como expresión de su “voluntad libre y auténtica”.
Para consolidar su conquista, el Reino de Marruecos construyó un muro de separación de 2.700 km de longitud. En el contexto de la Guerra Fría, hizo del Sáhara Occidental su hogar, anexionándose las “provincias del sur”. Pero colonizar un territorio así requiere una economía. Con la adhesión de España en 1986, Europa heredó los acuerdos de Madrid y se llegó al consenso de que los acuerdos entre la Unión Europea (UE) y el Reino de Marruecos debían aplicarse al Sáhara Occidental.
Así, para 2022, las exportaciones al mercado europeo ascienden a 670 millones de euros en productos pesqueros y 80 millones de euros en productos agrícolas, a los que hay que añadir los 55 millones de euros que paga la UE por el acceso a los recursos pesqueros del territorio. Estas sumas financian la colonización y continúan las violaciones de la ley impuestas a los saharauis, individualmente y como pueblo. De ahí la respuesta jurídica.
Economía de la colonización
Las reglas son bien conocidas: son las de la ley de descolonización, que permitió la liberación de los pueblos de Asia y África. Pero lo que ha cambiado es que ahora hay jurisdicciones para hacerlas cumplir, y fue una gran lucidez del Frente Polisario entrar en esta conquista de la libertad recurriendo al juez. Actuando en nombre del pueblo, las autoridades saharauis defienden una línea fuerte, simple y noble: ningún acuerdo relativo al territorio es válido sin el consentimiento del pueblo saharaui, que, en el marco del derecho a la autodeterminación y a la independencia, es el único soberano sobre su territorio nacional y sus recursos naturales.
Conquista armada
El camino estaba allanado, pero la codicia por este territorio rico en recursos naturales se hizo más fuerte. En 1975, el Tribunal Internacional de Justicia emitió una opinión consultiva que sigue siendo una referencia: el Sáhara Occidental, que no era terra nullius en el momento de su colonización por España, nunca estuvo bajo soberanía marroquí, y ello porque el pueblo saharaui era anterior a esta colonización. Así, 1975 refuerza 1963 y 1966, y el conjunto constituye un bloque ineludible. Esto explica por qué, a pesar del paso del tiempo, ninguna diplomacia digna de ese nombre ni ningún tribunal ha reconocido jamás las reivindicaciones marroquíes.
Sin embargo, en 2023, seguimos buscando un referéndum de autodeterminación. ¿Cómo es posible? A finales de 1975, España, que estaba obligada a descolonizar el territorio, firmó los ilegales acuerdos de Madrid, abdicando de sus responsabilidades en favor del Reino de Marruecos, que inmediatamente se lanzó a la conquista armada del territorio, seguida de su ocupación militar: fue la tristemente célebre “Marcha Verde”. Muy superior en número y armamento, el ejército marroquí consiguió expulsar a gran parte de los saharauis hacia el sur de Argelia, donde aún viven como refugiados.
En 2016, el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) dictaminó que un acuerdo con el Reino de Marruecos no tiene aplicación en el territorio del Sáhara Occidental, ya que el Estado no es soberano allí, y que solo puede haber un acuerdo con el consentimiento del pueblo saharaui. En 2022, la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos (CADHP) dictaminó que la soberanía saharaui no es una afirmación, sino un “hecho establecido”, mientras que la ocupación marroquí es contraria al derecho de autodeterminación.
La sentencia de 2016 había puesto fin a la aplicación de facto de los acuerdos UE-Marruecos al Sáhara Occidental, rechazando cualquier inclusión implícita del territorio saharaui. En lugar de encontrar una solución con el Frente Polisario -que se había mostrado dispuesto-, los líderes de la UE quisieron eludir esta sentencia concluyendo dos nuevos acuerdos en 2019, que pretenden una extensión explícita de iure al Sáhara Occidental, que no tiene valor sin el consentimiento saharaui. Asimismo, en septiembre de 2021, el Tribunal de la UE anuló las decisiones de concluir estos acuerdos. Se ha presentado un recurso ante el TJUE, que se espera que se pronuncie en 2023.
El pueblo saharaui está decidido a destruir esta economía de colonización, porque es la que ha permitido la división del territorio, la separación de las familias, la vida de generaciones enteras como refugiados, los presos políticos, y la que les priva de su derecho a la autodeterminación y la independencia. A pesar de las dificultades, la victoria del derecho de los pueblos a la autodeterminación es inevitable en el Sáhara Occidental.
Gilles Devers, es miembro del Colegio de Abogados de Lyon, es el abogado del Frente Polisario ante los tribunales de la Unión Europea.
Traducido para LoQueSomos por Selodi Gasan Adie
Nota original: «Le peuple sahraoui doit exercer son droit à disposer de sa terre du Sahara occidental»